Un bombardeo del Ejército pone en apuros a Petro por la posible muerte de menores de edad

El Ejército colombiano efectuó esta semana dos bombardeos en contra de las disidencias de alias Iván Mordisco, uno de los delincuentes más buscados de Colombia y uno de los mayores enemigos para la paz que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados. El presidente ordenó ataques contra sus estructuras en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, y en el selvático Guaviare. En este último murieron 19 personas, entre los que las autoridades no descartan que haya menores de edad. La posibilidad de que alguno de los fallecidos sea un niño pone en tela de juicio la promesa de Petro de cumplir con el derecho internacional humanitario (DIH) en estos operativos, según los expertos, que dudan que se hayan aplicado los principios de distinción y proporcionalidad.

Aunque Medicina Legal no ha confirmado las edades de los combatientes muertos en el Guaviare, Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitieron la probabilidad que alguno de ellos sea menor. El presidente aseguró el jueves durante la ceremonia de la Policía que los bombardeos “siempre tienen un riesgo” y que, si la inteligencia falla, “puede caer sobre personas menores de edad”. “Ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial. Soy yo el que toma la decisión”, sostuvo. Esta conjetura surgió tras conocerse que en la misma operación fueron rescatados tres adolescentes reclutados a la fuerza.

Con palabras aún más contundentes, el ministro Sánchez, un militar retirado de carrera, aseveró: “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”. La postura del Gobierno significa un cambio radical de la postura que defendía Petro sobre los niños soldado en los años en los que el conservador Iván Duque estaba en el poder (2018-2022). El presidente de izquierdas, entonces senador, denunciaba que bombardeos —como el que ocurrió en marzo de 2021, en el que murieron varios menores— eran “asesinatos de niños” y “crímenes de guerra”.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que los argumentos del Gobierno son insuficientes. “Los menores son sujetos especiales de protección durante un conflicto armado. La única manera de que pierdan esa salvaguarda es que estén, por ejemplo, empuñando un arma en un combate directo con el Ejército. Pero eso no es lo que pasa en un bombardeo”, opina.

Para la experta, de confirmarse la muerte de algún menor de edad, las fuerzas militares pudieron haber violado el principio de proporcionalidad. Es el marco jurídico del DIH que establece que los ataques contra objetivos militares no pueden causar daños a civiles excesivos con relación a la ventaja militar esperada. “Mi interpretación es que no se cumple. Hay una desesperación por parte de las Fuerzas Armadas por el crecimiento de las disidencias. Pero aunque un antibiótico pueda servir para una bacteria, no necesariamente va a matar el virus”, ejemplifica Bonilla en una conversación telefónica.

Petro, que lamentó en la red social X la “pérdida de vidas humanas de colombianos”, justificó el bombardeo por el riesgo que enfrentaba un batallón del Ejército. “Su rumbo [de los disidentes] iba del sur al norte, había peligro de que al llegar a un punto dieran con 20 soldados. ¿Qué podrían hacer? La emboscada de 150 hombres, simplemente por relación numérica, podría resultar muy mal (...). Decidí que antes de que se llegara a ese punto se bombardeara el lugar”, detalló en su intervención del jueves.

Desde la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) son prudentes en no calificar el ataque en el Guaviare como una violación del DIH mientras no se demuestre la muerte de algún menor. Sin embargo, exhortan al Gobierno a siempre privilegiar el principio de distinción para los civiles y, especialmente, los niños. “Es importante precisar que el DIH matiza mucho la afirmación del ministro. Ellos están protegidos y la comunidad internacional los reconoce como víctimas, aun si han sido usados en hostilidades. Decir que lo que mata no es la edad, si no el arma, desconoce una realidad jurídica”, apunta Andrés Aponte, coordinador en Justapaz, ONG que forma parte de la coalición.

Los expertos recalcan que Colombia tiene una obligación internacional por los tratados que ha firmado, como el Convenio de Ginebra o la Convención sobre los Derechos del Niño, que promulgan la distinción entre combatientes y víctimas de reclutamiento forzoso. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 fueron reclutados 463 menores. Entre enero y junio de este año, la entidad ha registrado 55 casos (Coalico eleva esta cifra a 175). Según Aponte, además de los principios de distinción y proporcionalidad, el Estado debe garantizar el de precaución: “Es clave que las operaciones se evalúen no solo por el objetivo, sino por el impacto que puede tener sobre la niñez”.

Ataques de poca efectividad

Aunque durante la primera mitad de su mandato los bombardeos fueron un tabú, Petro ha ordenado desde el año pasado al menos una decena de ataques aéreos contra dos estructuras: las disidencias de Mordisco y el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país. Son los grupos que más resistencia han puesto para negociar la paz y los que, junto con el ELN, están más extendidos en el territorio nacional. El ataque más reciente ha sido el de Arauca, lanzado este jueves. Buscaba dar de baja a alias Antonio Medina, uno de los hombres de confianza de Mordisco, pero hasta el momento se desconoce si fue neutralizado.

Andrés Cajiao, coordinador del área de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, considera que los bombardeos pueden ejercer presión, pero solo sirven si están acompañados de otras acciones como el control territorial. “Fueron muy importantes contra las antiguas FARC, que vivían en campamentos. Esa lógica cambia por la forma en la que operan los nuevos grupos. Su estructura es relativa: usualmente en estos bombardeos caen mandos medios y son muy fáciles de recomponer. Además, se adaptan más fácil y se pueden mimetizar en zonas semi urbanas con población civil”, aclara en una llamada telefónica.

Aunque no haya una violación del DIH, admiten los expertos, el bombardeo pone a Petro en una situación incómoda. En los últimos dos meses, ha sido uno de los líderes latinoamericanos que ha criticado las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico, a las que no duda en llamar de “asesinatos extrajudiciales” y “violaciones del derecho internacional”, una opinión a la que se suma la ONU, numerosos expertos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Por eso, para Bonilla, de Pares, el Estado debe demostrar que tomó todas las precauciones antes de ejecutar el ataque aéreo.

De momento, la postura del Gobierno cuenta con el respaldo de una importante entidad: la Procuraduría. El procurador general, Gregorio Eljach, dijo este viernes que los menores de edad alzados en armas son “delincuentes, criminales y están del otro lado de la legitimidad, de la legalidad, es legítimo y es legal actuar” en su contra.