Luz Adriana Camargo es la nueva fiscal general de Colombia

Colombia tiene una nueva fiscal general. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinaron este martes que Luz Adriana Camargo ocupará el lugar de la interina Martha Mancera, quien lleva un poco más de un mes en el cargo tras reemplazar a Francisco Barbosa, su antiguo jefe. En una sesión extraordinaria convocada solo para tomar la decisión, y enmarcada por la renuncia minutos antes de una de las ternadas, Amelia Pérez, 18 de los 23 magistrados se decantaron por Camargo. Le corresponde ahora a la nueva fiscal liderar una poderosa institución con una robusta burocracia —cerca de 23.000 funcionarios— y cuya principal misión es adelantar investigaciones penales y acusar de delitos ante jueces y tribunales. El reto que se aproxima por los próximos cuatro años no es sencillo. En medio del frenesí político que se generó en los últimos 19 meses por los enfrentamientos entre Barbosa y el presidente Gustavo Petro, hay una compleja realidad del país alrededor del crimen y la impunidad que merece ser atendida con urgencia.

Camargo fue la última abogada en entrar a la terna. Reemplazó a la exfiscal Amparo Cerón, a quien el presidente retiró de su baraja luego de que surgieran cuestionamientos sobre la forma en la que manejó la investigación penal del escándalo Odebrecht. La nueva fiscal estudió Derecho de la Universidad de La Sabana, prestigioso centro académico ubicado a las afueras de Bogotá y de propiedad del Opus Dei. Su reconocimiento como fiscal se remonta a las investigaciones que adelantó en la primera década del siglo sobre el fenómeno de la parapolítica, como magistrada auxiliar de la Corte Suprema, y a su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG). En ambas ocasiones se desempeñó cerca del hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.

A raíz de sus gestiones en el país centroamericano, en donde llevó a cabo pesquisas acerca de distintos esquemas de corrupción, las autoridades guatemaltecas abrieron causas judiciales en contra de ambos. “Es un caso que no tiene pies ni cabeza”, señaló en ese momento Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de Human Rights Watch, en diálogo con EL PAÍS.

La nueva fiscal general formó parte del equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el homicidio de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros de la redacción del diario ecuatoriano El Comercio, que tuvo lugar en la frontera colomboecuatoriana en marzo de 2018. El crimen fue responsabilidad del grupo ilegal que se denominaba Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las extintas FARC, que en ese entonces era liderado por Walter Arizala, alias Guacho, quien fue abatido en diciembre de ese mismo año.

La llegada de Camargo a la Fiscalía parece cerrar un proceso lleno de tensión entre el Gobierno Nacional y la Corte. El presidente Petro era partidario de que la nueva fiscal fuera elegida antes del pasado 12 de febrero, cuando Barbosa cumplía su cuatrienio. La Constitución ordena al mandatario seleccionar tres candidatos al cargo y posteriormente notificar a los magistrados, sobre quienes recae la decisión final. El presidente elaboró una primera terna en agosto y la modificó con la inclusión de Camargo el 25 de septiembre, con antelación suficiente para que los magistrados estudiaran los perfiles de las abogadas opcionadas, las entrevistaran y, en general, surtieran el procedimiento requerido antes de la salida de Barbosa. Acompañando a Camargo en su postulación estaban Ángela María Buitrago y Amelia Pérez. Nunca antes la terna había sido conformada solo por mujeres.

A medida que se acercaba el 12 de febrero, aumentaba la incertidumbre sobre cuánto tardaría la Corte en escoger a la nueva fiscal. Antes de esa fecha, la Sala Plena se había reunido en dos ocasiones sin poder llegar a un acuerdo; el voto en blanco siempre ganaba. La fallida elección despertó el afán del Gobierno y de la izquierda, que querían evitar a toda costa que la vicefiscal Martha Mancera, mano derecha de Barbosa, tomará interinamente las riendas de la entidad. Desde que Petro asumió la jefatura de Estado, Barbosa se mostró como la cara visible de la oposición, reprochando abiertamente sus políticas y llamándolo “dictador”, por lo que la provisionalidad de Mancera era vista como una extensión de esa incómoda situación.

El jueves 8 de febrero era la última oportunidad que había para elegir antes de que Barbosa entregara el mando a Mancera. Ese día, diferentes sindicatos afines al Gobierno convocaron marchas y plantones al frente de las instalaciones de la Fiscalía y la Corte, en Bogotá. El objetivo era claro, exigir que no se dilatara más la elección. Miembros de la bancada oficialista del Congreso y del Gabinete se pronunciaron en el mismo sentido. Sus buenas intenciones, sin embargo, terminaron empañadas. La jornada se salió de control. Dos días antes, en la Casa de Nariño, el presidente Petro recibió a Gerson Chaverra y Octavio Tejeiro, presidente y vicepresidente de la Corte, para garantizarles que su Administración no estaba interesada en presionar la elección de una nueva fiscal. “Un gobierno progresista no atacará la justicia pero sí a la impunidad”, publicó el mandatario en su cuenta de X. Sus palabras fueron omitidas por una pequeña porción de sus seguidores que acudieron a la marcha.

Una vez se difundió la noticia de que ninguna de las ternadas había obtenido el apoyo de la mayoría de 16 magistrados, un grupo de manifestantes bloqueó la salida del Palacio de Justicia, en donde funcionan la Corte Suprema y los otros tribunales de la cúpula de la Rama Judicial. Si bien algunos protestaban pacíficamente con pancartas y proclamas en contra de Barbosa y Mancera, otros golpeaban la reja de seguridad que los separaba de los escoltas y policías que custodiaban el interior del edificio. Fue necesaria la intervención de las autoridades, que esparcieron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, para que los vehículos que transportan a los magistrados pudieran salir sin inconveniente. Los hechos fueron calificados de “bloqueo a la Corte” por la opinión pública y despertaron la solidaridad de otras cortes —Corte Constitucional, Jurisdicción Especial para la Paz y Consejo Superior de la Judicatura—, que expresaron su rechazo a cualquier tipo de intimidación al Poder Judicial.

Ese ambiente hostil parecía aumentar con la dimisión de Pérez a la terna este martes, pero se disipó pronto con el anuncio de que Luz Adriana Camargo dirigirá la Fiscalía. Su elección es la historia de una remontada. En la votación del 22 de febrero, Amelia Pérez era la que más cerca había estado de obtener los 16 votos requeridos para ser investida como fiscal. Luego, en la sesión del 7 de marzo y después de que una serie de publicaciones en X del esposo de Pérez afectaran su candidatura, Camargo la superó y tomó el liderato. Con 18 votos, quedó muy por encima de Buitrago, quien tuvo 2 apoyos, y de la renunciada Pérez, quien sumó 1.

La tarea que tiene al frente la nueva fiscal general no es fácil. Si bien fue ternada por el presidente, la Fiscalía es independiente del Ejecutivo. Una autonomía que será puesta a prueba, ya que la institución acusó recientemente a Nicolás, el hijo mayor del primer mandatario, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En paralelo está el proceso en contra del expresidente de derecha Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Su antecesor Barbosa fracasó tres veces en su intento de convencer a la justicia de precluir el caso. Todo eso en paralelo con decenas de miles de noticias criminales que se presentan todos los años.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.