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La Cámara de Representantes aprueba el Plan de Desarrollo de Petro: lo que se hundió, lo que se salvó y lo que depende de la conciliación

La hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años solo está pendiente de que Senado y Cámara acuerden un texto único en una conciliación citada para la medianoche de este viernes

La Cámara de Representantes durante el debate por el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, el jueves 4 de mayo de 2023.
La Cámara de Representantes durante el debate por el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, el jueves 4 de mayo de 2023.Departamento Nacional de Planeación de Colombia

La Cámara de Representantes ha aprobado este jueves el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta para el país durante los próximos cuatro años. El proyecto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro ahora deberá ir a conciliación con el texto que aprobó el Senado el miércoles. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ha anunciado que la plenaria para aprobar la conciliación con el texto aprobado con el Senado será minutos después de la medianoche. Lograrlo es fundamental para evitar que el Ejecutivo tenga que aprobar el plan por decreto, sin las modificaciones que realizó el Congreso y con menor legitimidad.

El Plan contempla inversiones de 1.154 billones de pesos (unos 248 millones de dólares) y trae más de 350 artículos que modifican normas de todo tipo de sectores. A continuación, un repaso por los principales artículos que ya se hundieron en ambas cámaras, ya se aprobaron en las dos o que van a conciliación:

Parcialmente hundido: “Expropiación exprés” de tierras

La propuesta más polémica era que la Agencia Nacional de Tierras pudiera declarar “la utilidad pública o interés social” de predios que quisiera comprar para la reforma agraria. Si no había acuerdo con los dueños en un plazo de 21 días, la Agencia podía adquirirlos a cambio de una “indemnización” por el valor catastral previamente fijado por el Estado.

Los propios aliados del Gobierno rechazaron la idea. La representante verde Katherine Miranda, coordinadora de la ponencia en la Comisión Séptima, fue una de las que la denominó “expropiación exprés”. “No se garantiza la propiedad privada, lo cual es sumamente grave. El presidente en campaña, en notaría, dijo que no iba a expropiar”, comentó a finales de abril en Blu Radio.

La nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, negó en una entrevista reciente con EL PAÍS que existieran intenciones de realizar “compras forzadas de tierra” y aseguró que el Ejecutivo no iba a apoyar la propuesta. “Creo que ese rumor [de la expropiación] ha sido alimentado por las personas que se fueron, de manera malintencionada, para dañar el ambiente en torno a la reforma agraria”, remarcó la nueva funcionaria, en referencia a su antecesora, Cecilia López.

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Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó un artículo alternativo que reglamenta “la compra de tierras por oferta voluntaria”. Presentado por la representante Támara Argote, establece adquisiciones a precios comerciales y ya no fija un plazo de 21 días.

A conciliación: Recomendaciones de la Comisión de la Verdad

El artículo 8 contemplaba incluir las 46 recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad como decisiones obligatorias para las entidades públicas. Se hundió en la plenaria del Senado, pero fue aprobado con condiciones en la Cámara de Representantes. La proposición para hundir el artículo en la cámara alta fue liderada por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Las recomendaciones de la Comisión que más generaron polémica fueron la modificación del mecanismo para elegir al fiscal general, la reducción del pie de fuerza del Ejército y la Policía, y la necesidad de repensar la extradición. Por eso, incluso el senador Humberto de la Calle, negociador de paz con las FARC, votó en contra. Sin embargo, en la Cámara, la congresista Katherine Miranda salvó el artículo con un parágrafo que aclara que las sugerencias “se puedan acoger de forma progresiva, teniendo en cuenta temas de viabilidad, competencia y capacidades de conformidad a las limitaciones establecidas por la Constitución”.

Hundido: Agencia Nacional de Seguridad Digital

La Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales estaba proyectada como una entidad descentralizada, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, orientada a fortalecer la ciberseguridad y encargarse de la gobernanza del sector espacial. El texto original le otorgaba al presidente facultades extraordinarias por seis meses para determinar sus “competencias específicas, planta de personal y estructura orgánica”. Aclaraba que no sería una “policía judicial” y que solo tendría funciones administrativas.

La oposición cuestionó el manejo que tendría la agencia de los datos de los colombianos. “Iban a meterse en la intimidad y privacidad de los ciudadanos”, declaró el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien además alertó de los riesgos de que se intercepten comunicaciones de políticos opositores. Su copartidaria Paola Holguín expresó sus dudas sobre la transparencia de la entidad, pese a reconocer que la ciberseguridad es una prioridad: “Es un tema estratégico para el Estado, requiere de consensos, garantías y confianza”.

