Un juez de Medellín absuelve a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, acusado de integrar un clan paramilitar

Santiago Uribe Vélez, el hermano menor del expresidente de derecha Álvaro Uribe Vélez, ha sido absuelto del proceso por concierto para delinquir y homicidio agravado que la Fiscalía investiga desde 1997. El juez Jaime Herrera Niño, quien tiene el expediente desde 2016, ha anunciado la decisión este miércoles, casi tres años después del final del juicio. Aunque todavía no se conocen detalles, el exmandatario, uno de los primeros opositores al presidente Gustavo Petro, ya se pronunció en su cuenta de X. “Gracias a Dios”, ha escrito.

El caso contra el menor de los hermanos Uribe Vélez está relacionado con el grupo paramilitar Los 12 apóstoles, una organización consolidada por una docena de hombres entre ganaderos, empresarios, policías y un sacerdote, que comenzó a operar en 1992 bajo el nombre Autodefensas del norte lechero, en Yarumal, al norte del departamento de Antioquia. La región vivía un crecimiento de la presencia de la guerrilla de las FARC, responsable del asesinato del padre de los Uribe Vélez. La familia Uribe, terrateniente y ganadera, tenía fincas en la zona. Álvaro, el expresidente, fue gobernador del departamento entre 1995 y 1997. Luego, como presidente, lideró una polémica negociación con los principales grupos paramilitares que llevó a su desmovilización, mientras combatía de frente a la guerrilla.

El debatido vínculo entre su hermano menor y el grupo paramilitar ha sido objeto de muchos debates, informaciones y polémica. Un reciente informe reservado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), producto de una investigación que lidera el magistrado Pedro Díaz, muestra a Santiago Uribe Vélez como cabeza de la organización paramilitar Los 12 apóstoles, a la que se le atribuyen al menos 300 homicidios, desapariciones forzadas y otros actos de violencia bajo la impunidad. Según los testimonios de diferentes procesos penales, muchas de estas acciones se planificaron en la finca La Carolina, propiedad de Santiago Uribe, donde según esas voces se reunían los miembros del grupo para coordinar sus acciones.

Un antiguo policía llamado Jairo Rodríguez Venegas rinde cuentas ante la JEP por este caso. Fue director interino de la seccional de inteligencia de la Policía (Subsijín) en Yarumal, y ha reconocido su responsabilidad en crímenes cometidos por ese grupo. En una resolución de la JEP, fechada el 17 de noviembre de 2023, se cita un documento de la Fiscalía en el que Santiago Uribe Vélez aparece mencionado como uno de los cofundadores de la banda. “A partir de la prueba testimonial y documental, se reprocha que Santiago Uribe Vélez, en los primeros años de la década de los noventa, habría conformado y dirigido desde la Hacienda La Carolina, un grupo armado ilegal que se estructuró con el propósito de ejecutar una política de exterminio en contra de quienes eran considerados como indeseables sociales, pero también para eliminar militantes y auxiliadores de los grupos subversivos que operaban en la región; propósito para el cual contaron con el concurso, por acción y omisión, de miembros de la Policía Nacional e integrantes de inteligencia militar”. Es esa la acusación central que la Fiscalía llevó a juicio, y que desestima la decisión de primera instancia conocida este miércoles.

Uno de los testimonios clave en este proceso ha sido el de Juan Carlos Meneses, quien para la época fungió como comandante de la Policía en Yarumal. Ante la JEP, el antiguo oficial ha dicho que se gestaron “reuniones secretas en la finca de Uribe Vélez”, en las que ganaderos y comerciantes ofrecieron apoyo financiero al grupo. Según el testigo clave de la Fiscalía, la justificación era “mantener el control sobre la región y garantizar la seguridad”, un argumento utilizado por muchos en ese contexto de conflicto armado para legitimar la violencia. En un testimonio ante la justicia, Meneses explicó que Los 12 apóstoles “seleccionaban a sus víctimas basándose en información proporcionada por informantes locales”, y que las listas de personas marcadas para morir eran discutidas en las reuniones. “Los ataques eran planificados con precisión, y la información se verificaba antes de actuar”, añadió, detallando el funcionamiento sistemático de la organización, una de varias que surgieron entre los años 80 y 90 en diferentes zonas del país.

Con esos antecedentes y esas acusaciones, el juicio de Santiago Uribe se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del país. Especialmente por la relevancia de la familia Uribe Vélez en la política colombiana y por la defensa cerril que de él ha hecho quien fuera el presidente más popular de las últimas décadas en Colombia. La investigación penal fue vista por algunos sectores como un intento de esclarecer el papel de los paramilitares en Colombia, mientras que otros lo consideraron una persecución política. El caso también tuvo repercusiones políticas significativas, afectando la imagen de un expresidente recordado por un sector como el líder que logró arrinconar a la guerrilla de las FARC y por otro como el mandatario que negoció con los paramilitares y se opuso a los diálogos con la guerrilla que lideró su sucesor, Juan Manuel Santos.

La decisión de este miércoles, que puede ser apelada por la Fiscalía y las víctimas, no es la primera absolución de Santiago Uribe. En 2021, otro juez lo declaró inocente por el homicidio de Camilo Barrientos, un conductor de chiva de la zona de Yarumal que fue asesinado el 25 de febrero de 1994 por dos de sus pasajeros.