Petro aprovecha las tierras incautadas a los narcos como laboratorio de su reforma agraria

Para llegar hasta la finca Pontevedra, un predio de 1.200 hectáreas confiscadas a una banda del narcotráfico en el departamento de Córdoba, hay que recorrer las más de dos horas de carretera que la separan de Montería, la capital departamental. La primera hora en una vía pavimentada, y la segunda en un camino polvoriento que corta un paisaje fértil, con árboles y pastizales a ambos lados del camino. Hasta ese sector de Planeta Rica llegó el pasado viernes una delegación de una docena de congresistas y el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para hacer la entrega formal de los terrenos a 120 familias campesinas, una suerte de laboratorio de la reforma agraria que ha prometido el presidente Gustavo Petro. El emotivo evento, animado por un conjunto de porro y una olla comunitaria bajo el implacable sol del mediodía, se antoja como una cuota inicial del cambio que les ha prometido el Gobierno.

La SAE destinará el terreno a lo que el Gobierno ha bautizado como una “alianza pública popular” para que la organización campesina lo ponga a producir. “Cuando labramos tierra, cuando producimos alimento, estamos generando paz, estamos generando un cambio para la sociedad, para nuestros niños”, dice Marjorie Ramos, uno de los varios oradores de la jornada, mayoritariamente mujeres, que pertenecen a la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, compuesta por unas 7.500 personas, cerca de la mitad de ellos víctimas del conflicto armado. Ella se propone sacar adelante un proyecto productivo de cacao y hortalizas. Muchas familias provienen de los Montes de María y han sufrido las múltiples violencias que se han cebado con esta región de Colombia. Incluso acompañaron los diálogos de La Habana que desembocaron en el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

“Por años hemos trabajado la tierra pero nunca ha sido de nosotros”, le dice a este periódico Tatiana Ortega, de 38 años, otra de las líderes de la asociación, conmovida al borde de las lágrimas. Relata cómo salió desplazada de su hogar en Tierralta a los 14, y cómo tiene familiares que han caído víctimas de una violencia que aún no cesa. Su plan es cultivar cacao, acompañado de emprendimientos de más corto plazo como gallinas ponedores y piscicultura. “Se siente como si el corazón se fuera a salir del pecho”, dice sobre la entrega del terreno en el que ya se instalaron.

Pontevedra, con un avalúo de más de 2.000 millones de pesos (más de 400.000 dólares) y un valor comercial que puede quintuplicar esa cifra, fue confiscada a Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón, un miembro del Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico del país y al que ya se le habían incautado dos automóviles Ferrari. Es el segundo terreno entregado a familias campesinas en Córdoba. El primero fue la Hacienda Tamésis, 590 hectáreas incautadas a un jefe paramilitar y destinadas a 50 familias campesinas, en octubre. “Aquí arranca un proceso”, dijo entonces el presidente Petro. “Este proceso de reforma agraria tiene que cobrar una velocidad tal que, cuando lleguemos al último día de Gobierno, estemos en el máximo”, subrayó. El Ejecutivo trabaja en la entrega de decenas de predios más.

La Sociedad de Activos Especiales, rodeada por múltiples escándalos desde hace años, administra los bienes y sociedades incautadas a organizaciones del narcotráfico y luego convertidas en propiedades del Estado a través de la figura legal de la extinción de dominio. Ha llegado a ser calificada como la inmobiliaria más grande del país, con más de 20.000 inmuebles, pero su inventario ha sido constante motivo de controversias.

“A partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas”, aseguró Petro el mismo día de su posesión, el pasado 7 de agosto. Al frente nombró al economista Daniel Rojas, el coordinador programático de la campaña del Pacto Histórico y, después del triunfo en las urnas, coordinador del equipo de empalme con el Gobierno saliente de Iván Duque. Toda una declaración de intenciones.

El mandatario también ha prometido con insistencia que va a hacer una reforma agraria “por las buenas”. Su Administración se propone comprar tierra incluso a precio comercial, y hace unas semanas anunció un acuerdo con Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, con la meta de adquirir las más tres millones de hectáreas que el acuerdo de paz con las FARC prevé para entregar a campesinos que no tienen acceso a la tierra. Otros gremios del sector agropecuario quisieran sumarse a la iniciativa.

“Nuestra labor es hacer que estos activos que hacían parte de las economías ilegales pasen ahora no solamente a la legalidad, sino a la productividad”, explica Rojas, la cabeza de la SAE, orgulloso de un cambio en el uso de la tierra con un enfoque productivo. “Nos hemos propuesto ser el laboratorio de las principales propuestas del programa de Gobierno. Y una de ellas es la reforma agraria”, añade. Ese programa de Gobierno ponía el acento, entre otras, en la economía popular, las alianzas público populares y generar ecosistemas productivos. La reforma agraria, concede Rojas, tiene como propósito democratizar más de tres millones de hectáreas, una meta muy por fuera del alcance de la SAE. “Pero ponemos nuestro granito de arena”.

No hay una sola ley que concentre todos los propósitos de sacar adelante una reforma agraria. Son diferentes apuestas de política pública en torno a un mismo objetivo, señala el representante David Racero, presidente de la Cámara, quien acompañó la entrega del viernes junto a otros legisladores de la coalición de Gobierno. El legislativo ha tramitado en estos meses proyectos importantes que tienen que ver con el tema rural, defiende, como la ley del campesinado como sujeto de derechos, la del derecho a la alimentación o la Jurisdicción Agraria Especial, que es la posibilidad de que haya un tribunal específico para resolver los conflictos de tierras. “Todo eso sí pasa por el Congreso, que no puede aislarse de esa discusión de lo que el Gobierno nacional ha planteado como la gran reforma agraria”, explica. “La posibilidad de canalizar bienes que estaban en manos de la mafia a los campesinos, muchos de ellos víctimas, es la foto más bonita de lo que significa el Gobierno del Cambio”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.