Juanita Goebertus: “Maduro se queda afianzado únicamente en el poder de las armas”

La crisis de derechos humanos más radical en América Latina es el fraude electoral cometido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, afirma sin rodeos Juanita Goebertus (Bogotá, 41 años). También sigue con mucha preocupación la situación en El Salvador, luego de dos años y medio de Estado de excepción bajo el Gobierno de Nayib Bukele. El 2024 no fue esperanzador para la democracia en la región, con un notable deterioro del Estado de derecho, advierte por videollamada la directora de la división para América de Human Rights Watch, que presenta este jueves su Informe Mundial anual.

Pregunta. Los autoritarismos de distintos orígenes abundan en América Latina. ¿Perciben un deterioro de la democracia en la región?

Respuesta. Sí, de manera muy desafortunada. Esos síntomas, que venimos diagnosticando a lo largo de los últimos años, quedaron plasmados en las distintas crisis de derechos humanos que vimos en América Latina en 2024. La más radical, el fraude electoral cometido en Venezuela y la posterior violencia que termina con más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente y 23 asesinadas. En muchos casos pudimos documentar la participación directa de fuerzas armadas venezolanas o de colectivos. Creció el uso de la figura de los presos políticos, la usurpación de la nacionalidad en Nicaragua, y el uso extendido de estados de excepción, como es el caso de El Salvador, Honduras o ahora de Ecuador, lo que afianzó el deterioro del Estado de derecho. Ese proceso se cristaliza con ataques a organizaciones de sociedad civil. En paralelo, el crimen organizado sigue creciendo, lo que sirve como excusa para limitar las garantías del Estado de derecho.

P. ¿Les sorprendió la represión desatada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio?

R. Todas las organizaciones –locales, internacionales– estábamos en alerta. Un proceso de transición de una dictadura a una democracia supone una pérdida de poder de actores que están gravemente comprometidos en la comisión de delitos, posiblemente incluso de crímenes de lesa humanidad, como ha establecido la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Para muchos de nosotros era evidente que el chavismo había perdido su base de legitimidad, y que los acuerdos de México y de Barbados abrían la posibilidad de generar una transición democrática. Desafortunadamente, el régimen se queda, afianzado únicamente en el poder de las armas ante la pérdida absoluta de esa legitimidad. Era esperable, pero creo que a todos nos ha sorprendido la magnitud y el nivel con el que han continuado reprimiendo para sostenerse de un hilo al poder.

P. ¿Cuál es la definición adecuada para referirse hoy al régimen de Maduro?

R. Para nosotros es claramente una dictadura, un Gobierno sin legitimidad democrática. Se dio un fraude electoral que han evidenciado tanto el panel de expertos de Naciones Unidas como el Centro Carter. Las actas publicadas por la oposición tienen todos los elementos para ser consideradas fidedignas. Es un régimen que ya desde hace muchísimo tiempo no respeta el Estado de derecho, que carece de separación de poderes y que es, por supuesto, supremamente violatorio de derechos humanos. Se han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias día a día.

P. ¿Temen una nueva oleada migratoria ante la represión en Venezuela?

R. 2024 cerró con menos personas cruzando por el Darién frente a 2023. Pero, con 300.000 migrantes, fue en todo caso el segundo año de mayor cantidad de cruces. La mayor cantidad proviene de Venezuela. Luego del 28 de julio, preocupaba la posibilidad de un aumento inmediato del número de venezolanos cruzando las fronteras y sí vimos un incremento, particularmente hacia Brasil, pero menor. En el caso de Colombia, no hemos visto un aumento en el número grueso de personas, pero sí en el de aquellos que podrían ser sujetos de protección internacional. Es decir, testigos que están siendo perseguidos por su rol en el proceso electoral, líderes políticos, autoridades locales perseguidas por el mero hecho de defender el cumplimiento de las reglas electorales. Luego de que Maduro consumó el fraude electoral este 10 de enero, las posibilidades de nuevas olas migratorias son altas.

