El Gobierno de Gustavo Petro radica su Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno de Gustavo Petro radicó en la noche del lunes el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Tras una ceremonia con todo el Gabinete, presentó al Congreso el proyecto de ley que establece los objetivos para los próximos cuatro años (2022-2026), así como también los presupuestos necesarios para cumplirlos. Con unas horas de margen, el Ejecutivo cumplió con la obligación de radicar el PND dentro de los seis meses tras el inicio del mandato presidencial. El proyecto, de 300 artículos, contempla aspectos como la creación de un subsidio de renta ciudadana y el establecimiento de un mecanismo no judicial de memoria histórica. “Contiene una gran cantidad de instrumentos útiles para el avance en materia económica, social y ambiental del país”, remarcó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

El acto se realizó en la Plaza de Núñez, que conecta las sedes del Ejecutivo y el Legislativo. Contó con la presencia del presidente, la vicepresidenta, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las autoridades legislativas. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, recibió el proyecto. Gobiernista, declaró que se trataba del inicio de la transformación hacia el cambio: “Todo lo que represento como colombiano joven, soñador de utopías, se empieza a materializar”. Asimismo, el presidente de la República, Gustavo Petro, comentó que este PND trata de cómo convertir a Colombia en “una aliada soberana y profunda de la vida” y dejar atrás una época de cementerios y campos de sangre.

La Constitución establece que cada Gobierno elabora su propio Plan. El objetivo es centralizar en una sola normativa los cambios legales, a veces muy técnicos, que el Ejecutivo necesita para sacar adelante el programa con el que fue electo. La exviceministra de Hacienda y consultora Carolina Soto explica por teléfono que, en teoría, todo se puede aprobar a través de otras leyes especificas para cada sector, pero que esto implicaría “una vía larga” contraproducente.

El PND tiene dos partes. La primera son las bases. Es una sección general, más filosófica, con las metas y estrategias del Gobierno. En este caso hay seis ejes de transformación, que van desde garantizar el derecho humano a la alimentación hasta lograr una convergencia regional que reduzca las brechas territoriales. Asimismo, se contemplan tres ejes transversales: la paz total, la diversidad de actores como fuente de desarrollo y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. La segunda parte es el Plan de Inversiones Públicas, dedicado a establecer los recursos financieros y las disposiciones normativas que se requieren para implementar el PND. Esta última es la ley del Plan.

La preparación del PND inicia cuando un nuevo Gobierno toma posesión, en agosto. Es un proceso de meses de eventos destinados a sumar las perspectivas de diversas entidades estatales y actores sociales: en este caso, incluyó 51 diálogos regionales. Las bases deben presentarse en noviembre, tres meses después del inicio del mandato presidencial, a una entidad consultiva llamada Consejo Nacional de Planeación. Este realiza sugerencias hasta enero del siguiente año. Finalmente, el DNP y el Ministerio de Hacienda filtran las propuestas y elaboran el proyecto de ley, con el segundo como el encargado final del articulado. A veces hay tensiones entre ambas entidades, pero este no ha sido el caso esta vez: el ministro Ocampo estuvo a cargo del DNP en los años 90 y tiene buena relación con el director actual.

El proyecto radicado incluye amplias facultades extraordinarias para el presidente. Tendrá seis meses para crear, unir, dividir o eliminar entidades del Ejecutivo, sin límite alguno. Además, podrá comprar los inmuebles del Hospital San Juan de Dios, una histórica clínica pública del centro de Bogotá que como alcalde encontró abandonada y buscó recuperar en una accidentado proceso. También podrá reglamentar las condiciones especiales de reclusión de miembros de pueblos indígenas y regular los usos alternativos del cannabis para fines medicinales.

Esto ha sido objeto de críticas por parte de la oposición. El político uribista Enrique Gómez, por ejemplo, declaró hace unos días que el Plan era “un calco” de las acciones del expresidente venezolano Hugo Chávez, con facultades extraordinarias “para hacer básicamente lo que le venga en gana”. Sin embargo, la exviceministra Soto enfatiza que este tipo de atribuciones las piden todos los Gobiernos. El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los que más solicitó, con amplios poderes para transformar el Estado, similares a los que propone Petro.

Puntos principales

Algunos aspectos esenciales tienen que ver con la política social. El primero es la creación de un programa de renta ciudadana, que a partir de 2024 unificará varios subsidios ya existentes. “Consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica”, dice el artículo 52. Además, el artículo 298 otorga al presidente atribuciones para crear “un sistema de transferencias o subsidios en dinero y/o en especie” que apoye a la población en situación de pobreza. En suma, el Plan permite una reforma al sistema de subsidios.

También está presente la reforma a la salud, que se radicará en el Congreso en las próximas semanas. El artículo 125 abre la puerta a reducir o incluso anular funciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el aspecto de la reforma que más ha generado controversia en las últimas semanas. Según el proyecto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad pública que administra el dinero de la salud, podría girar directamente a los hospitales y otros prestadores de servicios de salud los recursos que le reconoce el Estado a las EPS por cada afiliado, llamado Unidades de Pago por Capacitación (UPC). Dice que el Gobierno definirá en qué condiciones y situaciones lo hará. Actualmente la ADRES se lo gira a las EPS y estas lo transfieren a los prestadores; si se elimina ese paso, la lógica del sistema puede cambiar por completo.

El Plan también trae disposiciones relevantes para la paz total. Entre ellas, el artículo 4 crea un mecanismo no judicial que contribuye a la memoria histórica. Aunque no establece una entidad, se asemeja al funcionamiento de la Comisión de la Verdad, que se constituyó en virtud de los acuerdos de paz con las FARC. La diferencia radica en que el mecanismo propuesto podría incluir los resultados de diversas negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia, como las que el Gobierno maneja con grupos tan variados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Al igual que con la Comisión, se estipula que la información que surja no podrá utilizarse en el marco de un proceso judicial.

El Congreso tiene cuatro meses para aprobar el Plan. Primero sesionarán de manera conjunta las comisiones tercera y cuarta de ambas cámaras, que deberán pronunciarse en los próximos 45 días, hasta el 23 de marzo. Después, el texto irá a las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, con 45 días adicionales para los debates. El 6 de mayo debe estar definitivamente aprobado por ambas cámaras. En caso de que no sea posible, el presidente puede sacar por decreto el proyecto presentado este lunes, sin cambios.

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