Jhenifer Mojica: “No tenemos ningún interés en las compras forzadas de tierra”

La nueva ministra de Agricultura en Colombia, Jhenifer Mojica (Bucaramanga, 38 años), es una abogada cercana movimientos campesinos que entrará al gabinete de Gustavo Petro el primero de mayo con una larga lista de credenciales para liderar la reforma agraria que el presidente sueña. Hace un poco más de una década, era una asesora clave del Ministerio de Agricultura cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos planteaba una política de restitución de tierras a campesinos despojados. Luego fue ser subgerente de tierras en el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) cuando la institución evaluaba quiénes se apropiaron indebidamente de baldíos de la nación. Como investigadora, pasó por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y más recientemente la Comisión de la Verdad.

Aunque Mojica fue central para redactar la política agraria durante la campaña de Petro, el presidente inicialmente la envió a trabajar en la Unidad de Tierras y no le ofreció el cargo de ministra. Se lo dio a Cecilia López, la política liberal que salió esta semana del Gabinete por no estar alineada con la visión agraria del presidente sobre la forma de obtener tierras. “No se estaba cumpliendo a cabalidad con la reforma agraria, y esa fue la razón de la salida de la ministra López y la razón de mi entrada”, dice Mojica en esta entrevista con EL PAÍS desde el que será su nuevo despacho en el centro de la ciudad. La oposición teme que la nueva ministra sea una comunista que ha llegado a expropiar tierras; sus aliados creen que es una jurista que llegó a aplicar la ley de tierras en favor de los despojados. “Yo quisiera que, al final de mi paso por acá, las poblaciones campesinas y étnicas sientan que este Gobierno sí trabaja para ellas”, dice.

Pregunta. Usted lleva preparándose más de una década para volver a este lugar ¿Cómo ha sido hoy su regreso al Ministerio de Agricultura?

Respuesta. No había vuelto desde que salí del Gobierno, en el 2013, y me da mucho pesar ver el edificio tan feo, tan caído. Siento que hay unas imágenes de ministros y ministras que pasaron por aquí pero estaban muy alejados de la realidad del campo. Todavía me siento como que no encajo mucho; espero que vaya cambiando todo, incluida la estética. Antes la entrada principal, más bonita que la de ahora, era por la Avenida Jiménez con un lobby parecido al del Congreso de la República. Ahora el edificio se está cayendo, huele feo. Creo que es una fotografía de cómo está el sector.

P. Se dice que la ex ministra Cecilia López salió porque no apoyó la posibilidad de expropiar tierras de forma más rápida a un propietario que se rehuse a vender ¿Cuál es su posición en este tema?

R. El presidente, cuando estaba en campaña, dijo claro que no iba a haber expropiación. Ese es el mensaje que él me ha dejado súper claro. Lo que me dijo a mí directamente, es: hay que cumplir con la reforma agraria. Yo creo que vemos personas que no están de acuerdo con ese mensaje y, en lugar de discutirlo, le hacen conejo: no le hacen caso. Pero la reforma agraria ya está desarrollada legalmente. Está la Ley 160 de 1994, que es la Ley de reforma agraria y desarrollo rural campesino. Está el decreto Ley 902 de 2016, el decreto para la implementación de la Reforma rural integral del Acuerdo de Paz. El gobierno quiere cumplir con eso que ya hay. Creo que ese rumor [de la expropiación] ha sido alimentado por las personas que se fueron, de manera malintencionada, para dañar el ambiente en torno a la reforma agraria.

P. ¿Se refiere específicamente a la ex ministra López?

R. Sí, tiene que ser por ahí, porque la congresista Katherine Miranda [quien criticó un proyecto de artículo sobre “expropiación exprés] me dijo que la ministra López está diciendo que íbamos a pasar una ley de expropiación, y eso no es así. Lo que sí evidenció el presidente es que no se está cumpliendo a cabalidad con la reforma agraria. Esa fue la razón de la salida de la ministra López y de mi entrada. Pero no ha habido una sola orden sobre hacer expropiación. Más que hacer nuevas leyes, lo que toca hacer es ejecutar los procesos. Con un presupuesto tan grande que nos dieron este año, encontré que hubo una total pasividad, un nivel de ejecución muy bajo.