P. Llegados a este punto, ¿ve posible una transición a la democracia en Venezuela?

R. Es un momento de frustración y pesimismo. A los líderes de sociedad civil en Venezuela que están dando la batalla, a los líderes de base de organizaciones políticas que tratan de resistir, mi mensaje es que no están solos. Si algo nos muestra la historia en América Latina es que es posible hacer transiciones de dictaduras a democracias. Por supuesto que no son procesos fáciles. Hay que construir un sistema de incentivos, a través de la movilización social pacífica, de la protesta pacífica, de la presión internacional sostenida y coordinada; a través de herramientas como las sanciones individuales y dirigidas para quienes cometen actos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Y por supuesto, a través del ejercicio de la jurisdicción universal y de las acciones penales internacionales, incluyendo la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional. Lo que sigue es un nuevo ciclo para generar las condiciones que permitan un proceso de transición hacia la democracia.

P. En ese contexto, ¿puede Venezuela desempeñar su papel como garante para las negociaciones de paz del Gobierno Petro con el ELN?

R. Colombia cerró el 2024 con una política de paz total sin resultados, con una ampliación de la presencia territorial de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Hay un deterioro en las condiciones de seguridad territorial y unos procesos de diálogo que han demostrado falta de claridad en la caracterización de los grupos con los que se negocia, con faltas graves en términos de la metodología y del diseño. Más allá de las decisiones autónomas de los gobiernos sobre cómo estructuran las veedurías internacionales, haría un llamado a atender una crisis profunda de la política de paz total.

P. ¿Les preocupa algún otro país en particular en este 2025?

R. Seguimos la situación en El Salvador con mucha preocupación, luego de dos años y medio de estado de excepción. Más de 83.000 personas han sido detenidas con suspensión de su debido proceso. Pueden pasar meses, incluso años, sin enfrentarse a una autoridad judicial que les diga por qué los persiguen penalmente. Más de 3.300 niños y niñas detenidos, también con suspensión de su debido proceso. Más de 300 personas han muerto en prisión bajo custodia del Estado salvadoreño, sin ninguna explicación. Lo más paradójico es que es un proceso de encarcelamiento masivo sin que haya un solo adulto condenado.

Es cierto que los indicadores de seguridad han mejorado. Y Bukele fue reelecto con una preferencia popular muy alta, que de alguna manera mandó la señal a América Latina de que para avanzar en seguridad había que suspender los derechos humanos. Pero ese es un mensaje supremamente peligroso. La historia ha mostrado que estos procesos pueden dar algunos resultados en seguridad en el corto plazo, pero no son sostenibles en el tiempo. No tenemos que escoger: es posible tener seguridad y garantías de derechos humanos.

P. ¿Qué implicaciones anticipa con el regreso de Donald Trump para la región?

R. Si nos ceñimos a lo que hizo en su anterior periodo, y lo que ha anunciado en campaña, cuando habló de deportaciones masivas, afectaría principalmente a personas de Centroamérica y de México. Ha mencionado la imposición de aranceles, una herramienta típicamente usada por Estados Unidos para generar presión a distintos países de la región, que implicaría un aumento de la pobreza y la desigualdad. Ha hecho referencias a posibles recortes a la asistencia exterior, lo que podría tener un impacto muy grave, particularmente en temas de asistencia humanitaria. También vimos en el anterior periodo la continua negación del rol de los seres humanos en la crisis climática, lo que impulsa procesos de deforestación, pues alienta a quienes hacen parte de esta visión negacionista.

P. En este panorama tan complejo, ¿hay alguna señal o país que invite al optimismo?

R. Guatemala vio la posibilidad de que, en contra de todos los factores de poder, una persona como Bernardo Arévalo se posesionara e inaugurara su Gobierno el año pasado a pesar de lo que en la práctica fue casi un golpe de Estado por parte de la fiscal Consuelo Porras, que buscaba desconocer los resultados electorales. En medio de esas dificultades no ha querido llegar al poder para repetir lo que hicieron sus antecesores, sino gobernar de manera institucional, con las complejidades que eso significa, pero en pleno respeto por el Estado de derecho. El Gobierno de Arévalo ha optado por un proceso lento, complejo, de reforma para recuperar la independencia de la institucionalidad. A veces los triunfos en las democracias son así, más lentos, quizás menos estelares, pero fue un año en el que Guatemala empezó a demostrar que es posible gobernar de una manera distinta.