La Unión Patriótica, del cementerio a las urnas en Colombia

Aquel atasco en la carretera marcó la vida de Aída Avella durante “17 años, 6 meses y 4 días”. Lo repite como si se tratase de la sentencia condenatoria de un juez, pero quienes iban en aquel vehículo del que asomaba un bazuca, y que también descerrajaron más de 40 disparos contra su coche lo que querían era matarla. Aquel 17 de mayo de 1996 esta política de izquierda, presidenta de la Unión Patriótica, decidió exiliarse. Regresó a Colombia hace dos años, de nuevo al frente del partido que nació en 1985 de las negociaciones de paz frustradas entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur; la formación que este domingo volverá a tener presencia en las urnas, después del asesinato de más de 3.000 integrantes por grupos paramilitares, incluidos dos excandidatos presidenciales.

El regreso de la UP no va a suponer un vuelco en el tablero político colombiano, pero tiene una gran carga simbólica. En 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) les retiró la personería jurídica al no conseguir curules suficientes. Era imposible, sus candidatos habían sido asesinados. En 2013, el CNE revertió esa decisión. Este domingo optarán a alcaldías o gobernaciones, caso de Imelda Daza, en el Cesar, después de 26 años en el exilio. La vuelta de la UP ha recibido el respaldo de muchos sectores de la población, periodistas, intelectuales que, más allá de respaldarles con su voto, valoran el mero hecho de que puedan regresar a la vida política.

“Volví por la paz, ver la luz en el largo túnel de la violencia es algo que anima a cualquiera”, asegura Avella, quien aún se tiene que mover con escoltas y denuncia la persecución que sufren algunos de los candidatos de su partido en zonas del país con menos eco que Bogotá, donde ella aspira a un puesto en el Concejo. Regresó a Colombia el año pasado y formó parte de la candidatura presidencial de Clara López, hoy aspirante a la alcaldía de Bogotá, como vicepresidenta. Hasta entonces, vivió en Ginebra, compatibilizando un trabajo con el activismo por los derechos humanos y de los trabajadores. “Me sacaron, pero nunca me fui de Colombia”, zanja.

Los integrantes de la UP sufrieron desde el inicio la persecución de grupos paramilitares. La violencia se acentuó cuanto más crecían políticamente. En 1986 llegaron a tener 15 parlamentarios. Cuando se le pregunta por el peor momento para el partido, Avella no deja de enumerar capítulos siniestros, como el de la masacre de Segovia, en noviembre de 1988, cuando los paramilitares asesinaron a 43 integrantes de la UP e hirieron a otros tantos. O el asesinato de dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Lea y su sucesor, Bernardo Jaramillo… “Hubo un tiempo en que la militancia la teníamos que hacer en los cementerios, todas las semanas íbamos al menos un par de veces”.

Con la vuelta a las urnas vuelve a aflorar la controversia de si la UP es o no el brazo político de las FARC. “Nació para la paz, de unos diálogos”, asegura Avella, que recuerda que Iván Márquez, el jefe negociador de la guerrilla en el proceso de paz de La Habana fue elegido para la Cámara de Representes por la UP en 1986. Cuando comenzó el exterminio de sus militantes, los que provenían de la guerrilla volvieron al monte. El resto, militantes que venían del Partido Comunista o de organizaciones sindicales, trataron de seguir haciendo política. Unos 3.000 fueron asesinados.

Sobre la incorporación de las FARC a la política en caso de firmar la paz con el Gobierno, Avella considera que la guerrilla “piensa montar una formación distinta a la UP”, aunque es partidaria de grandes alianzas en torno a políticas sociales y de izquierda. Categórica, sí rechaza los vínculos con los guerrilleros: “No se puede insinuar que somos el brazo político de un grupo armado porque nos pueden volver a matar”.