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La entrada de las disidencias enciende la polémica sobre la paz total

Los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro con facciones guerrilleras que se apartaron del proceso de paz despiertan resistencias

Santiago Torrado
Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se ha reunido con cuatro miembros del Estado Mayor Central de las FARC-EP, un grupo de las disidencias de la antigua guerrilla.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reunido con cuatro miembros de las disidencias de las FARC.GOBIERNO DE COLOMBIA

Los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, como parte de su ambiciosa búsqueda de la paz total, ha abierto un espinoso debate en Colombia. El comisionado de paz, Danilo Rueda, se reunió el sábado en Caquetá con una facción que comanda alias Calarcá, una suerte de heredero de algunas de las estructuras que encabezaba Gentil Duarte. Acompañadas de observadores internacionales, las dos partes expresaron su disposición a un “cese al fuego bilateral” en un comunicado que habla del “Estado Mayor Central” de las FARC-EP, el antiguo nombre de la que fue la mayor guerrilla de América Latina. Tanto la noticia como el lenguaje escogido encendieron la discusión sobre el difícil encaje de las disidencias en las nuevas políticas de paz.

La guerra que el acuerdo de paz buscaba extinguir todavía arde en distintos rincones de Colombia. En el país persisten seis conflictos armados internos, y la mitad de ellos involucran facciones disidentes, de acuerdo con el balance del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha advertido que en el primer semestre de 2022 se vio un aumento significativo de la violencia. A pesar del desarme de las FARC, diversos grupos han copado el vacío que dejaron. Entre ellos, las disidencias que se apartaron de los diálogos de La Habana, a las que, entre otras, se atribuye la masacre de siete policías cerca de la ciudad de Neiva a comienzos de mes. “Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total”, señaló en su momento el propio presidente Petro.

El mandatario sostiene desde antes de llegar al poder la tesis de la paz pequeña y la paz grande. “La grande siempre la concebí como el gran acuerdo entre toda la sociedad, no exclusivamente entre el Estado y un grupo guerrillero”, escribió en su libro Una vida, muchas vidas (Planeta, 2021). Su naciente mandato se propone no solo darle un nuevo impulso a la implementación del acuerdo con las FARC, también retomar los diálogos con el ELN, así como avanzar en una política de sometimiento para otros grupos criminales. Entre ellos, el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país, heredera de los paramilitares. Aún no es claro el lugar que ocuparían las disidencias en la paz total, un asunto problemático por varias razones.

El grueso de los excombatientes de las FARC ha transitado hacia la legalidad. Más del 90% de los firmantes del acuerdo, unos 13.000 exguerrilleros, han cumplido con sus compromisos. Pero las disidencias, en plural, son estructuras armadas que han logrado en muchas regiones desestabilizar las condiciones de seguridad, además de sabotear los esfuerzos de construcción de paz y amenazar las garantías de seguridad para los exguerrilleros y sus familiares contempladas en los acuerdos. El Gobierno de Iván Duque solía vincularlas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, aunque sus motivaciones no siempre han estado asociadas únicamente a las economías ilegales. Son más de una veintena de grupos.

El fenómeno comenzó cuando en la recta final de las negociaciones de La Habana una de las estructuras más representativas de las FARC, el Frente 1, que operaba en el sureste del país, publicó a mediados de 2016 un comunicado en el que se apartaba del proceso, al que tildó como una “traición”. Ese anunció provocó que la dirigencia de las FARC expulsara a cinco mandos que desafiaron la verticalidad de la insurgencia, entre ellos Gentil Duarte, al que antes habían enviado a la zona para intentar poner orden. Desde entonces surgieron otras facciones en distintas regiones.

