El general que sabe todo de la retoma del Palacio de Justicia se queda mudo

“Por favor, díganos qué pasó”, le pide una señora mirándole a los ojos. Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante del Ejército, posa la mirada en el infinito y se queda mudo. A lo largo de dos días de audiencia, el militar, ya condenado por tortura, ejecución y desaparición forzada, no arrojó ni un poquito de luz a los familiares de las 11 personas desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá. Arias Cabrales, de 86 años, mostró la actitud displicente de los que están convencidos de llevarse los secretos a la tumba.

En las tensas sesiones en la Jurisdicción Especial para la Paz —el tribunal transicional que nació del acuerdo entre el Gobierno y las FARC—, el general Arias Cabrales se escudó en verdades documentales, que han sido invalidadas en procesos judiciales. No contribuyó a la verdad, como esperaban las víctimas, quienes lo acusan de callarla para encubrir la responsabilidad de otros militares.

En la mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del extinto Movimiento 19 de abril —M-19— asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, situado sobre el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional, y a dos cuadras del palacio presidencial. En cuestión de minutos tomaron como rehenes a 350 personas, incluidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, empleados y visitantes. Cerraron las enormes puertas de bronce del edificio y pidieron que el presidente Belisario Betancur compareciera ante ellos para someterlo a juicio. La Policía y el Ejército respondieron, en lo que llamaron “retoma”, con más violencia. Descargas de fusilería. Rockets. Dos tanques de guerra entraron, tumbando las puertas. Los combates duraron 28 horas.

El saldo, siempre provisional, es de 94 personas muertas y 11 más desaparecidas. El Palacio ardió en llamas entre el 6 y 7 de noviembre con muchos de sus ocupantes adentro.

Entre los que piden verdad está Ludy Esmeralda Suspes. Tenía tres años cuando su padre, David Suspes Celis, trabajaba en la cafetería del Palacio. Salió vivo de allí y fue desaparecido. Ella no recuerda imágenes de él, ni ha podido sepultar su cuerpo. Cuando veía las noticias televisivas de la época y escuchaba los gritos de dolor de su madre, Ludy se tapaba los oídos y se escondía debajo de la cama. “Por favor, sin evasivas, díganos qué pasó”, se quebró en llanto implorándole a Arias.

El militar era entonces el comandante de la Brigada XIII del Ejército y dirigió la operación de la retoma. Durante el operativo, los militares sacaban a los sobrevivientes del Palacio y los llevaban al Museo de Independencia Casa del Florero, al frente, para interrogarlos. Algunos desaparecieron. En 2011, 26 años después, un juez condenó a Arias a 35 años de cárcel por la desaparición forzada del padre de Ludy y otras cuatro personas. El Tribunal de Bogotá confirmó la condena. La Corte Suprema la ratificó.

Arias pidió que su condena fuera revisada por la JEP y en 2020 obtuvo una libertad transitoria, revocada debido a que no cumplió con el compromiso de esclarecer los hechos. La JEP le dio la última oportunidad: lo citó a una audiencia de aporte a la verdad que se vivió esta semana en Bogotá.

En ella, decenas de víctimas tomaron el micrófono, lloraron y lo increparon:

—Señor Arias Cabrales, ¿cómo puede estar sentado ahí tan tranquilo? ¿Cómo ha podido vivir sabiendo de las desapariciones y los delitos cometidos el 6 y 7 de noviembre de 1985 con su conocimiento y bajo sus órdenes?

—Devuélvame el cadáver de mi hermana.

—Tenía 35 días de nacida cuando desaparecieron a mi padre. Quiero saber quiénes estuvieron ese día torturándolo, asesinándolo. ¿Quién dio la orden?

—Señor Arias, ¿qué opina usted de mi dolor?

A lo largo de las dos extensas jornadas, Arias Cabrales se mantuvo imperturbable. Helena Urán, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán (torturado, asesinado y desaparecido por el Ejército), le exigió la verdad:

—Para mí lo sucedido fue una masacre: ahí no hubo retoma, recuperación ni rescate, porque la manera de responder de parte de la fuerza pública a la toma criminal de la guerrilla fue atacando con toda la fuerza del odio y la guerra a un edificio lleno civiles inocentes.

El abogado Víctor Velásquez le preguntó a Arias si consideraba que hubo víctimas de tortura y desaparición forzada. Respondió que él se considera una víctima, que nunca ha debido tener una sanción penal. La representante del Ministerio Público, Sandra Lucía Yepes, tuvo que intervenir para amonestarlo: le recordó que proclamarse víctima es revictimizar a los familiares. Xiomara Urán, otra de las hijas del magistrado, lo increpó:

—No vuelva a decir que usted es una víctima: usted no es una víctima, usted no lleva cargando 37 años con este dolor. A usted no le quemaron a nadie como para que venga a decir que pobrecito usted.

Antes de formularle preguntas, el abogado Ramiro Bejarano intentó convencer a Arias de que la verdad es lo mejor para las víctimas y para él. Arias se mostró impasible al responder, como si los muertos y desaparecidos no le incumbieran.

En la sala había unas sillas de color naranja, cada una con una foto de los desaparecidos y la leyenda “SIN OLVIDO”. La representante del Ministerio Público le preguntó si tenía alguna explicación de por qué todavía están esas fotos. Arias Cabrales dijo que no sabía.

Como siguiendo un libreto, citaba un informe de un tribunal especial de instrucción que la justicia ha desestimado. Los abogados de las víctimas le pidieron que no repitiera lo que decían los documentos que conocen o lo que han dicho otros acusados, porque querían escuchar de él la verdad; Arias volvía a los documentos o reiteraba afirmaciones anteriores. A pesar de haber comandado la operación, sostuvo que no tenía conocimiento directo porque fueron sus subordinados los que estuvieron en el Palacio. Cuando le preguntaron por los videos donde se ven las personas que salieron vivas del Palacio y luego fueron desaparecidas, dijo que las imágenes no son claras ni fiables. Utilizaba expresiones como: “No cuento con los elementos de juicio”, “no sabía”, “no sé”, “me enteré a posteriori”. Lo único que reconoció como “error fundamental” fue que el Ejército haya retirado la vigilancia del Palacio un día antes de la toma.

Después de la hecatombe del Palacio, Arias Cabrales recibió una condecoración de servicios distinguidos por la operación y fue ascendido. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la desaparición forzada de las 11 personas.

En el cara a cara con las víctimas, Arias tenía la última oportunidad procesal de decir la verdad, pero siguió negando lo que ya probó la justicia. Los representantes de las víctimas dijeron que entre él y otros militares hay un pacto de silencio, y la magistrada encargada, Claudia Rocío Saldaña, reconoció que Arias no ha hecho un aporte extraordinario. En los próximos días la JEP debe decidir si lo expulsa definitivamente. Algunos familiares de las víctimas han muerto y otros seguirán envejeciendo a la espera de que los culpables digan la verdad sobre los desaparecidos. No olvidan.

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