Yessika Hoyos, defensora de derechos humanos: “Uno nunca se acostumbra a recibir amenazas de muerte”

Yessika Hoyos ha enfrentado un sinnúmero de amenazas de muerte en los últimos 23 años. La primera fue justo unos días después del asesinato de su padre, un líder sindical de Fusagasugá: los responsables del crimen le avisaron que iba a terminar “como pijama de palo [un féretro]” si se mantenía firme en su idea de “seguir levantando las banderas” de Jorge Darío Hoyos y de luchar contra la impunidad. La última fue el pasado 22 de enero, con un mensaje de texto que hace referencia a su trabajo durante los últimos años con familiares de víctimas de la masacre de Mondoñedo, acontecida en 1996: el texto le advierte de que “no meta sus narices donde no la llaman” si no quiere ser asesinada. El miedo y la rabia, asegura, no desaparecen con el tiempo y la experiencia. “Uno nunca se acostumbra a recibir amenazas”, comenta.

Siempre ha estado dispuesta a enfrentar peligros. Se crio con dos padres que pertenecían a la Unión Patriótica, un partido de izquierdas cuyos militantes fueron exterminados entre los años ochenta y noventa. Jorge y Betty la llevaban a marchas por la justicia social y también a los velorios de los compañeros asesinados. Su papá, además, tenía varios juegos que la entrenaron desde niña para que aprendiera a protegerse en caso de un atentado. Le hacía describir cómo estaban vestidas las personas en la calle —si tenían reloj o gorra, por ejemplo— o aprenderse las placas de los carros. La idea era capturar todo y, minutos después, voltear a ver si las posibles amenazas seguían ahí.

Ahora tiene 39 años. Ya no es una líder estudiantil de colegios secundarios del Sumapaz, como lo era cuando murió Jorge o cuando participó de los diálogos de paz que el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) entabló con las FARC en San Vicente del Caguán. Se ha convertido en la presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), un grupo de defensores de derechos humanos que denunció las ejecuciones extrajudiciales que llevó adelante el Ejército durante la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) y que se ganó la animosidad del exmandatario. Es enfática en que sus amenazas recientes deben ponerse en contexto con una situación que ha mejorado desde entonces, pero que aún es difícil para los defensores de derechos humanos. “La doctrina de vernos como enemigos internos se mantiene”, subraya.

Cuestiona con especial dureza a la fuerza pública, que fue partícipe tanto del homicidio de su papá —en asociación con un grupo paramilitar— como de los asesinatos de los seis jóvenes que murieron en la masacre de Mondoñedo. “Siempre nos han estigmatizado. Nos han señalado de terroristas, de ser abogados de la guerrilla [por denunciar los abusos del Estado]”, afirma mientras cuenta sobre los allanamientos, escuchas ilegales y montajes judiciales que sufrieron varios miembros del colectivo en las peores épocas. No obstante, aclara varias veces que no puede afirmar quién está detrás de las últimas amenazas y que eso debe investigarlo la Fiscalía.

Masacre de Mondoñedo

La masacre de Mondoñedo es especialmente sensible para la fuerza pública. La Policía secuestró, torturó y asesinó a seis estudiantes en septiembre de 1996 por presuntamente ser parte del Frente Antonio Nariño de las FARC. La crueldad no tuvo límites, ni siquiera con los cuerpos: cuatro de ellos aparecieron carbonizados en un basurero a poco más de 40 kilómetros del centro de Bogotá. “Seguramente los chicos tenían contacto con la red urbana o habían ido a reuniones. Pero no está probado y, aunque lo hubiera estado, no debía pasar esto. Por más criminal que sea una persona, tiene derechos. No existe pena de muerte en Colombia”, apunta Yessika.