El tema de las disidencias adquirió otra dimensión cuando Iván Márquez, quien fuera jefe negociador en los diálogos con el Gobierno, anunció en agosto de 2019 que retomaba las armas junto a otros jefes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se habían apartado de sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional. Sus intentos para unirse con Gentil Duarte y sus socios se estrellaron con la resistencia de esas estructuras, que ya tenían una importante influencia en el suroriente de Colombia y al otro lado de la frontera con Venezuela. Aunque no hubo ninguna desbandada, como se temió en un primer momento, el fuego de las disidencias ha estado alimentado por nuevas dinámicas de reclutamiento forzado, a menudo de menores de edad.

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Las corrientes de Gentil Duarte e Iván Márquez, que se hizo llamar la Segunda Marquetalia (por el lugar donde nacieron las FARC hace más de medio siglo), se consolidaron pronto como las más notorias. Ambas fueron designadas por el Gobierno de Estados Unidos hace cerca de un año como organizaciones terroristas, cuando Washington retiró de esa lista negra a las FARC, ya desarmadas y convertidas en un partido político con representación en el Congreso. Las disidencias de Duarte y Márquez también entablaron una guerra a muerte, principalmente del otro lado de la frontera. Así fueron cayendo en confusos enfrentamientos los principales líderes de ambas facciones, incluido Duarte. Márquez, por su parte, sufrió un atentado pero sigue vivo, según ha confirmado el propio comisionado de paz.

Con esos antecedentes, varias voces han ventilado sus reparos, entre ellas los de los arquitectos del histórico pacto con las FARC. “No estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad”, ha dicho el senador Humberto de la Calle, quien fuera jefe negociador del gobierno en La Habana, al indicar que el único camino que les queda es el sometimiento. En el mismo sentido se expresó el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, quien ha advertido sobre los riesgos de acabar por politizar el crimen organizado. “Tratarlos como una insurgencia en términos de una negociación política es un enorme error estratégico”, le dijo Jaramillo a W Radio.

El actual gobierno “en ninguna circunstancia” va a negociar o renegociar el acuerdo con las FARC, que es “inalterable”, ha reiterado el senador Iván Cepeda, que impulsa desde el Congreso la paz total, en un intento por calmar las aguas. “En el futuro lo único que corresponde es implementarlo al pie de la letra de manera íntegra e integral”, y ese es el compromiso del presidente Petro, afirmó Cepeda en una respuesta pública a De la Calle.

Sin embargo, varios observadores coinciden en que concederles a las disidencias una vocería a nombre de las FARC es cuando menos inconveniente. Además de que referirse a ellas como Estado Mayor Central desconoce el acuerdo firmado con las antiguas FARC, “aún no es cierto hasta qué punto este grupo tenga esa unidad de mando y esa capacidad de coordinar una negociación a nivel nacional de todas las disidencias con el Estado”, advierte Jorge Mantilla, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

“Las FARC se desmovilizaron como parte del acuerdo de paz y no existen más en Colombia. Cumplir con el acuerdo, y cumplirle a la enorme mayoría de los excombatientes que cumplieron con lo acordado, exige también ser firme y contundente con las disidencias. Está muy bien que el gobierno busque implementar una política de ‘paz total’, pero para que esta política sea exitosa hay que pensar con cuidado con quiénes se negocia y de qué forma”, señala Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch. “Cuando se negoció el acuerdo era claro que aquellos que no cumplían iban a estar sujetos a todo el peso de la ley. Hoy, como mucho, les podemos abrir las puertas para que se sometan a la justicia con ciertos beneficios, pero Colombia no puede abrir las puertas a una nueva negociación política con los que traicionaron el acuerdo de paz”, subraya.

“Lo de la paz total es, por ahora, una propuesta que suena muy bien, pero requiere estrategias distintas para cada organización y mucha coordinación. Al ELN no le gusta ni cinco que lo metan en el mismo costal con el Clan del Golfo”, dice Angelika Rettberg, profesora de la Universidad de Los Andes experta en resolución de conflictos armados que no vislumbra caminos para hacer encajar a las disidencias. La nueva política de paz, de la que todavía quedan muchos detalles por conocer, se topa con sus primeros escollos.

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Santiago Torrado
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.

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