“Vemos riesgos muy grandes si en la paz total se reabre un debate sobre la JEP”

Roberto Carlos Vidal se ha convertido en el tercer presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado ad hoc encargado de juzgar a los máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC y del Estado por los delitos cometidos durante este conflicto armado en Colombia. Este abogado y doctor en Derecho, nacido en Bogotá hace 54 años, ha emprendido una gira por Europa. Ha llegado a La Haya (Países Bajos), donde está la sede de la Corte Penal Internacional, a pedir que abran una oficina en Colombia. “Es importante es poner a disposición de la Corte las experiencias colombianas que puedan ayudar a otras iniciativas de paz en el mundo”, explica en Bruselas, en la residencia del embajador colombiano en Bélgica. De ahí, a Ginebra. A lo largo de la entrevista muestra, en varias ocasiones, la disponibilidad del tribunal que dirige para contribuir a una paz completa en el país, pero advirtiendo que esto no debe implicar poner en riesgo lo conseguido hasta ahora.

Pregunta. ¿Cómo se ha recibido en La Haya la experiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Respuesta. Encontramos un ambiente muy positivo y muchas expectativas, particularmente en cómo se articula la experiencia que ha tenido el Tribunal, que viene de los acuerdos del Gobierno colombiano con la antigua guerrilla de las Farc en 2016. También respecto de las expectativas que ha abierto el Gobierno actual sobre la paz total y cómo se hila la experiencia que tenemos con lo que viene. Hay grandes expectativas ahora mismo.

P. El presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha la iniciativa de la Paz Total, que ha levantado críticas y acusaciones de que mina los acuerdos de 2016. ¿Teme que esto le perjudique a la JEP?

R. Siempre hay riesgos. Una de las cosas que hemos dicho al Gobierno y al Congreso es que no quisiéramos que se abriera nuevamente un debate, por ejemplo, sobre las competencias [actuales] o el funcionamiento legal de la JEP. Ahí vemos riesgos muy grandes. En cambio, lo que vemos es que nuevas competencias o lo que puede venir hacia el futuro es bienvenido. Pero, por ejemplo, arriesgarse a modificar hoy la JEP e introducir cambios en lo que está funcionando bien podría ser peligroso. En eso sí vemos un riesgo, pero en lo que viene el futuro somos optimistas y estamos a disposición de los acuerdos de paz.

P. Cuando dice que es un riesgo, ¿a qué se refiere?

R. Si usted coge la arquitectura de la JEP y la del sistema de justicia y de paz y reconciliación en Colombia, verá que fue una negociación muy compleja que produjo un sistema que tiene sus usos, su complejidad interna, pero que ha funcionado bien. El trabajo que hizo la Comisión de la Verdad estuvo bien. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ya está funcionando a todo vapor. Nosotros también los estamos. Y creemos que esa arquitectura hay que preservarla con mucho cuidado.

P. Siete años después de que se pusiera en marcha la JEP, todavía no hay ninguna sanción. ¿Cuándo llegará la primera?

R. Hemos avanzado en cinco años de trabajo, hemos construido los 11 macrocasos en que vamos a trabajar y que tienen avanzadas sus investigaciones. Hemos cerrado las primeras investigaciones, lo que en justicia normal sería la acusación, que además han estado acompañadas del reconocimiento de responsabilidad del 90% de los perpetradores. Se acaban de abrir los juicios, que van a ser breves. Cuando hay reconocimiento no hay un gran debate, pasamos directamente a las sanciones. Esperamos que este año sean las primeras sentencias de primera instancia.

P. ¿Y esas sanciones serán compatibles con el ejercicio de la política de quienes ahora son congresistas, como los líderes las FARC?

R. Esto no lo resuelve la JEP, sino la ley y la Constitución. En el acuerdo se previó que las sanciones son compatibles con el ejercicio de funciones políticas. Esto se entiende en el contexto de los proyectos de sanción: se previó que cuando hay reconocimiento, los perpetradores o, como lo llamamos nosotros, comparecientes, tienen acceso a sanciones fuera de la prisión. No tienen esa restricción, ningún tipo de prisión ni nada parecido, sino que pasan de cinco a ocho años realizando proyectos para contribuir a la reparación de las víctimas. Eso tiene mucho sentido en la reconciliación y en el proceso de paz.

