El Gobierno someterá a una parte de las disidencias de las FARC y con otra negociará

El encaje de las disidencias de las FARC ha sido desde el primer momento uno de los mayores desafíos de la paz total que persigue el Gobierno de Gustavo Petro. Disidencias, en plural, pues más de una facción se apartó –en distintos momentos– de los diálogos de La Habana que desembocaron en el acuerdo de paz sellado a finales de 2016. Ahora, la tregua con varios grupos armados ha evidenciado que los caminos se bifurcan entre el sometimiento y la negociación para las disidencias dispuestas a sumarse a la ambiciosa política bandera del presidente de Colombia.

Después de anunciar al filo del Año Nuevo que había alcanzado un cese al fuego bilateral por seis meses con cinco organizaciones distintas, Petro firmó el mismo número de decretos para fijar las condiciones de cada una de esas treguas. En medio de la polémica, el Gobierno suspendió el del Ejército de Liberación Nacional después de que la última guerrilla activa en Colombia desmintió haber llegado a ese acuerdo. Los otros cuatro siguen en firme, e incluyen a las dos principales disidencias de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. La lista la completan el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico, heredera de los paramilitares, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

Aunque los respectivos decretos tienen similitudes, lo que más ha llamado la atención son sus diferencias. Mientras que el fraseo para el ELN y el Estado Mayor Central habla de “proceso de paz”, para la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada se refiere a “facilitar la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”. Es decir que a las últimas tres organizaciones, en principio, no se les concede ningún carácter político.

La puerta no está cerrada y ese lenguaje no es definitivo, ha dicho el ministro del Interior, Alfonso Prada. Junto a los cinco decretos, el Gobierno expidió uno adicional para conformar una Instancia de Alto Nivel encargada de clasificar y caracterizar a los grupos armados. Sus miembros son el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda; y el director nacional de Inteligencia, Manuel Alberto Casanova. “Una vez tengamos la decisión final de la instancia, tomaremos la decisión también por parte del Gobierno de cuál es la ruta en la que avanzaremos, si se reconoce el estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley”, ha explicado Prada tras reconocer la complejidad de estos procesos.

El episodio y el lenguaje escogido, en cualquier caso, reabren un espinoso debate sobre el lugar que ocuparán las disidencias en la paz total, un asunto problemático por varias razones. El grueso de los excombatientes de las FARC ha transitado hacia la legalidad. Más del 90% de los firmantes del acuerdo, unos 13.000 exguerrilleros, han cumplido con sus compromisos. Pero las disidencias han desestabilizado las condiciones de seguridad en muchas regiones, saboteado los esfuerzos de construcción de paz y amenazado las garantías de seguridad para los exguerrilleros y sus familiares contempladas en los acuerdos. Es un archipiélago de más de 20 grupos difíciles de clasificar. En Colombia persisten seis conflictos armados internos, y la mitad de ellos involucran facciones disidentes, de acuerdo con el balance del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las disidencias comenzaron cuando en la recta final de las negociaciones con las FARC una de sus estructuras más representativas, el Frente 1, que operaba en el sureste del país, publicó a mediados de 2016 un comunicado en el que se apartaba del proceso, al que tildó como una “traición”. Ese anunció provocó que la cúpula de las FARC expulsara a cinco mandos, entre ellos Gentil Duarte.

Desde entonces surgieron otras facciones en distintas regiones, pero el fenómeno adquirió una nueva dimensión en agosto de 2019, cuando Iván Márquez, quien fuera jefe negociador en los diálogos con el Gobierno, anunció que retomaba las armas junto a otros jefes que habían firmado la paz. Aunque no hubo la desbandada de firmantes que muchos temían, nuevas dinámicas de reclutamiento forzado han alimentado el fuego de las disidencias.

Las corrientes de Gentil Duarte –Estado Mayor Central– e Iván Márquez –Segunda Marquetalia, por el lugar donde nacieron las FARC–, se consolidaron como las más notorias. Ambas fueron designadas por el Gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas cuando retiró de esa lista negra a las FARC, ya desarmadas y convertidas en un partido político. Duarte y Márquez también entablaron una guerra a muerte en la que fueron cayendo en confusos enfrentamientos –a menudo del otro lado de la frontera con Venezuela– los principales líderes de ambas facciones, incluido el propio Duarte, relevado por Iván Mordisco –quien a su vez reapareció para anunciar su disposición de sumarse a la paz total después de haber sido dado por muerto–. Márquez también sufrió un atentado pero sigue vivo, de acuerdo con el comisionado de Paz.

Tiene cierta lógica que a la Segunda Marquetalia no le den tratamiento político y al Estado Mayor sí, valora Luis Fernando Trejos, analista del centro de pensamiento UNCaribe. “Ese Estado Mayor son disidentes, es decir, ninguno de ellos entró al proceso, todos fueron mandos y estructuras que se separaron de la negociación y mantuvieron su actividad criminal, mientras que la Segunda Marquetalia son rearmados”, argumenta. “Es una diferencia que serviría para entender por qué a unos les van a dar tratamiento político y a otros no”. Al final, apunta, “eso que llaman disidencias es muy dinámico”.

Jorge Mantilla, de la Fundación Ideas para la Paz, considera que todo queda en una “zona gris”. Aunque los decretos difieren en las palabras de paz y sometimiento, en términos prácticos el cese de operaciones ofensivas de la fuerza pública y los mecanismos de verificación son los mismos, advierte. Lo definitivo será la manera en que la nueva Instancia de Alto Nivel califique a estos grupos. “Volvemos al problema práctico de la paz total, que es cómo mantener conversaciones diferenciadas, pero de manera simultánea, con diferentes actores que están en guerra entre ellos”, concluye.

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