El Gobierno calla sobre la muerte de Sharol Valeria Mosquera, de 15 años, en un operativo militar en Cauca

Era sábado 15 de noviembre. Colombia llevaba dos días sumida en el mayor escándalo de derechos humanos del Gobierno de Gustavo Petro, cuando se conoció que la Fuerza Aeroespacial había bombardeado un campamento de las disidencias de las extintas FARC en el que había siete menores de edad reclutados forzosamente en el departamento del Guaviare. Mientras el país discutía cifras, órdenes y responsabilidades en Bogotá, en la zona rural de Buenos Aires (Cauca), Sharol Valeria Mosquera, una menor de 15 años, murió baleada en medio de un operativo militar por tierra y aire.

El reporte oficial de la Policía sobre el operativo señala que el ataque tenía como objetivo a Jhon James Ararat, alias Veneno, a quien la inteligencia militar señalaba como jefe de las finanzas del frente Jaime Martínez, un grupo disidente que ha golpeado fuertemente al suroccidente colombiano y que forma parte del llamado Estado Mayor Central, que dirige Iván Mordisco. Se trató de un operativo coordinado por la Policía, la Fuerza Aeroespacial y el bloque de búsqueda, una unidad que suma al Ejército y la Policía y se concentra en desarticular a los grupos que operan en el corredor que va de Jamundí (en el sur del Valle del Cauca, a pocos kilómetros de Cali) hasta el norte del Cauca, donde empata con los caminos que van hacia el océano Pacífico. La familia de Sharol Valeria Mosquera, dice un pariente que ha pedido reserva de su identidad por seguridad y confirma su muerte, había perdido el rastro de la niña desde marzo de este año, cuando fue reclutada por la disidencia. “En ese momento tenía 14 años. Ese mismo día se fueron dos niñas más de la misma edad”, cuenta, en alusión a uno de muchos casos de reclutamiento de menores que ocurren en la región.

Marcial Quiñonez, abogado de la Fundación Jurídica y Benéfica para la Paz (Fubejupaz), sostiene que la muerte de la menor “no ha sido contabilizada en los registros porque las autoridades no la han reconocido como una de las menores muertas en operativos oficiales”. Eso pese a que, como cuenta, “su cuerpo fue identificado por Medicina Legal en Cali, a donde fue trasladada junto con el hombre abatido”. Este diario consultó a la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía para conocer si había otras bajas del operativo o si reconocían el nombre de la menor como alguna de las personas muertas en él. Ninguna confirmó ni desmintió el hecho.

El caso no pasó desapercibido en la institución educativa Marilópez, en la vereda Bellavista del vecino municipio de Suárez. Aunque el colegio y la familia supieron del reclutamiento, el miedo a las represalias y las amenazas evitaron que alguien denunciara ante la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. El último dato que la familia tenía de ella era que seguía en la etapa inicial de “formación” en la disidencia Jaime Martínez. En Cauca, el Movimiento Nacional de Mujeres y Madres por la Paz ha alertado sobre la existencia de al menos dos “escuelas” de adoctrinamiento para menores, donde se “formaliza” su ingreso a las filas. Allí, los grupos armados les presionan a firmar “contratos” con los que buscan sustentar que el reclutamiento no fue forzado y dejar un supuesto registro de consentimiento.

El reporte oficial del operativo indica que ocurrió en la carretera que conecta el corregimiento El Porvenir con el de Timba. Eran las 3.30 de la tarde cuando comenzaron los disparos desde un helicóptero. La menor, dicen dos testigos en la zona, fue alcanzada por las balas a pocos metros de donde cayó Veneno. La Policía, hasta ahora, solo ha comunicado la muerte de quien llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Iván Mordisco en el Cauca. La menor asesinada, sin embargo, no fue registrada ni siquiera como una baja. Este diario consultó a la oficina de comunicaciones de la institución por el caso, pero aseguraron no tener información adicional.

El Instituto de Medicina Legal informó el pasado 17 de noviembre que, entre agosto y noviembre de este año, ha identificado las muertes de 15 menores de edad en operativos militares. Entre los casos registrados están tres niños muertos por un operativo el 26 de agosto en Guaviare; cuatro menores más en Puerto Santander (Amazonas) el 1 de octubre; siete niños por el bombardeo del 13 de noviembre en Calamar (Guaviare), y una menor que murió el mismo día en un operativo en Puerto Rondón (Arauca). En el registro no estaba Sharol Valeria Mosquera.

El reclutamiento forzado se ha agravado en Colombia en los últimos dos años. Sin embargo, las cifras de las autoridades sobre este delito difieren: la Defensoría del Pueblo apenas documentó 21 casos en el primer semestre del año, mientras que un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz documentó 140 casos entre enero y abril de este año. El Cauca es, justamente, el epicentro de este delito. En los primeros cuatro meses del año, la Fiscalía recibió 800 denuncias por reclutamiento infantil en esa zona, una de las regiones de más conflicto en un país que ve crecer la violencia organizada. Una lideresa de la zona, que conoce y documenta los casos de reclutamiento, explica que a los menores de edad se los llevan, sobre todo, a través del enamoramiento y las falsas promesas. “Esta semana llegó un muchachito de 16 años al colegio donde yo trabajaba y que no puedo nombrar, a decirme que lo iban a vigilar día y noche porque había muchos sapos ahí”, explica.

De esas instituciones suelen salir hacia los centros de adoctrinamiento, internados en donde les enseñan la doctrina militar del grupo ilegal. “Según van avanzando los supuestos niveles que tienen ahí, les cambian el uniforme. Hemos identificado que los que están próximos a salir o como graduarse de combatientes, van vestidos de azul, no de verde”, explica. Después de pasar por allí, el rastro de los niños y adolescentes se vuelve difuso, y las familias quedan sin una ruta clara para saber si siguen con vida, si han sido desplazados o si han participado en operaciones armadas. “A la mayoría los llevan a otros departamentos, para que los padres o las autoridades no los encuentren”, menciona la defensora de derechos humanos.

La muerte de menores de edad en los operativos contra los grupos de disidencias han dejado al Gobierno de Gustavo Petro frente a uno de los mayores desafíos de sus agendas de seguridad y de derechos humanos. En los primeros años de mandato, con el penalista Iván Velásquez como ministro de Defensa, el líder de izquierda frenó los bombardeos, justamente para evitar ese riesgo. Tras un año de reactivación de esas operaciones, el Ejecutivo insiste en que en todos los casos han cumplido con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario. Cada menor muerto en operaciones militares vuelve a mostrar la fragilidad institucional ante el reclutamiento forzado. Colombia queda, otra vez, frente a la incapacidad de mantener a los niños lejos de la guerra y de interrumpir los ciclos de violencia.