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PATRICIA LINARES | PRESIDENTA DE LA JEP

“Somos un tribunal de paz con vocación de reconciliación”

"Desconocer los acuerdos de paz es complicado, porque son de Estado, no de Gobierno", afirma la magistrada colombiana

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ampliar foto
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Prensa JEP

Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC. La elección de Iván Duque el 17 de junio cuestiona el futuro de ese tribunal por la voluntad del nuevo presidente de modificar algunos aspectos de lo acordado con la antigua guerrilla. Su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, trata de frenar en el Congreso la norma que regula el funcionamiento del organismo, que comenzó a operar en marzo. En este contexto, Linares comenzó el domingo una gira para fortalecer relaciones con Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, la Corte Penal Internacional de La Haya, la Corte Suprema de Justicia de Noruega y con Dolores Delgado, ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez en España.

“Esto fue construido con filigrana, en detalle, es producto de una negociación”, subraya Linares, quien pese a las voces críticas con los acuerdos confía en la solidez de la JEP, amparada por la Constitución. Esta magistrada ya se reunió con el presidente electo, que ha prometido “corregir” el proceso de paz, rechazado por un estrecho margen en el plebiscito de 2016. Los mensajes de Duque, que recogerá el testigo de Juan Manuel Santos en agosto, fueron “constructivos y tranquilizantes”, relata Linares, pero atender esos reparos implicaría una reforma constitucional que en Colombia tarda un mínimo de dos años. “Yo en lo político no me meto”, aclara Linares, aunque la institución que preside se encuentra en el centro de una disputa de carácter político. “Hay una ley que está avanzando, es necesaria”, señala. “Nosotros estamos tranquilos, porque cualquier modificación tendrán que darla dentro de los cauces democráticos. ¿Es imposible reformar el sistema? No, claro que una reforma constitucional es posible”, explica. No obstante, coincide con los argumentos de Santos cuando este afirma que "la paz es irreversible”. “Desconocer los acuerdos, pues, yo lo veo más complicado, porque son unos acuerdos de Estado, no es un acuerdo de Gobierno, y acarrea obligaciones de carácter internacional para el Estado colombiano”, defiende.

Las víctimas, el centro de la jurisdicción

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es el primer sistema de justicia transicional de Colombia. De hecho, aprende las lecciones de otro, llamado Ley de Justicia y Paz, diseñado para desmontar los grupos paramilitares durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que estuvo en el poder durante dos mandatos entre 2002 y 2010. Ese ensayo, apunta Patricia Linares, “tuvo el gran inconveniente y el gran obstáculo de prácticamente tener que acotarse a la mera versión del victimario”. En la JEP, en cambio, “va a dar su versión, va a confesar sus delitos, va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez ha obtenido, analizado y sistematizado”.

También asegura que la JEP puede seguir funcionando sin reglamento. “No es que nos inventemos las normas. Si en materia estrictamente penal no encontramos una norma concreta para una situación, acudimos a la norma general”, asegura. Sin embargo, reconoce que “hay mucha inquietud para que se produzcan decisiones prontas en todos los ámbitos”. “Una de las propuestas que presenta el presidente electo es que hay que crear una sala especial para militares”, prosigue a modo de ejemplo. “La sala como tal existe, que da un trato diferenciado, aunque simultáneo a los otros miembros [las FARC]”.

La JEP, cuyos jueces fueron elegidos por una comisión independiente de expertos internacionales, “es un tribunal de paz, un tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa”, continúa Linares, preocupada por que la sociedad colombiana, dividida sobre los acuerdos, entienda su propósito y la centralidad de las víctimas. “Es un tribunal que tiene todas las garantías que ordena la Constitución para un proceso judicial, pero con la vocación hacia la reconciliación. Aquí lo que van a encontrar son jueces y magistrados plenamente dispuestos con sus tareas, que se fundamentan en la necesitad de paz, pero satisfaciendo los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Van a encontrar compromiso democrático pleno, sometimiento a la Constitución y a la ley y el modelo de centralidad de las víctimas”.

La magistrada solo pide que se termine el trámite de la ley de procedimiento. “Hay ataques que no son admisibles en un marco democrático a jueces”, dice en referencia a la estigmatización de algunos sectores. Y recuerda la importancia de la comunidad internacional para el desarrollo de la paz. “El apoyo no solo será, sino que ha sido fundamental para que el proceso haya prosperado. Y viene una etapa en la que este apoyo necesita que se refuerce”.