Petro presenta una terna de mujeres para dirigir la Defensoría del Pueblo

Una mujer liderará a partir del 1 de septiembre la Defensoría del Pueblo de Colombia, por primera vez desde que la entidad fue creada por la Constitución de 1991. Este jueves, el presidente Gustavo Petro ha enviado a la Cámara de Representantes una terna integrada únicamente por mujeres: Dora Arias, Iris Marín y Jomary Ortegón. Repite así la decisión que tomó el año pasado para la elección de la fiscal general. En ese entonces, la Corte Suprema debió elegir a partir de una lista que por primera vez estaba compuesta solo por candidaturas femeninas. Aunque la Defensoría tiene menos peso político, la designación es clave por las labores que realiza la entidad para verificar el cumplimiento de los derechos humanos en el país.

La Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo, ha ido adquiriendo capacidades con el correr de los años. Tuvo un hito en 2001 con la creación del sistema de alertas tempranas para monitorear las situaciones de riesgo de violaciones masivas de derechos humanos en las regiones del país. La cabeza de la entidad es elegida por la Cámara de Representantes para un periodo de cuatro años, a partir de una terna que elabora el presidente. La candidata que resulte elegida en los próximos días asumirá su cargo el 1 de septiembre. Reemplazará al defensor encargado, Julio Balanta, quien ocupa de forma interina el cargo tras la renuncia de Carlos Camargo, un político conservador que era cercano al expresidente Iván Duque y que dimitió para ser vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda.

El presidente seleccionó a las tres candidatas al cabo de un proceso de presentación de aspirantes. En él, las plataformas de derechos humanos, encabezadas por el reconocido Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), recordaron que el cargo siempre había sido ocupado por hombres y pidieron una terna de candidatas femeninas para “garantizar la participación de mujeres en cargos directivos” y reconocer “el rol de liderazgo que deben jugar en las instituciones estatales”. Presentaron a dos aspirantes: Jomary Ortegón e Iris Marín. El mandatario escuchó el reclamo y seleccionó a las dos para la terna, que se completa con Dora Arias. Quedaron por fuera otros 73 postulantes que incluían a figuras como los exministros Néstor Osuna (Justicia) y Jhenifer Mojica (Agricultura).

Las candidatas

Los perfiles de las tres aspirantes indican que la Defensoría será dirigida por una mujer proveniente del tradicional sector del activismo por los derechos humanos, vinculado históricamente a la izquierda.

Dora Lucy Arias fue parte, entre 2001 y 2019, del Cajar, una organización reconocida por denunciar violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y por sus logros en litigios sobre estos temas. Al igual que otros miembros del colectivo, fue víctima de persecuciones y hostigamientos que realizaban los servicios de inteligencia. Se ha especializado en temas de medio ambiente y ha acompañado a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la defensa de sus territorios. En los últimos años, ha llevado el caso de la periodista Claudia Julieta Duque por los abusos que sufrió de parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Jomary Ortegón también ha hecho gran parte de su carrera en el Cajar, del cual fue presidenta entre 2015 y 2017 y actualmente es vicepresidenta. Ha litigado más de 30 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha obtenido sentencias contra el Estado colombiano por violaciones de derechos humanos —entre ellas, una favorable al presidente Petro por la violación de sus derechos políticos cuando fue destituido como alcalde de Bogotá en 2015—. Es docente de la maestría de Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Santo Tomás.

Iris Marín, por su parte, se desempeña como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, encargada del cumplimiento de la sentencia que hace 20 años estableció el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamientos forzados. En su presentación como aspirante, las plataformas de derechos humanos destacaron que ocupó cargos directivos en el Gobierno para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que fue asesora del Ejecutivo en las negociaciones de paz con las FARC. Ha sido parte de organizaciones no gubernamentales como Dejusticia, Codhes y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

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