P. Si no es expropiación ¿Qué quieren que salga en el plan de desarrollo que cursa en el Congreso?

R. En el plan hay artículos sobre compra de tierras, y la instrucción que tengo es facilitar los mecanismos para las compras voluntarias de tierras. En Colombia se abandonó la idea de comprar directamente desde el 2007, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe cambió las compra por subsidios. Eso fue totalmente deficiente: fue entregar plata para alimentar el asistencialismo y no logró ningún resultado en que la gente accediera a tierras dignas y pudiera desarrollarse económicamente. Queremos fomentar compras en lugares que tienen potencial agropecuario, cerca a las ciudades, porque necesitamos reducir los costos de intermediación entre el productor del campo y la mesa. Hay una proposición en curso de la representante Tamara Argote [del Pacto Histórico] que el Gobierno tiene la intención de apoyar., que trata de hacer más eficiente la compra, especialmente en el tema del avalúo: en Colombia hay un desfase muy grande entre los avalúos catastrales y el comercial. Si nos ponemos a comprar con el avalúo catastral, nadie a vender. Queremos que sea el comercial, pagarle a las personas lo que vale la tierra.

P. ¿Y la proposición de expropiar una tierra en 21 días, si el propietario no la vende al Estado?

R. No hay instrucción de apoyar esa proposición, desde el Gobierno no tenemos interés en eso. A duras penas podemos con las compras voluntarias: ya se han ofertado un montón de predios para comprar. Aún hay que hacer una evaluación muy rigurosa de esos predios, porque aunque la plata es bastante, no nos alcanza para comprar todo lo que se nos ha ofrecido. Así que no, no tenemos ningún interés en las compras forzadas de tierras. Aunque debo aclarar que la expropiación ya existe, ya existen los instrumentos legales, pero esa no es nuestra intención.

P. Existe también mucha prisa por parte del presidente para hacer la reforma agraria ¿Puede acelerarse?

R. Sí, debemos trabajar de manera más intensiva, activar todas las fuentes de acceso a tierras establecidas en la legislación. Todos estos procesos, además de la compra, no solamente dependen de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sino de una articulación muy fuerte con otras entidades del Estado: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se encarga Del catastro; la Superintendencia de Notariado y Registro, que se encarga de las oficinas de registro de instrumentos públicos; entidades ambientales en algunos lugares. La idea es mejorar y robustecer la articulación. Todas estas entidades hoy ya me han llamado y están dispuestas a mejorar ese nivel de coordinación. En la ANT encontré un cortocircuito muy grande. Supongo que eso fue lo que estresó un poco al presidente Petro.

P. ¿Por qué cortocircuito? ¿No se entendían el director Gerardo Vega y la ministra López?

R. Más que temas personales, era porque de pronto la reforma agraria no era una prioridad para la ministra.

P. ¿Cómo evalúa usted los nueve meses que ella estuvo en el cargo?

R. Yo creo que ella es una persona con una experiencia muy grande en este sector desde que fue ministra de Agricultura en los años noventa. Pero quizás no se alineó con la instrucción del presidente Gustavo Petro de que había que darle más prioridad a la reforma agraria, y una reforma vista como una intervención integral: no solamente es el acceso a tierras, sino mejorar la productividad, la participación, y que realmente mejore la vida de las comunidades. No deberíamos entregar ni un centímetro de tierra sin que vaya asociado alguna idea de desarrollo productivo.

P. Usted ha sido crítica de la ganadería extensiva que tiene buena parte de esa tierra. ¿Qué opina del acuerdo con Fedegán [la federación de ganaderos] para comprarles tres millones de hectáreas?

