Las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia aplauden la expulsión del general Arias Cabrales de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido cerrarle las puertas definitivamente al general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por desaparición forzada en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia cuando fue asaltado por la guerrilla del M-19. El general pretendía que esa justicia transicional revisara su caso y lo eximiese de toda responsabilidad, pero en dos días de un encuentro cara a cara con las víctimas no aportó ni un ápice a la revelación de la verdad. Así lo determinó la JEP, que por ello lo expulsó. Arias Cabrales, de 86 años, desaprovechó la última oportunidad que le quedaba para esclarecer una verdad que las víctimas y el país han esperado por más de 37 años.

“Perdió una oportunidad de oro que la JEP les da a los perpetradores para que aporten verdad”, dice Helena Uran Bidegain, hija de Carlos Horacio Uran, magistrado auxiliar del Consejo de Estado que fue torturado, asesinado y desaparecido. El 6 de noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros del extinto Movimiento 19 de abril (M-19) se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, la sede de las altas cortes en Bogotá. Tomaron como rehenes a 350 personas, entre las que estaba Uran. Los guerrilleros pretendían someter a juicio al entonces presidente Belisario Betancur. En un intento por retomar el control, la Policía y el Ejército respondieron con violencia indiscriminada y en detrimento de la vida de los rehenes. El Palacio ardió en fuego. Uran había sobrevivido al ataque que duró cerca de 28 horas continuas. Salió herido y fue ejecutado y desaparecido fuera de la edificación, hechos que aún no han sido aclarados y continúan en la impunidad. El asalto dejó 94 personas muertas y 11 más desaparecidas.

Arias Cabrales fue el comandante de la Brigada XIII del Ejército, que dirigió la retoma. En 2011, fue condenado a 35 años de prisión por la desaparición forzada de cinco de las 11 personas desaparecidas. Su pena fue ratificada en tres instancias; la última, una sentencia de casación ante la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme su responsabilidad. El general pidió acogerse a la JEP que, con el fin de decidir si lo aceptaba, lo citó a una audiencia que se extendió dos días, el 17 y 18 de enero de este año. En ella las víctimas lo increparon y le suplicaron entre lágrimas que dijera la verdad, pero Arias Cabrales se sostuvo en que desconocía los hechos atroces y era inocente. La JEP tardó casi dos meses en tomar una decisión que mantuvo en vilo a las víctimas. “Era lo que esperábamos; él no hizo ningún aporte, todo lo contrario, se consideró una víctima y siguió negando a los desaparecidos. Fue una actuación realmente lamentable”, declaró a EL PAÍS César Rodríguez Vera, hermano del desaparecido Carlos Rodríguez Vera, entonces administrador de la cafetería del Palacio.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que Arias Cabrales “no tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal”. Agregó que el militar “no suministró información que permitiera establecer el paradero de sus víctimas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares”. La JEP, las víctimas y el país esperaban que Arias Cabrales detallara “cómo fueron caracterizadas las víctimas, las razones para señalarlas como sospechosas, la forma como fueron segregados los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia”, entre otros hechos.

A Deborah Anaya Esguerra tampoco le tomó por sorpresa la decisión. “Claramente hay un indicio de que hay un pacto de silencio y él (Arias Cabrales) hace parte”. Deborah tenía dos años cuando su madre, Norma Constanza Esguerra, fue desaparecida. Norma había llegado temprano aquel 6 de noviembre de 1985 para entregar un pedido de pasteles, pues era surtidora de la cafetería del Palacio. Parqueó el carro frente a la catedral y dejó adentro a su hermana que la acompañaba porque no se demoraría. Quince minutos después comenzó el asalto y su hermana quedó atrapada en el vehículo debido a que era parapléjica. Recientemente Deborah ha solicitado a la JEP desclasificar y acceder a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que permanecen protegidos por esa jurisdicción.

La JEP ha remitido el proceso a la justicia ordinaria para que Arias Cabrales continúe cumpliendo su pena. Jorge Molano, representante de víctimas, cree que es una decisión afortunada, aunque un poco tardía. “Desde hace dos años las víctimas habían insistido en que él no estaba contribuyendo a la verdad y no podía obtener beneficios”, explica. En 2020 la JEP le había otorgado libertad condicional, pero decidió revocarla finalmente por el incumplimiento en sus obligaciones ante el sistema integral de paz. Molano espera que ahora la Fiscalía lo procese por otros crímenes por los que aún no ha sido condenado y le retiren cualquier otro beneficio. “No puede seguir en una reclusión especial, sino que debe ser trasladado a un centro común para personas condenadas”, dice. Arias Cabrales cumple la pena de prisión en un apartamento fiscal de la brigada XIII del Ejército, misma que otrora él dirigió. “Los crímenes por los que fue condenado no tienen nada que ver con el servicio; son crímenes internacionales y contra la humanidad”, añade.

Helena Urán no cree que la expulsión de Arias Cabrales sea el cierre definitivo a la verdad, pero lamenta no haberla conocido de su propia voz. “Ojalá que otros perpetradores que se acogen a la JEP entiendan que es una instancia que les permitirá, de una u otra manera, resarcir al país el daño que han hecho y sea un aporte a la no repetición”, dice. Las víctimas han resistido durante 37 años. No dejarán de hacerlo ahora.

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