La Defensoría del Pueblo de Colombia exige a Petro y al Congreso que eviten su desfinanciamiento

Los problemas en las cuentas del Estado colombiano están fuera de discusión. El déficit del 2024 fue del 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y las proyecciones para este año son del 7,1%. El debate político está en qué sectores deben ser protegidos de los recortes que se requieren. Por ello, en las últimas semanas ha llamado la atención que el Gobierno de Gustavo Petro haya presentado un proyecto de presupuesto para el 2026 que reduce en 3% los fondos de la Defensoría del Pueblo, la entidad encargada de velar por los derechos humanos. La propuesta, que debe ser votada por el Congreso antes del 20 de octubre, llega en el peor momento posible: el conflicto armado se recrudece, los desplazamientos forzados se disparan y la respuesta humanitaria sufre todo tipo de dificultades por los recortes del Gobierno de Estados Unidos.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, comenta por teléfono que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le notificó de la reducción a mediados de julio, tras meses de preparación de su presupuesto. Desde entonces, ha intentado que el Gobierno reconsidere su decisión. “Realmente necesitamos el recurso y lo vale. El ahorro de 130.000 millones [unos 32 millones de dólares] es poco para el presupuesto de la Nación [el 0,02%], mientras que el impacto para la Defensoría es significativo”, señala. Cuenta que ha sido imposible reunirse con funcionarios del DNP o del Ministerio de Hacienda. “Nunca hubo voluntad de conversar”, afirma. Le escribió al presidente, Gustavo Petro, quien le respondió que, al haber ya presentado el proyecto de presupuesto, es el Congreso el que debe decidir. Sin embargo, es probable que el Legislativo lo niegue y que el Ejecutivo expida por decreto su propuesta inicial, como ya lo hizo el año pasado.

El presupuesto propuesto para la Defensoría es de 1,21 billones de pesos (unos 300 millones de dólares). Representa una reducción del 3% frente al monto de este año y un 9,7% menos de lo que solicitaba la Defensoría, pues tomó en cuenta la inflación (del 5%) y las elecciones del próximo año. La entidad asegura, en un documento presentado ante el Congreso, que el recorte afectará áreas críticas. Denuncia que el Sistema de Alertas Tempranas tendrá que reducir los seguimientos de las violaciones de derechos humanos de líderes sociales y que no podrá fortalecerse para monitorear los riesgos que enfrentan los candidatos y los votantes en los comicios.

Otra área afectada serán los equipos de atención a víctimas de violencia de género. “Hicimos un esfuerzo para que cada regional tuviera una dupla de una abogada y una psicóloga. Pero tendremos que recortarlas, a pesar de que está subiendo la violencia feminicida”, añade Marín. La defensora enfatiza, además, que hay inversiones indispensables en infraestructura. “Las sedes de San Andrés y Putumayo están en zonas en riesgo de desastres y se tienen que reubicar”, apunta. Para ella, la decisión del Ejecutivo es aún más inexplicable si se toma en cuenta que hace unas semanas la oficina de Derechos Humanos de la ONU recortó sus operaciones en Colombia a la mitad ante la retirada de fondos de Estados Unidos. “La Procuraduría y la Contraloría tienen un presupuesto mayor al que solicitaron. Somos los únicos a los que les redujeron”, afirma. “Creo que hay una decisión política de no apoyar a la Defensoría. Me han dicho que es una retaliación, pero no lo sé, no quisiera aventurar”.

Marín, que llegó a la Defensoría en septiembre de 2024 tras ser ternada por el presidente, ha refrendado su independencia del Gobierno en su primer año en el cargo. Cuestionó al mandatario por referirse a algunas periodistas mujeres como “muñecas de la mafia”; expresó su rechazo al nombramiento de Armando Benedetti, señalado de violencia machista, en altos cargos del Gobierno. También denunció el debilitamiento del sistema de salud y la decisión del presidente de invitar a líderes criminales con los que negocia a un acto en Medellín. “Los responsables de crímenes graves no deben tener un lugar de honra y distinción”, enfatizó.

El apoyo de la sociedad civil

La Defensoría ha sumado apoyos importantes en las últimas semanas. Scott Campbell, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, emitió un comunicado el 19 de agosto en el que “urge al Gobierno y al Congreso” a no desfinanciar a la Defensoría y a respetar los Principios de París. “Recortar el presupuesto es también reducir la posibilidad de acceso y garantía de los derechos humanos de millones de personas”, dijo. Pidió, además, que se incrementen los recursos ante “un momento crucial de aumento de las afectaciones de los derechos de las comunidades más vulnerables, provocado por la expansión de los grupos armados no estatales y por la falta de presencia permanente del Estado en diferentes zonas del país”.

Human Rights Watch, una de las principales organizaciones de protección de derechos humanos en el mundo, se sumó este lunes. “Los recortes propuestos por el Gobierno serían un duro golpe para la protección de los derechos humanos”, declaró en un comunicado. Enfatizó, con datos, que es especialmente contraproducente en momentos en los que la violencia aumenta: más de 70.000 personas han sido desplazadas en lo que va del año —un 30% más que en todo el 2024—, los confinamientos forzados se han incrementado en un 44% en el primer semestre y los secuestros han subido un 53%. El magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, además, ha encendido las alarmas y “ha empañado” el inicio de la campaña electoral.

La directora para América de la oenegé, Juanita Goebertus, enfatiza por teléfono que sus equipos evidencian la importancia de la Defensoría y sus altos niveles de credibilidad. “Está en territorios alejadísimos, donde no hay autoridades, donde no hay confianza en el Estado”, subraya. “Son quienes atienden a los que llegan desplazados, prácticamente sin nada, muertos de susto porque vieron cómo mataron a un familiar. Se aseguran de que tengan donde dormir, un plato de comida y una conexión con la oferta institucional”. Asimismo, “tienen oídos en el territorio y son los primeros en saber” de los diferentes movimientos de los grupos armados.

Para Goebertus, la crisis humanitaria que enfrenta Colombia y los recortes de la cooperación estadounidense y la ONU hacen aún más grave desfinanciar a la Defensoría. “Toda decisión de distribución de presupuesto implica establecer prioridades. Que el Gobierno haga esto manda una señal de que no le preocupa la protección de los derechos humanos de las comunidades más afectadas”, evalúa. Entiende las limitaciones por el déficit fiscal, pero cuestiona que el Ejecutivo ni siquiera haya dado explicaciones: “No hemos sabido qué estrategias tienen para proteger a las comunidades de otras formas”.