Seis policías condenados en 2017 ahora están libres por haberse acogido a la JEP, la justicia transicional acordada entre el Estado y las extintas FARC en los acuerdos de paz de 2016. Prometieron, a cambio de su libertad, que iban a aportar al esclarecimiento de los hechos relacionados con la masacre y a reparar a las víctimas. Pero hasta ahora no se ha podido probar ninguna hipótesis sobre las razones de la masacre: ni que fue un ajuste de cuentas por un atentado a una estación de policía en 1995 ni la más reciente versión de la presunta participación de dos de las víctimas en el magnicidio del candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado´ese mismo año. Según Yessika, los comparecientes reconstruyen la masacre como si fuera “una casualidad” y no algo planeado por mandos más altos.

“Dicen que detienen a los jóvenes para intentar establecer quiénes más hacían parte de la red [de las FARC], que se los llevan a un lugar en Bosa [en Bogotá] que no recuerdan dónde es. Pero que allá nunca los torturan, solo que a uno se le fue la mano y le pegó una patada a uno y le reventó la boca. Que, cuando se dieron cuenta, pensaron en que no los podían soltar. Que ahí decidieron llevárselos a Mondoñedo, que allí los asesinan y que de pronto alguien tenía gasolina en el carro”, relata la abogada con un tono irónico.

El CAJAR ha rechazado los testimonios de los condenados. Yessika, que tomó la representación cuando el caso pasó a la JEP en 2018, ha solicitado a los magistrados que los comparecientes sean expulsados de la jurisdicción especial si no dan más datos. “No puede ser que, después de la condena y de años de aguantar amenazas y exilios, se acojan a la JEP, queden libres y no cuenten la verdad. Hemos defendido la justicia transicional, pero no puede ser una burla para las víctimas”, afirma en uno de los pocos momentos en los que se la ve enojada durante la entrevista.

Lo que es evidente, sin embargo, es que hablar de la masacre es peligroso. Existe el precedente del subintendente William Chitiva, que fue asesinado junto a sus hijos unos años después de reconocer su participación en la masacre y de señalar que sí fue un acto organizado y premeditado. “Este caso siempre ha tenido muchas amenazas porque aún no se sabe la verdad sobre los determinadores del crimen”, comenta Yessika. “Mi hipótesis es que detrás de esta masacre hay personas que llegaron a altísimos cargos en la Policía y que no quieren que se sepa que estuvieron detrás de Mondoñedo”.

“Vemos que sigue ayudando”

La última amenaza no es la primera que Yessika recibe por la masacre de Mondoñedo. Ya en 2021 y en 2022 había recibido mensajes similares e incluso había sido víctima de un ingreso irregular en su vivienda. Por eso el CAJAR la apartó hace unos años de la representación de víctimas, que quedó a cargo de un colega. Pero, aun así, las intimidaciones se mantienen. Los agresores le han hecho saber que saben que mantiene contacto con Alfonso Mora, un hombre de más de 80 años que aún lucha por “saber la verdad” sobre qué pasó con su hijo asesinado en 1996. “Vemos què sigue ayudando a ese guerrillero hp en girardot de alfonso [sic]”, se lee en el texto del 22 de enero.

La idea ahora es apartarse más del caso y firmar menos documentos. Pero hay poco más que se pueda hacer. La denuncia en la Fiscalía seguramente no prosperará: la mayoría de las amenazas apenas se investigan en unidades saturadas y quedan en la impunidad. La vida de Yessika sigue su curso normal, que incluye las precauciones que tiene desde la época en la que las amenazas se dirigían a su padre.

El exilio no es una opción. Yessika piensa igual que su papá, que durante años se resistió a la idea porque “implicaba dejar el territorio, la familia, los sueños y los proyectos”. Prefiere ser optimista respecto a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro y los avances ya existentes gracias a los acuerdos de paz de 2016 y la JEP —en los casos en los que sí hay revelaciones—. Asegura que no ha pensado hasta dónde está dispuesta a llegar. “Espero no tener un límite, espero que esto cambie. Quiero seguir pensando que puedo seguir en este país”, comenta.

—Un poco como pensaba su papá.

—Sí, no sé... [duda]. Pero, pues, no... no quiero que se repita la misma historia de mi papá. Yo estoy acá en esto por la vida, no por la muerte. Estoy acá incluso por su vida, por sus sueños de que hubiera de verdad justicia social.

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