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La coalición reducida de Petro sí funciona: el Congreso aprueba su Plan de Desarrollo

Tras tres días de discusión, el Senado y la Cámara de Representantes concilian la hoja de ruta para los próximos cuatro años en Colombia

Sesión de la Cámara de Representantes durante la votación del plan Nacional de Desarrollo.
Sesión de la Cámara de Representantes durante la votación del plan Nacional de Desarrollo.
Juan Miguel Hernández Bonilla

El Congreso de la República ha aprobado en la madrugada de este viernes el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. El texto final, que concilia las diferencias entre los proyectos acordados en el Senado y en la Cámara de Representantes, obtuvo los votos necesarios y será la hoja de ruta de Colombia para los próximos cuatro años. La aprobación de la ley Colombia potencia mundial de la vida significa una victoria para el presidente Petro y demuestra que su coalición legislativa sigue funcionando, pese a la reciente crisis de gabinete en la que salieron ministros del Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador.

La plenaria de conciliación se dio solo unas horas después de que el Consejo de Estado anunciara que anula la elección de Roy Barreras, presidente del Congreso, como senador de la República por doble militancia. La Alta Corte indicó que el congresista del Pacto Histórico incumplió con su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de las inscripciones para las elecciones legislativas de 2022. Barreras, que lideró la aprobación del Plan de Desarrollo junto al presidente de la Cámara, David Racero, recibió el apoyo y la solidaridad de congresistas de todos los partidos, desde Comunes hasta el Centro Democrático.

Una vez fue aprobado el informe de la comisión de conciliación, en Senado con 66 votos positivos y 21 negativos, y en Cámara con 129 positivos y 24 negativos, la vicepresidente Francia Márquez celebró la decisión y agradeció a los congresistas, incluidos los que votaron en contra del proyecto: “Gracias a la oposición porque los debates enriquecieron el Plan Nacional de Desarrollo. Con esto buscamos cerrar brechas de inequidad y desigualdad y que los colombianos históricamente excluidos y marginados tengan garantías de derechos”, dijo Márquez. Y añadió: “Aquí no estamos entre enemigos, sino entre compatriotas que tenemos puntos de vista distintos, pero somos capaces de construir en medio de la diferencia”.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el Director Nacional de Planeación, Jorge Iván González, también agradecieron el compromiso de los senadores durante los tres meses en los que se discutieron los artículos. “Estoy absolutamente convencido de que este plan está marcando cambios estructurales para el país”, dijo González sonriente.

El Plan Nacional de Desarrollo aprobado contempla inversiones de 1.154 billones de pesos (cerca de 248.000 millones de dólares) y trae 372 artículos que modifican normas en todos los sectores de la sociedad. Para la construcción del documento, el Gobierno realizó 51 diálogos regionales con la participación de más de 250.000 colombianos, y tuvo 34 audiencias para que los participantes priorizaran las iniciativas que incluyeron en la propuesta final que se debatió y se aprobó en el Congreso. Una fuente del Gobierno que participó en el proceso de socialización del plan afirma que fue ese carácter “abierto, público y democrático” lo que permitió que el Congreso lo aprobara a pesar del deterioro de la coalición legislativa.

“El propósito del Plan es sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”, se lee en la introducción del documento, que deberá firmar como ley el presidente Petro en los próximos días.

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Entre los artículos quedaron aprobados cambios importantes, como la creación de Fondo que manejará el Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidente Francia Márquez, o los mecanismos para la compra de tierras para la reforma rural integral. Sin embargo, en la conciliación se hundió el artículo que buscaba acoger como obligatorias las 46 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

El proyecto aprobó algunas facultades extraordinarias del presidente en sectores puntuales. Por ejemplo, para crear una entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte encargada de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales, o para la recuperación del Hospital San Juan de Dios. También quedó incluido el artículo que habilita las asociaciones público-populares, que permitirá a las entidades públicas contratar de forma directa con organismos de acción comunal, social o comunitaria, y grupos étnicos y culturales, en contratos de hasta por hasta 6.000 salarios mínimos.

Una de las principales críticas de la oposición fue la aprobación de la propuesta de aumentar de 1% a 6 % las transferencias que deben pagar las empresas que construyen proyectos de energías renovables no convencionales, como la solar y eólica. Las principales derrotas del Gobierno fueron el hundimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales y la imposibilidad de la Integración vertical en materia energética, que facultaba a Ecopetrol para participar en toda la cadena de producción y venta de energía.

El plan aprobado tiene tres ejes principales: primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua; segundo, la transformación de las estructuras productivas; tercero, la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión. Este último eje pretende, por ejemplo, que la pobreza extrema y la pobreza multidimensional bajen a un solo dígito. “El Plan de la Gente también quiere mejorar la vida de los colombianos y colombianas de la ruralidad que expresaron en los diálogos regionales la necesidad de vías terciarias. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo contempla llegar a 88.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas”, se lee en el comunicado de prensa publicado por el Departamento de Planeación Nacional al terminar la votación.

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Juan Miguel Hernández Bonilla
Periodista de EL PAÍS en Colombia. Ha trabajado en Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS, en Madrid, y en la Unidad Investigativa de El Espectador, en Bogotá. En 2020 fue ganador del Premio Simón Bolívar por mejor reportaje. Estudió periodismo y literatura en la Universidad Javeriana.

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