La Corte Interamericana condena a Colombia por la persecución al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado este lunes a Colombia por la persecución desde los años noventa al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización que denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha establecido que varias entidades estatales hicieron actividades de inteligencia contra los integrantes del CAJAR y entregaron esa información a grupos paramilitares que luego amenazaron a los defensores de derechos humanos. “El Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas”, ha declarado el tribunal.

La sentencia determina que el Estado violó 14 derechos: a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos. La máxima corte de derechos humanos de América establece que Colombia deberá cumplir con medidas como investigar los hechos de violencia, depurar los archivos de inteligencia en los que aparecen los integrantes del CAJAR, pedir disculpas de forma pública, hacer un documental sobre la importancia de la labor de los defensores y reparar a las víctimas.

La vicepresidenta del CAJAR, Jomary Ortegón, destacó durante una declaración posterior a la lectura de la sentencia que la decisión reconoce que la vulneración del derecho a la vida “no solo ocurre con un asesinato”. “El hecho de estigmatizar y perseguir ya de por sí pone en riesgo a la vida”, señaló. También resaltó la mención al derecho de circulación y residencia y recordó que cuando ella entró al colectivo, en 2001, la mitad de la asamblea directiva estaba en el exilio.

Los integrantes del colectivo celebraron la condena en un acto en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá. Miembros del CAJAR, exintegrantes, familiares y representantes de otras organizaciones mantuvieron el silencio mientras el vicepresidente de la Corte IDH, el jurista brasileño Rodrigo Mudrovitsch, leía el fallo en una transmisión desde Costa Rica. Apenas terminó, los participantes del acto irrumpieron en aplausos y abrazos para celebrar la culminación de un proceso judicial que inició hace 22 años. Después, se tomaron fotografías con una camiseta que celebraba “el derecho a defender derechos”.

Una de las víctimas que celebró la decisión fue Soraya Gutiérrez, cuyo caso fue uno de los que estudió la Corte. En 2005, recibió una muñeca quemada y descuartizada, pintada con esmalte que simulaba sangre. Estaba acompañada de una nota: “Usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique”. Para Gutiérrez, que había sufrido un atentado dos años antes, el mensaje fue claro. “Llegó desde una dirección donde viví en la infancia. Con muchos datos, me querían decir que sabían todo de mi vida”, recuerda.

Gutiérrez explica que el CAJAR se fundó en 1978, como reacción a la política represiva del Gobierno de Julio César Turbay, con un Estatuto de Seguridad que reflejaba la mirada anticomunista que se campeó por América Latina durante la Guerra Fría. Esas normas permitían el juicio de civiles por tribunales militares, lo que llevó a que decenas de líderes sociales fueran acusados de ser guerrilleros encubiertos. “Nos convertimos en el enemigo interno por levantar la voz y denunciar al Estado y a sus fuerzas militares, por decir que los paramilitares fueron creados como una forma de reprimir a los movimientos sociales”, comenta la abogada, que fue presidenta del CAJAR en la década del 2000. “Siempre asumimos la defensa de víctimas de crímenes de Estado y lo seguiremos haciendo, porque se supone que el Estado es el garante de derechos y tiene obligaciones de proteger la vida”, agrega.

Reinaldo Villalba, por su parte, señala que el colectivo ha evidenciado los abusos del Estado en varios casos. Recuerda especialmente las denuncias por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Álvaro Uribe (2000-2008), el trabajo para que el exterminio de la Unión Patriótica se reconociera como un genocidio político y la identificación de los vínculos entre los paramilitares y la fuerza pública en la masacre de La Rochela (1989). “Evidenciamos que el paramilitarismo era una estrategia del Estado para imponer modelos políticos y económicos y para ocultar su responsabilidad directa en masacres, desplazamientos forzados, asesinatos y otras graves violaciones de derechos humanos”, subraya.

Florencia Reggiardo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cuenta que la persecución tomó diferentes formas a lo largo de las décadas. En los noventa, consistía mayormente en amenazas a los miembros del CAJAR y en el envío de cartas de pésame a la familia como si la persona hubiera fallecido. Después, comenta que el Estado comenzó a hacer señalamientos públicos para desprestigiar al CAJAR y quitarle credibilidad. Reggiardo recuerda que el expresidente Álvaro Uribe describió al colectivo como “el brazo jurídico de las FARC” y que eso implicaba “órdenes implícitas” de atacar a sus miembros. En la actualidad, persisten amenazas que quedan en la impunidad: la actual presidenta del colectivo, Yessika Hoyos, recibió varias en los últimos años por su trabajo con víctimas de la masacre de Mondoñedo (1996).

Derecho a defender los derechos humanos

La decisión de la Corte IDH de condenar al Estado por haber violado “el derecho a defender los derechos humanos” causó especial satisfacción entre las abogadas que llevaron adelante ese proceso. Reggiardo fue una de ellas y comenta a este periódico que el equipo tuvo dudas sobre si incluir la violación de este derecho en las argumentaciones porque les parecía arriesgado. “Pensamos que no lo iban a contemplar. No es un derecho regulado en la Convención Americana y la Corte nunca había declarado su violación, aunque había declarado su contenido en otros casos”, remarca la abogada. “Era importante porque el Estado atacó e intentó extinguir al CAJAR por la labor que hacía”, añade.

La Corte aceptó el argumento y por eso los integrantes del CAJAR valoran que la sentencia pueda leerse como una protección para los defensores de derechos humanos en general. El fallo incluye obligaciones como implementar un sistema de recopilación de datos y cifras de violencia contra los defensores, adecuar los manuales de inteligencia para que cumplan con estándares internacionales y aprobar normativas que garanticen el acceso a la información que recoge el Estado. Villalba ve la sentencia como “una herramienta que extenderá sus efectos a todo el continente”. “La persecución contra defensores de derechos humanos es un tema generalizado en América Latina. Las doctrinas de seguridad nacional [de los años sesenta y setenta] han establecido que quienes denuncian los crímenes del poder son enemigos internos”, resalta.

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