El enfoque de género, otro pendiente de la paz total

La belleza natural de los caudales del río Baudó, que atraviesa el departamento del Chocó, contrasta con los carteles guerreristas que lo marca, aguas abajo. Los afiches, con enormes letras AGC (por Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre que se da a sí mismo el grupo narcotraficante Clan del Golfo), buscan marcar ese territorio como suyo. En ocasiones, sujetos armados hacen las veces de guardia a la entrada de los caseríos. Con esa escena se toparon los emberá de una comunidad de la zona de Punto Viejo, en el Bajo Baudó, el pasado 7 de septiembre. Según denunciaron oenegés, hombres del grupo criminal más grande de Colombia incursionaron en la vereda, amenazaron a sus pobladores, se emborracharon y obligaron a mujeres indígenas a bailar para ellos. Tras varias horas de intimidaciones, ellas buscaron huir, pero cinco no lograron. Tienen entre 14 y 19 años. Solo el domingo pasado recuperaron su libertad, tras ocho días de secuestro.

Como ocurre tantas veces con el conflicto en Colombia, el riesgo estaba alertado. Desde mayo, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los ataques contra las mujeres en el Chocó. En un comunicado, la entidad que defiende los derechos humanos, señaló haber recibido testimonios de retenes ilegales y de ultraje a mujeres en Bojayá, un municipio al norte del departamento, que despierta recuerdos dolorosos por una masacre cometida por las extintas FARC en 2002. El entonces defensor, Julio Balanta, se refirió a lo que ocurría: “Las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro”.

Las vulneraciones que han sufrido las mujeres en el Chocó no son las únicas que se han venido presentando en el marco de la agudización del conflicto armado en el país. La asociación Madres del Catatumbo denunció, el año pasado, que un grupo ilegal retuvo por varios meses a Mariana Contreras para luego asesinarla. La organización de mujeres asegura que dejó huérfanos a sus cuatro hijos. Meses después, una de las lideresas de esa misma Asociación alertó que el Estado le quitó su esquema de seguridad en medio del fortalecimiento de grupos armados ilegales, como el ELN, en esa región. La asociación ha exigido un cese de la guerra en su territorio. “Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra”, ha reclamado.

Justamente, esa fue la máxima de uno de los hitos del Acuerdo de Paz con las extintas FARC, que hizo historia al incluir un enfoque de género transversal a todo lo pactado. Aún así, el seguimiento del Grupo Género en la Paz (GPAZ), integrado por siete organizaciones de mujeres y feministas, muestra que se ha materializado muy poco. La esperanza de retomar esa visión renació con la política de paz total del Gobierno Petro, que consiste en negociar de forma paralela con todos los grupos armados. En la ley que da herramientas al Gobierno para hacerlo, conocida sencillamente como ley de paz total, el Estado asume el compromiso: “El Estado garantizará la seguridad humana, con enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total”, dice la norma. Lo mismo recordó Iván Cepeda, el llamado ‘arquitecto de la paz’ en una columna para EL PAÍS donde subraya que en la mencionada ley se establece que en cada etapa de los diferentes diálogos “se garantizará la participación efectiva de las mujeres”. A esa misma línea se pronunció en 2021, el entonces canciller, Álvaro Leyva. “La paz en Colombia se construye con las mujeres y para las mujeres”, dijo.

Los pronunciamientos, leyes y columnas se han quedado en lo dialógico, alertan las expertas. Luz Piedad Caicedo, abogada y delegada de la Corporación Humanas a la mesa de GPAZ, sostiene que desde que empezó a andar la política insignia de esta administración solo una vez lograron reunirse con el comisionado de Paz. Fue en abril de 2023, con Danilo Rueda. De ese encuentro no se desprendieron acciones o compromisos concretos, explica, y hasta hoy no hay ninguna materialización. “No les interesa el enfoque de género. Ha sido muy difícil lograr ese espacio”, asevera en conversación con EL PAÍS.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, reputada oenegé que también integra GPAZ, apunta a la urgencia de que el Gobierno compagine los avances en construcción de paz no solo con la ley, sino con lo consignado en la declaratoria de emergencia por violencia machista que quedó incluida en el Plan de Desarrollo. “Estos temas deben ser prioridad en las mesas formales, acercamientos, o en las discusiones sobre cuáles deben ser las medidas específicas que se incluyan en acuerdos humanitarios o en eventuales ceses al fuego”, reflexiona.

Por su parte, Caicedo insiste en que la perspectiva de género debe atravesar toda la política de paz. Explica que lo más notorio ha sido la inclusión femenina, con el nombramiento de varias mujeres como negociadoras de los distintos espacios de diálogo. El caso con mayor relevancia ha sido el de Vera Grabe, quien lidera los recién suspendidos diálogos con el ELN. Este paso, aunque importante, sigue siendo insuficiente, afirma. “No debe ser necesariamente en los equipos de la mesa, es en el monitoreo del cumplimiento de los ceses. Y en el caso de la mesa con el ELN deben brindarse garantías de participación de las mujeres y las feministas en el diseño de la metodología de participación”, agrega.

EL PAÍS preguntó a la oficina de prensa del alto comisionado para la Paz si existe un protocolo de enfoque de género transversal a los diálogos o si lo han planteado, pero no obtuvo respuesta. Para los diálogos sobre el conflicto urbano de Quibdó, dadas las alertas de un supuesto “plan feminicidio” en esa ciudad, este periódico habló con David Racero, congresista oficialista y negociador del Gobierno. El representante a la Cámara manifiesta que la propuesta para superar la crisis es conseguir una tregua con el Clan del Golfo. “Las tres estructuras que ya están sentadas (Locos Yam, Los Mexicanos y RPS) plantearon su disposición a tregua que beneficie a la comunidad y que pueda generar un diálogo regional. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta asertiva por parte del Clan del Golfo”, explicó.

Con respecto a las medidas con visión de género, el representante detalla que esa mirada se ha incluido en programas paralelos del Gobierno, como jóvenes en paz, ollas comunitarias o las iniciativas productivas. Según cuenta Racero, en todas ellas se han involucrado mujeres de la comunidad y parejas de jóvenes asociados a la delincuencia. Y subraya que ven con preocupación las amenazas a las mujeres y manifiesta que son prácticas recientes en la ciudad, que responden más a un modus operandi de las AGC.

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