Justicia Especial para la Paz: extraordinario papel

Pasar de la guerra a la paz a través de negociaciones tiene complejidades. No es algo fácil. Para que la paz a la que eventualmente se llegue como acuerdo sea sólida, los daños recíprocamente sufridos o producidos tienen que ser considerados. Ello dentro de una perspectiva de reconocimiento, reparación o justicia.

Nada de esto es fácil ni cae por su peso. Así que si encima de conquistar la paz por negociaciones, se aplique la justicia, para algunos ya podría sonar, a primera vista, como un imposible. Una suerte de cuadratura del círculo. Pero no es así. Hay una experiencia reciente que nos indica que sí se puede: en el tránsito negociado de la guerra a la paz en el conflicto armado interno de Colombia se está ante un proceso extraordinario y fundamental en el que es posible la justicia restaurativa, sin privación de la libertad como sanción.

Todo esto nos indica algo contrario a la “verdad” inercial: sí es posible una convergencia entre paz y justicia. En la medida, por cierto, que se diseñe -y ejecute- un diseño de justicia adecuado, que incorpore como componente esencial el llamado Sistema Restaurativo de la Justicia Especial para la Paz (JEP): modelo de sanciones que no implican la cárcel, sino proyectos restaurativos que permitan reparar a las víctimas por los daños sufridos.

Y en eso se está. Y funciona.

He tenido el privilegio de seguir este proceso de justicia para la paz en diferentes momentos. Y, más recientemente, de participar -la semana pasada, en Bogotá- en la conferencia internacional organizada precisamente por la Justicia Especial para la Paz (JEP). En ello tuvo papel destacado el magistrado Danilo Rojas Betancourth, integrante de la sección de apelación del Tribunal de la JEP, del cual hacen también parte Patricia Linares, Eduardo Cifuentes y Sandra Gamboa.

La JEP ha sido y es una crucial herramienta institucional generada el 2016 en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la insurgencia de las FARC-EP. Negociaciones que incluyeron la creación de esa jurisdicción especial, a partir de la cual se dieron en el Estado las correspondientes modificaciones normativas (constitucionales y legales) al año siguiente.

Justicia: camino para verdad y reparación

La Justicia Especial para la Paz es un crucial componente de la paz. Parte esencial del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Surgió con el ambicioso -y medular- propósito de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Permitiendo a las víctimas, con ello, obtener verdad, justicia y reparación. Es uno de los componentes centrales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, diseñado en el país para asegurar una transición hacia una paz duradera.

La JEP fue concebida en el marco de las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, que se llevaron a cabo entre 2012 y 2016. El concepto medular que orientó su creación: una justicia transicional que pudiera responder a las demandas de justicia de las víctimas, transitando de la guerra a la paz, “sin comprometer el objetivo de la paz”. La JEP se estableció, así, con un enfoque esencialmente restaurativo. Es decir, apuntando a que los excombatientes y otros actores del conflicto, incluyendo agentes del Estado, asumieran responsabilidad por sus actos. Y contribuyeran, con ello, a la verdad histórica, como un camino hacia la reintegración y la reconciliación.

JEP: en marcha

Así, se creó legislativamente la JEP el 2017 instalándose el 2018, luego de un amplio, participativo y transparente proceso de selección. En esa génesis, me tocó el privilegio -y la responsabilidad- de integrar el llamado Comité de Escogencia designado, en mi caso, por el Secretario General de Naciones Unidas. En proceso público, participativo y dotado de total transparencia, dicho comité designó a todos los integrantes de la JEP que opera a plenitud y en todo el país desde marzo del 2018.

Desde hace más de cinco años la JEP se encuentra activa y dinámicamente funcionando. Y, en ese devenir, avanza de manera decidida. Superando el “lugar común” al que podría llegarse bajo ciertos enfoques y prácticas simplistas. En esencia: “paz, sí”, pero no a cambio de impunidad. No echando la suciedad bajo la alfombra, pasando “a otra cosa”. Para algunos probablemente sería válido tranzar una suerte de “impunidad total” como el precio a pagar a cambio de paz.

Pues bien, la experiencia de Colombia viene siendo extraordinaria. Y abordando en sus salas, frontalmente, asuntos muy duros y delicados. La JEP cuenta con varias salas. Entre ellas: Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, encargada de recibir y verificar las confesiones de los implicados y evaluar si cumplen con los compromisos de verdad; Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, encargada de decidir sobre los casos que no cumplen con los requisitos de verdad o reparación, y; Sala de Amnistía o Indulto: revisa casos donde se puedan aplicar estas medidas, en función de los compromisos de verdad y no repetición.

Como lo acabo de señalar, la JEP aborda esos temas de fondo y mirándole la cara a los presuntos responsables. De hechos, por lo general, muy duros. Y, en esa dinámica, permite a los responsables recibir sanciones alternativas o restaurativas (como trabajos comunitarios) si aceptan su responsabilidad y cumplen con los compromisos de verdad y reparación.

Los falsos positivos

Oficiales militares reconociendo en la JEP su participación en operaciones de muerte a lo que se conoce como falsos positivos. Es decir, ciudadanos inocentes a los que se daba muerte para presentarlos como integrantes de la FARC; parte de la “cuota” de supuestos guerrilleros que se les habría empezado a exigir a partir de determinado momento.

Para avanzar en la investigación sobre las presuntas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública y civiles, en relación con los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la región del Cauca, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llamó a versión a siete altos mandos militares en retiro que formaron parte de las unidades militares que operaron en esta región del país.

Logros y desafíos

A pesar de los grandes retos y dificultades, la JEP ha avanzado en varios frentes. En el ámbito de la justicia y verdad destacan el hecho que la JEP ha actuado en varios macro casos. En temas como los falsos positivos -ejecuciones extrajudiciales de inocentes, presentados como FARC-, secuestros y crímenes sexuales. Se abrieron investigaciones de gran alcance.

En ese devenir, la JEP ha continuado impulsando la participación de las víctimas en el proceso. Pueden intervenir y ser escuchadas, lo que fortalece la justicia y el proceso de reparación. Por otro lado, los testimonios de excombatientes han revelado patrones y prácticas sistemáticas de violencia que han contribuido a reconstruir la historia del conflicto y ampliar los márgenes de acceso a la verdad.

Aunque ha tenido un impacto importante en la construcción de paz y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, enfrenta enormes desafíos en términos de sostenibilidad, seguridad y credibilidad. En general, no se puede ocultar un balance “mixto”. Pues es innegable que se ha avanzado en la búsqueda de verdad y justicia. Y se ha avanzado mucho en la paz social. Pero la consolidación de una paz duradera y la satisfacción plena de las víctimas sigue siendo un trabajo en proceso. Pero hay una rica dinámica institucional en marcha en manos de la JEP que debe ser fuente de esperanza y optimismo.