La JEP imputa al excomandante del Ejército Jaime Lasprilla por 200 ‘falsos positivos’ en el Huila

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado este miércoles al comandante del Ejército entre 2014 y 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Jaime Lasprilla Villamizar, por 200 asesinatos de civiles ocurridos en el Huila para mostrarlos como bajas en combate, un tipo de delitos conocido como falsos positivos. El sistema de justicia transicional ha imputado en total a 35 militares, entre ellos 4 generales además de Lasprilla, por crímenes de guerra y lesa humanidad. A los 200 casos de falsos positivos se les suman 32 desapariciones forzadas y 8 tentativas de homicidio, ocurridos entre 2005 y 2008.

Se trata de imputaciones en el macrocaso 03, el que abrió esa jurisdicción para investigar los casos más graves de falsos positivos —técnicamente, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas por agentes del Estado— cometidos en el marco del conflicto. La imputación se enfoca en los crímenes ocurridos en el Huila por militares que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, con sede en el municipio de Garzón; el No. 27 ‘Magdalena’, asentado en Pitalito; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada.

La JEP enfatizó, durante una rueda de prensa, que solo 10 de los 35 incriminados ya habían sido condenados por la justicia ordinaria, y que otros tres tienen algún tipo de investigación en su contra. “Del total, 22 jamás habían sido investigados”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli. “Hemos llegado más lejos que la justicia ordinaria”, agregó.

Hasta este miércoles, los cinco generales gozaban de completa impunidad. Tres de ellos ―Lasprilla, Henry Pérez Guarnizo y William Pérez Laiseca, todos excomandantes de la IX Brigada― fueron imputados como máximos responsables. Justamente, la JEP destacó que las actuaciones de estos tres altos oficiales transmitieron la percepción de que la IX Brigada permitía hacer operaciones irregulares para perpetrar homicidios de civiles y simular combates. Además, subrayó que era posible acudir a recompensas irregulares para financiarlas. Los otros dos generales en retiro, Édgar Rodríguez y Marcos Evangelista Pinto, fueron imputados como coautores.

Entre 2005 y 2008, las unidades bajo el mando de los imputados reportaron 264 muertos en guerra. Sin embargo, la justicia transicional determinó que 192 de ellas fueron asesinatos de civiles. Por ello, la Sala de Reconocimiento dictó que los generales incumplieron sus obligaciones constitucionales. “Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes,” explica en un comunicado.

Agrega que, más allá de la responsabilidad penal individual que se les atribuye a los imputados en el subcaso Huila, “la Sala de JEP observa una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el Huila”. Según la jurisdicción, “los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de las personas más vulnerables. Y solo se adoptaron medidas cuando las atrocidades fueron conocidas por la opinión pública”.

El segundo comandante imputado por la JEP

La JEP explicó que las imputaciones se hacen con base en cuatro informes de entidades estatales, tres de víctimas, 129 versiones de integrantes de la fuerza pública ante la JEP y más de 100.000 folios de expedientes digitales que esa jurisdicción obtuvo mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, así como 65 procesos de las justicias Penal Ordinaria y Penal Militar, entre otros documentos.

Lasprilla, que ha negado su culpabilidad, es el segundo excomandante del Ejército imputado por la JEP. El primero fue Mario Montoya, a quien esta jurisdicción señaló en agosto por 130 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron entre 2002 y 2003, cuando era comandante de la IV Brigada de Medellín. En los dos casos, se trata de crímenes que ocurrieron cuando dirigían brigadas militares, y antes de ser nombrados comandantes de todo el Ejército.

El militar llegó a la comandancia en 2014, tras hacer la mayor parte de su carrera en el sur del país. Fue jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. En enero de 2014, en una audiencia pública en Pitalito, Huila, organizaciones de Derechos Humanos lo acusaron de haber sido el responsable de 54 extradiciones judiciales ―falsos positivos― realizadas por dos batallones de la IX Brigada en Caquetá y Huila en 2007. El general dirigió el Ejército mientras el Gobierno y la entonces guerrilla más poderosa, las extintas FARC, negociaban en La Habana. Era visto como alguien cercano a las tropas, que ayudó a cohesionarlas en apoyo de las negociaciones, y con mano dura frente a la corrupción.

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