La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica

Más de 30 años de litigio, de espera, culminaron este lunes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 integrantes y militantes de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que surgió de unas negociaciones de paz entre el Gobierno y la ya desaparecida guerrilla de las FARC, y que fue eliminado a punta de violencia en los años 80 y 90 del siglo XX.

“El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (“UP”) a partir de 1984 y por más de veinte años”, indica la Corte IDH. Con esas palabras zanjó una controversia jurídica que tenía empantanado el proceso. El Estado colombiano había aceptado parcialmente su responsabilidad en estos hechos, pero había una controversia por el “universo de víctimas”. Solamente había hecho reconocimiento internacional sobre hechos que afectaban a 219 víctimas, pero no acerca de las 6.000 que se han documentado.

Las diferencias también radicaban en si la responsabilidad del Estado era indirecta. En su condena, la Corte IDH ha dicho con claridad que “de los hechos que vulneraron las obligaciones internacionales, se superponen formas responsabilidad directa que se desprenden tanto de la participación directa de agentes estatales y de actores no estatales”; que esto ocurrió en diferentes momentos de los hechos de violencia contra los integrantes de la UP; y que hubo “diversos mecanismos de tolerancia, aquiescencia y colaboración para que éstos sucedieran”, según indica el comunicado.

La UP nació en 1985 de las negociaciones de paz frustradas entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur. Rápidamente comenzaron a tener una presencia política fuerte en todo el territorio nacional y en 1986 llegaron a tener 15 parlamentarios. Pero al mismo tiempo arreció la violencia paramilitar contra ellos. Hoy se sabe, y lo confirma la CIDH, se trató de una “alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales” que se unieron para aniquilarlos. Dos candidatos presidenciales de su formación política, Jaime Pardo Leal y su sucesor, Bernardo Jaramillo, fueron asesinados en los años 80.

La violencia contra ellos no solo fue física sino que también acabó las posibilidades de asociación como grupo político. En esta condena la Corte IDH afirma que también les violaron el reconocimiento a la personería jurídica. En 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) les retiró la personería al no conseguir curules suficientes. Era imposible, sus candidatos habían sido asesinados. En 2013, el CNE revertió esa decisión y en 2015 participaron de nuevo en elecciones. Hoy mantienen la personería y son parte de la coalición de izquierdas llamada Pacto Histórico.

Algunos de los sobrevivientes y familiares de los asesinados han reaccionado a la condena. La actual ministra de cultura, Patricia Ariza, quien perteneció a esta formación política, dijo que era un día memorable. “Soy sobreviviente y llevo en mi corazón a todos los asesinados. La memoria, la justicia y el afecto hacen parte de la reparación”, escribió.

Algo similar al senador Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda fue asesinado. “Es una sentencia que, sin lugar a dudas, hace justicia a tres décadas de lucha y que se constituye en un precedente para que no se vuelva a producir un genocidio político en Colombia”, dijo a través de un video y recordó que la condena dicta una serie de medidas de reparación.

Entre ellas, la Corte IDH asegura que se deberá impulsar, en un plazo no mayor de 2 años, investigaciones que esclarezcan la verdad de estos crímenes, realizar una búsqueda de los desaparecidos; dar tratamiento médico y psicológico a las víctimas que lo soliciten y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado también deberá crear un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica, construir un monumento en memoria de los asesinados y poner placas en al menos 5 lugares públicos para recordarlos. El Tribunal también ordena que se haga un documental “sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica” y foros académicos que se centren en la estigmatización que han sufrido estos militantes.

Además de esas actividades, el Estado tendrá que informar a l CIDH cómo va a proteger o mejorar los mecanismos de protección existentes a dirigentes de la UP; y finalmente pagar las “cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales”.

El ministro de justicia Néstor Osuna dijo que acatarán el fallo. “La sentencia de la Corte Interamericana de DH sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser, nunca más”, aseguró.

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