Las mujeres y la paz total

Un proyecto de paz auténtico y radical debe dar cuenta del fin de todas las violencias. De aquellas del conflicto armado, y de las otras: las violencias estructurales, llamadas también “sociales”. Estas últimas omnipresentes e ignoradas. El hecho es que, regularmente, la única violencia a tratar es la de la guerra y eso impide entender que precisamente una de sus causas es dejar de lado la conexión que tienen las violencias en el mundo privado con las violencias en la esfera política o pública.

La violencia que se practica contra las mujeres en nuestra sociedad es la más masiva, sistemática, atroz y, hasta hace poco, totalmente invisibilizada. Hace una década con relación a la impunidad y la negación en que se mantiene esta violencia, la Corte Constitucional colombiana afirmaba en el auto A – 092 de 2008 que la violencia generalizada en el país victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres y que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible”.

Durante estos años, en algo se ha avanzado en determinar cómo se conectan y retroalimentan esas violencias. El 25 de noviembre fue establecido desde el año 1999 como el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer. Con esta decisión, la Asamblea General de Naciones Unidas hizo un homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Desde entonces, esta fecha es la ocasión para hacer visibles las múltiples violencias que sufren las mujeres en las guerras y en los ámbitos privados y comunitarios. También es la oportunidad de reconocer los aportes de las mujeres y sus organizaciones para la erradicación de las violencias contra ellas, y en la construcción de la paz.

En Colombia, las mujeres continúan siendo víctimas de la violencia por su liderazgo político y por defender los derechos humanos: entre 2018 y 2022, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, reportó el asesinato de 131 lideresas sociales. Además, la violencia que refleja las relaciones abusivas de poder entre hombres y mujeres sigue reproduciéndose a través de múltiples formas: a septiembre de 2022, el Observatorio colombiano de feminicidios reportaba 445 en el país; la Defensoría del Pueblo informó que para 2021 se habían registrado más de 16.940 denuncias de algún tipo de violencia sexual en contra de mujeres, y que la entidad había atendido 3.646 casos de violencia basada en razones de género, es decir, 10 diarios.

En nuestro contexto, la eliminación de este cuadro de violencias de género implica, entre otros asuntos, hacer realidad la participación eficaz de las mujeres en los procesos de paz cumpliendo las decisiones que en este plano han sido tomadas internacionalmente. Como, por ejemplo, desarrollando el plan de acción para el cumplimiento de la Resolución 1325 de 2000 que fue la primera decisión unánime del Consejo de Seguridad de la ONU en que se exige a todas las partes de un conflicto armado que respeten los derechos de las niñas y las mujeres, que las incluyan en los procesos de negociaciones en este campo, y que se les ofrezca participación decisoria cuando se pacte la finalización dialogada de conflictos armados. Ese precepto fue recogido en la reciente aprobación de la Ley de la Paz Total (2272 de 2022 que prorroga la 418 de 1997) en la que se dispone que en cada etapa de los procesos de paz “se garantizará la participación efectiva de las mujeres”.

El Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la que fue la guerrilla de las FARC-EP, cuyo sexto aniversario se celebra por estos días, estableció una serie de parámetros en esta materia. El enfoque transversal de género en el proceso de paz es uno de ellos que no podrá ser desconocido a futuro: sin las mujeres, sus derechos, visiones políticas no se podrá construir la paz total, lo que en primera instancia significa que la violencia contra las mujeres es ya condición para la superación de la violencia en general.

En este sentido, la política de paz total es una oportunidad para pasar del reconocimiento formal a acciones prácticas que empiecen por la implementación efectiva del enfoque de género del Acuerdo Final, del cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional que tienen como propósito superar no solo el estado de cosas inconstitucional con las víctimas del conflicto armado sino que además, en el caso de las mujeres esto implica superar la subvaloración de sus derechos y de las violencias que enfrentan. Eso significa lograr que se atiendan con la misma diligencia las violencias que enfrentan en el conflicto armado, y las que enfrentan en los contextos familiar y comunitario. Construir la paz en el país y en las casas no es un asunto retórico, es un imperativo ético si se quiere transformar las condiciones estructurales que generan violencias y que impactan de forma negativa los entornos que deberían ser protectores, como el familiar.

Las mujeres víctimas del conflicto armado, las mujeres defensoras de los derechos humanos, las que han desarrollado liderazgos sociales y comunitarios, las que participan en los gobiernos locales y nacionales, en el Congreso de la República, las que continúan garantizando el bienestar a sus familias, en contextos adversos, las mujeres rurales, pertenecientes a grupos étnicos y a sectores populares, todas las mujeres colombianas en su diversidad tienen la aspiración legítima de vivir una vida libre de violencias, en el país y en sus casas. Para ello, deben poder actuar en forma protagónica en la construcción de la paz total: en las delegaciones de paz, en los procesos de diálogo y negociación, en la definición de los acuerdos y en su implementación.

Luego de cuatro años de suspensión, hace pocos días comenzaron las conversaciones de paz entre el actual gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En consecuencia, con lo que aquí he argumentado, de la delegación oficial hacen parte ocho destacadas mujeres: la senadora de la República María José Pizarro, la lideresa del pueblo indígena Embera Katio Dayana Paola Urzola Domicó, la periodista María Jimena Duzán, la defensora de derechos humanos Olga Lucía Silva, la dirigente empresarial Rosmery Quintero, la periodista Mábel Lara, la exconsejera presidencial para la equidad de la mujer Nigeria Renteria, y la pastora presbiteriana Adelaida Jiménez. Su intervención en estos diálogos de paz es la garantía de que la perspectiva de género y los derechos de las mujeres serán un aspecto central de los acuerdos a los que se llegue.

Iván Cepeda Castro es un senador colombiano.