La justicia admite las interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe como prueba en el juicio en su contra por soborno a testigos

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sufrido este martes un revés en el proceso en que la Fiscalía lo acusa por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El Tribunal Superior de Bogotá ha rechazado las apelaciones de su defensa y ha admitido como válidas las interceptaciones telefónicas entre el exmandatario (2002-2010) y su abogado Diego Cadena, obtenidas en 2018. La decisión fue tomada y anunciada por el magistrado Manuel Antonio Merchán, y confirma la postura en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien ya había dicho que las grabaciones son una prueba válida. El anuncio llega dos días antes del 6 de febrero, día en que se espera que comience el juicio contra Uribe.

La defensa ha argumentado que las interceptaciones a las llamadas entre el expresidente y uno de los juristas su servicio, no podían ser tenidas en cuenta en el juicio, porque se trataba de comunicaciones privilegiadas por la confidencialidad que gozan las comunicaciones entre un abogado y su cliente. Fue a raíz de esas interceptaciones que la Corte Suprema de Justicia determinó el arresto de Uribe en 2020, al considerar que había un riesgo de obstrucción a la justicia. De acuerdo con el penalista Jaime Granados, que encabeza el equipo jurídico de Uribe, las grabaciones fueron obtenidas por error, ya que fueron hechas mientras se escuchaban las conversaciones del congresista Nilton Córdoba (condenado en 2024 por formar parte del entramado de corrupción conocido como Cartel de la toga).

Ninguno de esos motivos sirvió para cambiar la postura del Tribunal sobre las conversaciones. Consideró que Cadena no fungía en esas charlas como abogado de Uribe, ya que, para los trámites formales del juicio, no figuraba como tal. El penalista es señalado de haber visitado varias cárceles del país para reunirse con varios paramilitares que habían nutrido una denuncia del senador Iván Cepeda ―hoy de la bancada del Gobierno― contra Uribe por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo. A raíz de esa acusación del legislador, el expresidente lo denunció por manipulación de testigos, lo que dio inicio en 2012 a un dilatado proceso que sigue hasta hoy.

Los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve dijeron luego que Cadena les hizo ofrecimientos a cambio de retractarse y acusar a Cepeda de orquestar un montaje contra Uribe. La vista de Cadena a Monsalve, en la cárcel La Picota da Bogotá, fue grabada por el propio exparamilitar con autorización de la Corte. En ella se escuchaba al abogado ponerse en contra de Cepeda a cambio de buscar una revisión de su condena o de ingresar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uribe ha dicho en varias ocasiones desconocer que Cadena hubiera hecho esos ofrecimientos.

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior, Uribe reaccionó. “El tribunal acogió una tesis de la Corte, que dijo que me habían interceptado por error, mandaron interceptar al doctor Nilton Córdoba, y después, para justificar el error, que corrigieron tarde, dijeron que era que yo aparecía en los contactos de Nilton Córdoba. […] Qué disculpa tan peregrina de la Corte”, afirmó el expresidente. Dijo también que no tiene amistad con Córdoba ni con su abogado y que no era cierto que las grabaciones hubieran estado protegidas, sino que fueron filtradas. “Eso también es muy grave, para no hablar de la condición de abogado que sí tenía el doctor Cadena. Abogado defensor es el investigador que está investigando unos temas para poder defender al cliente, en este caso a mi persona”, añadió en un video que hizo público poco después de conocerse la decisión.

Una semana atrás, las víctimas de ese mismo proceso judicial, encabezadas por el propio senador Cepeda, habían pedido al tribunal que diera respuesta a las apelaciones de la defensa para evitar la prescripción del caso, que se inició hace casi 13 años, cuando Uribe demandó por manipulación de testigos a Cepeda, quien preparaba una denuncia contra el exmandatario por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo. Cuando la Corte Suprema de Justicia no solo no abrió una investigación contra Cepeda, sino que abrió un proceso contra el exmandatario, en 2020, Uribe renunció a su por entonces cargo de senador para quedar libre del fuero de la Corte Suprema y ser investigado por la justicia ordinaria. En esa situación, la Fiscalía declaró que no había pruebas contra el expresidente, que pidió dos veces el cierre del caso. Ambas pretensiones fueron rechazadas tanto en primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá hasta el año pasado, cuando la Fiscalía decisión acusar al expresidente.