La Cámara de Representantes elige a Iris Marín como nueva defensora del Pueblo de Colombia

La Cámara de Representantes ha elegido en la mañana de este viernes a Iris Marín Ortiz (Bogotá, 47 años) como nueva defensora del pueblo de Colombia. Con 170 votos de 186, Marín venció a las otras dos candidatas postuladas por el presidente Gustavo Petro: Dora Lucy Arias, (6 votos) y Jomary Ortegón (10 votos). La abogada constitucionalista será la primera mujer en ocupar este cargo en más de 30 años desde que se creó la entidad con la Constitución del 91.

Marín recibió el apoyo casi unánime de todas las fuerzas políticas, incluidos el partido de la U, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático. El Pacto Histórico, la coalición de partidos por la que fue elegido Petro, llegó dividido a la votación. Un sector apoyó a Marín y otro a Ortegón, una defensora de derechos humanos que ha sido directiva del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, muy cercana a los congresistas Alirio Uribe e Iván Cepeda.

La Defensoría del Pueblo es una entidad que protege y garantiza los derechos humanos de los ciudadanos. Marín estudió en la Universidad del Rosario de Bogotá, y es magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñaba hasta hace una semana como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional en el despacho de la magistrada Natalia Ángel, encargada de hacer el seguimiento a la política de desplazamiento forzado.

Marín anunció que le dará prioridad a la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, hoy en día una de las crisis de derechos humanos más grandes del país. “Me comprometo a que todas las delegadas y direcciones de regionales de la entidad trabajarán los temas de los derechos de las mujeres con metas específicas que atiendan la discriminación y la violencia contra ellas”, dijo la candidata. De acuerdo con Marín, a junio de 2024 se habían presentado 271 feminicidios en todo el país; y el Instituto Nacional de Salud había recibido el reporte de 66.600 casos de violencia de género. De ellos, más del 75,5% habían afectado a mujeres.

En una breve presentación de su vida profesional, Marín destacó que en sus 25 años de experiencia ha sido consultora de organismos del Estado y del sistema de las Naciones Unidas en derechos de las víctimas y justicia transicional en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. También ha sido profesora en derechos humanos, derecho constitucional, igualdad de género, derechos de las víctimas y justicia transicional. “Tengo un espíritu crítico y constructivo. Me gusta trabajar en equipo y construir resultados a partir de la cooperación y la complementariedad de habilidades y disciplinas”.

La abogada tiene una larga trayectoria en derechos humanos, desde sus inicios en la Comisión Colombiana de Juristas, a finales del siglo pasado. Más adelante ha trabajado en la Unidad de Víctimas durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad.

Durante el proceso de búsqueda de los votos, que duró una semana, Marín tuvo como aliada a María Fernanda Rangel, una experimentada política que fue secretaria del ahora ministro del Interior, el veterano político Juan Fernando Cristo, durante el Gobierno Santos. El apoyo de Rangel fue clave para conseguir los votos, según el reporte Coronell. El periodista Daniel Coronell reveló que las dos abogadas se reunieron con representantes de varios partidos políticos a lo largo de la semana para confirmar el respaldo de sus bancadas.

En su cargo más reciente, Marín ha sido responsable de hacer el seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que hace 20 años declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamientos forzados, es decir, que sentenció que el Estado y la sociedad permitían una violación masiva y permanente de los derechos de las personas víctimas de desplazamiento.

Una alianza de plataformas de derechos humanos impulsó su candidatura, y en su presentación destacó que ha ocupado cargos directivos en el Gobierno para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que impulsó en su momento Cristo como senador, y que fue un primer paso de apertura del Gobierno Santos a los movimientos de víctimas.

Marín también fue asesora del Ejecutivo, en el mismo mandato, en las negociaciones de paz con las FARC, que tuvieron el apoyo de la izquierda, el centro y buena parte de los partidos tradicionales. A su vez, Marín ha sido parte de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que, además de la Comisión Colombiana de Juristas, incluyen Dejusticia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que fundó y dirigió por 20 años el vicecanciller Jorge Rojas.

Marín será la primera mujer en liderar la Defensoría del Pueblo, una entidad con mucha legitimidad en los territorios y un reconocido sistema de alertas de violaciones de derechos humanos, pero que también ha sido fortín burocrático de diversos políticos. La elegida reemplazará a Julio Balanta, quien ocupa el cargo de forma interina tras la renuncia de Carlos Camargo, un político conservador cercano al expresidente Iván Duque.

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