P. ¿Han contado la verdad los guerrilleros y los militares?

R. Diría que hay muchos aportes sustanciales a la verdad. Quienes comparecen ante la JEP tienen una obligación de aportar verdad exhaustiva y detallada sobre su participación en el conflicto. Y esa es una condición para poder permanecer en el sistema [de la JEP]. El 90% de los comparecientes hasta ahora han reconocido su responsabilidad y han hecho aportes sustanciales a la verdad.

P. Concrétele a un lector no colombiano qué se entiende por decir la verdad.

R. La verdad es la narración de los hechos y la participación de esas personas en ellos. En el caso de las FARC, ellos han hecho aportes de verdad respondiendo por 23.000 secuestros de personas civiles a lo largo de diez años en una política que ellos ordenaron. En el caso de la Fuerza Pública, por primera vez, oficiales de alto rango, coroneles y un general, han reconocido una política dentro de la fuerza pública de lo que llamamos falsos positivos, que era básicamente comprar personas en un mercado oscuro, casi todos jóvenes de zonas marginales, que se le entregaban a la fuerza pública. Ellos los asesinaban y los presentaban como falsas bajas en combate: hablamos de 6.400 casos. Esto tiene una gravedad enorme si se tiene en cuenta que las bajas reportadas de las FARC por el Ejército en diez fueron 12.000, la mitad de los cuales resultaron ser falsos positivos. De esas verdades estamos hablando.

P. ¿Qué le dicen las víctimas?

R. Han hecho una extraordinaria participación. Nosotros les solicitamos que presentaran informes, algo como las denuncias que ellos hicieron. Con mucho esfuerzo logramos conseguir mil, poniéndonos en conocimiento de cuestiones que a veces no se habían denunciado jamás. En segundo término, tenemos participación masiva, tanto individual como colectiva, que hoy suma alrededor de 400.000 personas que vienen a la JEP a participar. Eso números tan grandes también traen unas gigantescas expectativas respecto de la justicia, de la verdad. No solo la JEP, sino también el Estado colombiano, tienen que llenar a las víctimas en Colombia.

P. El Gobierno y el ELN están en negociaciones. Si llegaran a puerto a un buen puerto, ¿serviría la JEP o se necesitaría otro organismo?

R. La JEP se ha puesto a disposición del Gobierno Nacional y el Congreso de la República afirmando que Colombia tiene un modelo de justicia transicional que debe ser tenido en cuenta. Tenemos una experiencia que se pone al servicio de las nuevas negociaciones de paz. Ya le corresponderá a la negociación y a los organismos políticos definir cuál es la fórmula que van a utilizar, que pueden implicar a la JEP o podría implicar, no solo organismos nuevos, sino más conexiones con la justicia ordinaria y la Fiscalía General de la Nación.

P. ¿El resultado de esta negociación puede afectar al trabajo actual de la JEP?

R. El trabajo que estamos haciendo ahora tiene su propia dinámica. Nosotros tenemos una estricta temporalidad. Nos quedan cinco años de investigación y cinco más para terminar nuestras sentencias.

P. Me refiero más a la legitimidad ante los ojos de la sociedad colombiana en caso de que el resultado de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN diera una solución diferente para las personas implicadas en ese conflicto que al que se dio con las FARC.

R. Lo que la JEP ha contribuido, y eso está muy en la mente de todos en la mesa de negociación, es que las condiciones que se ofrecen a los comparecientes en la jurisdicción funcionan como un marco mínimo que habría que sostener en negociaciones futuras. El Gobierno puede conceder las amnistías más amplias que sean posibles, pero tiene el deber, bajo el pacto de Roma y el derecho internacional, de juzgar a los máximos responsables de los más graves crímenes. El Gobierno lo ha manifestado mucho, tiene una comprensión muy clara al respecto, y de las limitaciones que tiene esto, la imposibilidad de hacer amnistías generales o perdón y olvido, la necesidad de fórmulas judiciales para cualquier negociación futura y que los graves crímenes tienen que ser juzgados y es una obligación del Estado colombiano. Yo creo que ese es el marco que desarrolló la JEP y que se aplica hacia el futuro.

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