Petro respondió que era “una tontería” creer que la ciberseguridad estaba ligada a intervenir comunicaciones de la oposición. Asimismo, el consejero presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan, lamentó “la visión miope” de los congresistas: “Oficialmente le abrimos las puertas del país a los ciber criminales. Gran pérdida para el país”.

Hundido: Facultades extraordinarias en el sector ambiental

El Senado y la Cámara coincidieron en hundir el artículo 329, que daba facultades extraordinarias al presidente Petro para crear una entidad nacional ambiental, el Servicio Nacional Forestal. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió el artículo en la plenaria de la Cámara, donde afirmó que sería una especie “Ecopetrol ambiental” que pudiera ejecutar proyectos estratégicos ambientales de interés nacional. Sin embargo, los congresistas propusieron discutir la creación de esa agencia por fuera del Plan.

Hundido: Integración vertical en el sector energético

El Senado y la Cámara tumbaron el artículo 218, diseñado principalmente para que Ecopetrol pudiera participar en toda la cadena de energía. “Las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica”. El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo defendió en la cámara baja: “No le quitemos la posibilidad a Ecopetrol de ser la punta de lanza latinoamericana de la energía, les pido que le digan sí a la transición energética”. No obstante, con una votación reñida, los representantes hundieron el artículo con 79 votos en contra y 76 a favor.

A conciliación: Soterrar el metro de Bogotá

El PND no ha quedado al margen de la disputa entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el soterramiento de la primera línea del metro de la capital. Los partidarios de Petro incluyeron un artículo que permite aumentar los topes de financiación del Gobierno nacional —actualmente de 70%— en sistemas de transporte público masivo de pasajeros para cubrir “costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo beneficio establezca esta como la mejor alternativa”.

Así lo aprobó la Cámara de Representantes, pero el Senado lo hizo con una redacción más genérica que permite ampliar el techo de financiación de forma general, no solo para proyectos de soterramiento.

Las representantes Julia Miranda y Catherine Juvinao, cercanas a la alcaldesa, fueron algunas de las voces más críticas con el artículo. Miranda pidió reabrir el debate en la Cámara, mientras que Juvinao acusó al Gobierno nacional de buscar “torpedear” la construcción del Metro de Bogotá. “[El dinero necesario] implica dos cosas: O se hace una reforma tributaria, o esos 17 billones de pesos se los quitan a las regiones de Colombia. No hay derecho a que un capricho como este sea metido casi que sin darse cuenta la plenaria”, subrayó durante la sesión.

Salvado: las EPS seguirán recibiendo dinero de la Adres

El artículo 351 fue aprobado en Senado y Cámara como venía en la ponencia original, sin los cambios que había tratado de incluir el Gobierno para quitarles el manejo del dinero del sistema de salud a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en una suerte de reforma paralela a la que se discute en la Cámara. El texto aprobado deja claro que las EPS que cumplan con “el desempeño financiero y con el patrimonio adecuado” pueden continuar como intermediarias financieras entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y los hospitales, las clínicas y las otras Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Hundido: Política de Derechos Sexuales y Reproductivos

El proyecto original contemplaba la creación de una Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos con “enfoques de género, interseccional, étnico-territorial y de curso de vida”. “Incluirá respeto al derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes, y reconocerá los saberes ancestrales de los pueblos étnicos”, se leía en el articulado.

La propuesta, que inicialmente sacrificó la mención a derechos reproductivos, eventualmente fue eliminada en ambas cámaras. La oposición, con el Partido Conservador a la cabeza, argumentó que se otorgaban facultades sin especificar los alcances. “Están buscando imponer la educación sexual ideologizada en los colegios. No descansan, pero nosotros tampoco descansaremos en defender o proteger a nuestros hijos”, acusó el representante antioqueño Luis Miguel López Aristizábal. Por su parte, la senadora liberal Karina Espinosa Oliver generó revuelo al repartir fetos durante los debates.

Las organizaciones feministas también celebraron que se retirase el artículo, ya que consideraban que la eliminación que se había realizado de los derechos reproductivos “desnaturalizaba el planteamiento original”. “Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos están estrechamente relacionados. (...) [El artículo] suponía una barrera para avanzar en la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a Educación Integral en Sexualidad y que favorezcan la eliminación de las Violencias Basadas en Género”, se lee en un comunicado de la oenegé Profamilia.

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