Los agricultores también esperan vender tierras al Gobierno de Petro

No solo los ganaderos están dispuestos a venderle tierras al Gobierno nacional como parte de la estrategia que el presidente Gustavo Petro lidera para sacar adelante la reforma agraria en Colombia. Otros gremios del sector agropecuario se sumarían a la iniciativa que comenzó a tomar forma tras el acuerdo firmado el sábado pasado entre la Presidencia y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán. El documento, considerado histórico, posibilita la compraventa directa de tres millones de hectáreas por parte del Estado y representa el eje central de una reforma que el país ha esperado por décadas para asegurar el acceso de comunidades campesinas a la propiedad rural.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, sostiene que “otros sectores de la producción también estarán interesados directamente en aprovechar y utilizar el mercado de tierras. Están en disposición de vender la tierra y es una operación que va en función de una rentabilidad y un costo de oportunidad”. La organización que lidera Bedoya reúne a 22 gremios, entre los que se encuentran los arroceros, cafeteros, bananeros, la industria de la caña y exportadores de flores, entre otros.

Si bien la imagen de la firma del acuerdo, en la que se observa al presidente Petro sonriendo junto al empresario y líder de los ganaderos, José Félix Lafaurie, encierra un poderoso mensaje por las confrontaciones políticas de vieja data entre el mandatario y el dirigente gremial, sectores que no aparecen en la foto aseguran tener una voluntad similar. “El Gobierno sabe que en muchas zonas del país hay propietarios con disposición a evaluar y vender tierras”, agrega el presidente de la SAC.

Lo que no está del todo claro es cómo aterrizarlo. El gremio de agricultores está a la expectativa de conocer el detalle de las condiciones en las que estará basada la negociación de los predios para tomar decisiones. Aunque el documento suscrito por Fedegán plantea que el pago se efectuará con bonos de deuda pública, apenas tres días después de la firma del acuerdo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó la implementación de ese mecanismo. “En el ministerio tenemos claro que eso no se puede hacer. No se puede comprar tierras con títulos de deuda pública”, reconoció el funcionario.

Expertos en el tema explican que no es posible utilizar este instrumento de financiación de forma directa, es decir, sin que haya existido una negociación previa en el mercado con inversionistas del sector financiero. “Igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir”, agregó el ministro Ocampo. Se estima que más de un cuarto de los ingresos tributarios de la Nación se destinan actualmente al pago de intereses de deuda pública, la cual supera el 60% del PIB. La regla fiscal dice que se debe reducir al 55% para el año 2024. No es un tema menor, como quiera que este sería el primer gran cuello de botella para financiar la compra de tierras.

Otro de los desafíos, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, Fedepalma, es asegurar el desarrollo sostenible de la actividad agropecuaria. “El reto está en garantizar las condiciones óptimas para poner a producir la tierra en Colombia, más allá del hecho de entregarla”, asegura Nicolás Pérez Marulanda, presidente del gremio. “Si nuestro país quiere ser una potencia agroalimentaria, debemos enfocarnos en ser más productivos y competitivos. Esto implica retos en materia de seguridad física y jurídica, desarrollo de infraestructura productiva y conectividad, acceso efectivo a mercados, financiamiento y asistencia técnica, entre otros”, sostiene el economista, quien ve el acuerdo entre el ejecutivo y los ganaderos como una muestra positiva de diálogo.

Bedoya, el presidente de la SAC, también advierte inquietudes sobre el alcance de los planes de choque que plantea el acuerdo para el mantenimiento de vías terciarias que faciliten la comercialización de los productos. “Hay inquietudes de pequeños productores que tienen tierra sobre si estas inversiones solo van a ser para las zonas de compras de tierras o si el Gobierno va a fortalecer las vías terciarias de todo el territorio nacional”, apunta.

Para que la compra de tierras arroje frutos, la voluntad de la administración de Petro y de los gremios necesitará de raíces sólidas. De esta forma, el proceso que puede durar varios años se podrá traducir en la implementación pendiente de la reforma rural integral que contempla el primer punto del acuerdo de paz de 2016 y que busca beneficiar, especialmente, a las comunidades rurales más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

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