R. Creo que hace falta pedagogía sobre ese acuerdo. No he podido aún revisarlo pero ya está agendada una reunión para evaluar, con la comisión que le hace seguimiento, las dificultades de implementarlo y lo que sigue. Lo más importante es que dieron ese primer paso, siendo quizás el sector más antagónico de esta apuesta de Gobierno. Los ganaderos dijeron: esto es importante y yo me sumo. Ojalá esto fuera ejemplo para otros sectores, porque en la ruralidad colombiana no todos han sido perdedores. Hay comunidades que sufrieron mucho, especialmente las poblaciones indígenas, negras, campesinas, mientras que hubo sectores de la ruralidad que pudieron sacar provecho en el contexto de guerra.

P. ¿Cómo quienes?

R. Como algunos sectores agroindustriales extractivos. En todo caso, José Félix Lafaurie ha ratificado la intención de trabajar de la mano para que se pueda dar la reforma agraria, y yo solo espero que esta alianza no se reduzca a comprar tierra sino también a promocionar una reconversión productiva de la ganadería extensiva a la ganadería sostenible, con proyectos ganaderos agroforestales o silvopastoriles que se pueden hacer en menor espacio. Podría liberarse tierra para producir alimentos y proteger el medio ambiente. Quisiera que otros sectores privados que están muy empoderados —como en el palmero o maderero— o que tienen mucha fuerza organizativa —como los cafeteros, los cañeros, los arroceros— digan: ‘yo también me meto en esta meta de construir país’. Los gremios han sido muy cercanos históricamente al ministerio de Agricultura, pero en una relación de ‘yo te doy, tu me das’, y muy lejanos al desarrollo de la ruralidad.

P. ¿Cree que el Gobierno tendrá suficiente tiempo para comprar los tres millones de hectáreas?

R. En estos tema de tierras siempre nos hemos dejado mover por la cifra, y yo creo que el número vuelven banales las discusiones de fondo. Creo que solamente las personas que han vivido en el campo, que ha sufrido lo que es trabajar la tierra, entienden que esa dimensión —3 millones, 1 millón, 100.000, 12.000— es un esfuerzo monumental. Pero hay que valorar mejor lo que significa esta reforma agraria: no se mide en tierras sino en el impacto en la vida de las personas. Ese es un mejor indicador. Lo que existe son personas, son ríos, biodiversidad, cosechas. Debemos volver más humana la reforma rural, no nos quedemos con cifras vacías. Haremos el mayor esfuerzo por avanzar, porque entendemos que esto es un cuarto de hora, y que si no se aprovecha va a ser difícil después retomar.

P. Arranca su cuarto de hora, ¿por dónde empezar?

R. Yo primero le pedí una reunión a las organizaciones campesinas, particularmente a una plataforma que se llama Convención Campesina que trata de reunir todas las expresiones del campesinado del país. Quiero que ellos me hagan un empalme. Además, quiero reunirme con los pueblos indígenas y negros. Quiero hacer el empalme con las comunidades para las cuales trabajamos, no solo con las entidades públicas. Espero tener después reuniones con gremios, el sector privado, y ahí ya definir mejor la apuesta.

P. El orden de esas reuniones parece querer enviar un mensaje: primero van campesinos, luego gremios

R. Sí, es que este es el ministerio de los campesinos.

P. Más que de los gremios.

R. Los gremios deben ser socios de nosotros en este propósito.

P. Se entiende que en el cambio de gabinete de esta semana el presidente quizo girar su gobierno más a la izquierda ¿Se incluye en ese grupo?

R. Bueno, no sé si un giro a la izquierda porque no podemos decir que la ministra López era de derecha. Para mí el mensaje del presidente es que quiere un Gobierno más del lado de la población que lo eligió. Yo quisiera que, al final de mi paso por acá, las poblaciones campesinas y étnicas sientan que este Gobierno sí trabaja para ellas, que ellas mandan y nosotros estamos al servicio de ellas. Con los recursos que hay, en el tiempo que se pueda, queremos darles resultados concretos.

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