El Gobierno de Gustavo Petro se reúne con disidencias de las FARC para explorar diálogos de paz

El sábado en la tarde, en el departamento colombiano de Caquetá, el gobierno de Gustavo Petro ha dado un paso más en su ambicioso proyecto de paz total para Colombia. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se ha reunido con cuatro miembros del Estado Mayor Central de de grupo de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, parte de quienes nunca dejaron las armas o las retomaron después del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y lso mandos de esa guerrilla. En la reunión también estaban presentes dos observadores internacionales, Dag Nagoda del Gobierno de Noruega, y Raúl Rosende de Naciones Unidas. El objetivo de la reunión, dice un comunicado, es la “exploración y acercamiento para valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la Paz Total”.

El comunicado explica que el Gobierno y esas disidencias de las FARC (hay otros grupos, pues no están unificadas) expresaron su disposición a que esos diálogos “estén ambientados por un cese al fuego bilateral”. El Alto Comisionado, añade el comunicado, explicó en la reunión los criterios jurídicos en la política de paz total de Petro y “los presupuestos del diálogo”. Los cuatro miembros de las disidencias, por su lado, propusieron cuatro puntos: que la paz total signifique “la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado” ; que para un segundo acercamiento haya un cese al fuego bilateral acordado por las partes; que las disidencias puedan consultar primero con sus estructuras este posible diálogo; y que haya terceros neutrales durante el proceso de conversaciones.

El comunicado dice que se acordó firmar un protocolo confidencial para garantizar una nueva reunión. “Consideramos que como nunca antes, en la historia de nuestro país, se están generando las condiciones para dejar atrás por siempre décadas de violencia fratricida”, dice el comunicado.

La ambiciosa agenda de paz de Petro, que aún no ha cumplido dos meses desde que llegó a la presidencia, parece ser la principal prioridad del nuevo gobierno. Esta semana se conoció que la guerrilla del ELN —con la que se han sentado varios gobiernos pero ninguno ha logrado firmar un acuerdo― espera que arranquen diálogos de paz en las próximas semanas. Petro le propuso al gobierno de Venezuela que fuera garante en el proceso (lo que sería clave ya que buena parte del ELN está en territorio venezolano), y este le respondió que no solo quiere ser garante sino que quisiera ser el país sede de la negociación.

Por otro lado, la organización no gubernamental Indepaz informó esta semana que hay 22 grupos armados en Colombia que quieren sumarse a la nueva política de paz total que propone el gobierno Petro. Además, dijo que el Gobierno ya ha tenido acercamientos a las otras disidencias más visibles, conocidas como la Segunda Marquetalia, y también con el grupo criminal conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.

Estas movidas del Gobierno Petro por buscar la paz, sin embargo, han recibido críticas de los expertos en este tipo de diálogos. El senador Humberto de la Calle (independiente), quien fue jefe negociador para el acuerdo de paz del 2016, esta semana expresó su rechazo a renegociar con la Segunda Marquetalia y su comandante Iván Márquez. “No estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad, yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento”, dijo de la Calle en sus redes sociales. “¿Quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir y falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?”.

El otro exjefe negociador, Sergio Jaramillo, habló con Noticias Caracol sobre sus reparos a la política de paz total, entre esos que se hable de ceses bilaterales con organizaciones con de las que considera que deberían ser tratadas jurídicamente como organizaciones criminales. “No excluye la posibilidad de sometimientos, incluyendo de grandes sometimientos masivos, pero eso lo tiene que hacer la justicia y no la oficina del Comisionado de Paz”, explicó Jaramillo.

Aún faltan muchos detalles por conocerse sobre la política de paz total y cómo se llevaría a cabo con cada una de las organizaciones armadas. El Gobierno ya radicó en el Congreso una iniciativa para prorrogar la ley que ha permitido a todos los gobiernos negociar con grupos armados ilegales que, de ser aprobada, le permitiría además designar comisionados de paz regionales, sustituir el servicio militar obligatorio por un servicio social, y darle el poder a alcaldes y gobernadores para hacer acuerdos humanitarios.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.