Imputado el excomandante del Ejército Mario Montoya por crímenes de guerra y lesa humanidad

El general en retiro Mario Montoya, quien llegó a ser comandante del Ejército de Colombia entre 2006 y 2008, ha sido imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como autor de crímenes de guerra y lesa humanidad por 130 falsos positivos ―ejecuciones extrajudiciales― cometidos entre 2002 y 2003, cuando era comandante de la Cuarta Brigada de Medellín. “Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, indicó la JEP.

La decisión del tribunal, que investiga los casos más graves del conflicto armado, tiene un alcance mayor. “Los falsos positivos en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época (2002-2003)”, dijo Catalina Díaz, magistrada del macrocaso 03, en el que esa justicia transicional investiga los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate.

Para llegar a esa conclusión, la JEP analizó documentos oficiales como decretos, reglamentos y las políticas de seguridad del Gobierno, su presentación en los discursos oficiales “de los presidentes de la República”, así como el Plan Patriota. Para la época de esos hechos, el presidente era Álvaro Uribe Vélez, quien pocos años después designó a Montoya comandante del Ejército Nacional. Adicionalmente, cuando explotó el escándalo de los falsos positivos, lo envió de embajador a República Dominicana.

A comienzos de la década del 2000, el Estado colombiano trazó una política para conseguir una victoria militar ante la amenaza de las guerrillas, dijo la magistrada. Esta incluyó una inyección de presupuesto, el aumento del pie de fuerza, y el fortalecimiento de las condiciones de carrera y las prestaciones para los militares, entre otras. “Como contraprestación, les exigieron resultados. Ese eslogan de recursos y resultados lo dijo el presidente de la época”, explicó Díaz. Según los documentos oficiales, los indicadores eran “bajas, capturas y desmovilizaciones”, pero en el caso de Montoya, aplicó una política donde solo contaban los muertos.

El baño de sangre que vivió Antioquia y dejó miles de civiles asesinados a manos del Ejército se repitió por todo el país. Por eso, la JEP ha insistido en que no se trató de hechos aislados. “Seguimos investigando cómo es el vínculo en la política formal de los documentos con la política real. La pregunta que persiste es: por encima del general de Montoya, ¿cómo era la política real en los teatros de operaciones?”, aclaró Díaz. “Seguimos investigando también cuáles pudieron ser las decisiones a nivel nacional, en los máximos niveles de mando, que dieron lugar a ese patrón macrocriminal en todo el país”.

La JEP no tiene competencia para investigar a expresidentes, pero anunció que los mandatarios de la época “seguramente serán convocados como testigos”. El expresidente Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa de Uribe entre 2006 y 2009. Por eso, ante una pregunta acerca de si algún testimonio lo ha mencionado, la JEP dijo que no. “Tenemos alguna evidencia que señala que las instituciones del Alto Ejecutivo conocían (por denuncias de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja) antes de 2007, cuando estalló el escándalo público, la ocurrencia de estos hechos; también que se hicieron investigaciones y se adelantaron comités y mecanismos internos para investigar estos hechos”, respondió Díaz.

El general pedía barriles de sangre

A Montoya lo dejaron en evidencia sus programas radiales diarios y decenas de testimonios de otros militares que estuvieron bajo su mando. El alto oficial los obligaba a reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre, como se observa en el auto judicial de más de 500 páginas. Al general no le servían las capturas sino las bajas. “Hemos probado que, en la práctica de facto, él implementó una política en la que el único indicador real por el que se exigía y comparaba eran las bajas. Como demostró la sala, las capturas eran rechazadas por no ser resultados realmente válidos”.

En al menos 24 programas radiales, libros y escritos de comandantes de los distintos batallones quedaron las felicitaciones y exigencias de Montoya por dar bajas y no capturas. En una de ellas, sumada al auto, se ve a mano las notas de uno de sus subalternos que transcribió la frase exacta de los “barriles de sangre”, después de un programa radial de Montoya.

Montoya fue el comandante de la Cuarta Brigada entre 2000 y 2003. Luego lo fue de la Séptima División entre 2004 y 2005, y en febrero de 2006 llegó a ser comandante del Ejército. La imputación de la JEP es solamente por los hechos cometidos por el batallón de infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), de la Cuarta Brigada.

Los hechos pueden ser muchos más, porque esta imputación solo se circunscribe a unos años y a una región del oriente antioqueño. La Sala continúa investigando los hechos en Antioquia entre 2004 y 2006, y algunos ilustrativos del 2007, así como la presunta responsabilidad del general Montoya en otros hechos de ejecuciones extrajudiciales mientras fue comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército.

Montoya se acogió voluntariamente a la JEP, como muchos otros militares. A cambio de entregar verdad, puede acceder a beneficios judiciales, pero siempre ha negado su responsabilidad. Así lo hizo durante una audiencia de dos días en Medellín y también en 2020, cuando pronunció unas palabras que ofendieron profundamente a las víctimas de los falsos positivos que estaban presentes: Montoya culpó a los soldados de los asesinatos, cuando la magistrada le preguntó qué hacer para que esos hechos no se repitan. “Hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil, doctora”, respondió el general.

Junto a Montoya, y por los mismos crímenes, fueron imputados dos tenientes coroneles, cuatro subtenientes, un teniente y un soldado del Batallón de infantería número 4. Ahora, todos ellos tendrán 30 días para reconocer o rechazar su responsabilidad.

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