Los bombardeos en los que murieron niños exponen las contradicciones de la izquierda y la derecha colombianas

El reciente bombardeo a un campamento de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, en el que murieron siete menores de edad en el departamento amazónico del Guaviare, ha puesto al presidente Petro en el centro de un intenso debate político. Se le señala sobre todo su giro de cero tolerancia a los bombardeos en los que mueren menores, cuando era opositor, a justificarlos, ahora que es mandatario. No es, sin embargo, el único político en un lugar incómodo frente a este drama humanitario. En la otra esquina, la oposición y los sectores más conservadores del país, que hoy exigen explicaciones, poco pueden capitalizar mucho este momento porque varios validaron los bombardeos con presencia de menores ocurridos durante gobiernos de derecha. Mientras tanto, la izquierda, que ha ondeado la bandera de la defensa de los derechos humanos y exigió la renuncia de esos funcionarios pasados, ha optado por pronunciamientos menos contundentes contra los militares. La niñez, una vez más, queda en medio.

Uno de los funcionarios más cercanos al presidente, que bajó el tono de sus críticas a los bombardeos, es el ministro del Interior, Armando Benedetti. El mismo que en 2021, cuando tenía un escaño en el Senado de la República y hacía oposición al expresidente Iván Duque, promovió una moción de censura contra el exministro Diego Molano por el bombardeo de 11 menores de edad en la misma región del país, el departamento del Guaviare. “Parece que estuviésemos perdiendo la guerra porque hacemos cosas peores que los criminales”, escribió entonces en su cuenta de X. Cuatro años después, como ministro del Interior, no ha sido tan vehemente.

“Me acojo a lo que dice el señor presidente”, afirmó el ministro en una intervención el miércoles en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes. “Si ellos [los guerrilleros disidentes] supieran que nunca se va a bombardear porque hay menores de edad, pues va a ser mucho más fácil el trabajo de ellos de decirle a la inteligencia de las fuerzas militares que sí hay menores de edad, para cubrirse. Puede ser perverso lo que estoy diciendo, pero hay otra realidad mucho más perversa”. Sus palabras, menos contundentes que antes, se sumaron a la lista de políticos que ha intentado respaldar al presidente justificando el ataque. Según Benedetti, Colombia no tiene la tecnología para ataques más precisos, añadió, dos argumentos en defensa que no tenía en la mesa cuando se enfrentaba a Molano desde la oposición.

En una situación similar quedó el entonces senador Roy Barreras —hoy precandidato cercano al oficialismo—, quien también fue determinante en la moción de censura contra el primer ministro de Defensa de Iván Duque, Guillermo Botero, al revelar ante el Congreso que seis menores de edad murieron en una operación militar en 2019. “Colombia necesita un ministro de Defensa y no un ministro de guerra, agente político de la ideología del enemigo, como lo fue Botero”, dijo entonces. Barreras sostuvo, antes de que el Gobierno lo admitiera, que entre las víctimas había niños, con base en un estudio forense.

Esta vez, Barreras volvió a lamentar la muerte de los menores. Pero, como otros sectores de la izquierda, ha puesto más énfasis en el drama del reclutamiento infantil por parte de las disidencias que en la operación militar en sí. “Hay que combatir a los criminales”, escribió en sus redes. También aclaró que hace seis años no dijo que había que eliminar los bombardeos, sino que “hay que hacerlos con precisión quirúrgica”, en respuesta a una entrevista en la que Guillermo Botero —el ministro de Defensa en 2019— lo cuestionó por no ser igual de crítico ahora. Hasta el momento Barreras no ha pedido la salida del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Iván Cepeda, el candidato oficial del petrismo para las elecciones de 2026, fue una de las voces más críticas del bombardeo en 2021 en Guaviare, en el que murieron varios menores de edad durante la operación ordenada por el entonces ministro de Defensa, Diego Molano. Desde el Congreso, el senador advirtió que los niños reclutados por grupos armados son víctimas del conflicto y que el Estado, al adelantar operaciones sin verificar su presencia, los revictimiza. “Si se confirma que niños y niñas fallecieron … y usted tenía conocimiento previo, lo denunciaré por graves infracciones al DIH“. La posición del ahora candidato no es igual de férrea a la que tenía cuando era oposición. Aunque rechazó el bombardeo cometido en este Gobierno, no exigió, como años atrás, la salida de Pedro Sánchez de su cargo.

Katherine Miranda, congresista de oposición, es quien ahora le pide a la izquierda, especialmente Cepeda, que tenga una postura más dura frente a las denuncias. “Querido Iván Cepeda, te invito a que juntos denunciemos al presidente Petro y al ministro Pedro Sánchez por graves violaciones al DIH. La coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno”, le dijo. El tema es delicado para el candidato, que lleva su vida entera en una lucha por la defensa de los derechos humanos.

Hay algunos en la izquierda que sí han hecho cambios más drásticos. La visión del senador oficialista Wilson Arias, por ejemplo, ha dado un giro frente a lo que sostuvo en 2021, cuando cuestionó con dureza a Diego Molano y señaló que el Estado tenía la obligación de protegerlos incluso en medio de operaciones militares. Hoy, aunque el senador condena la muerte de los niños en el bombardeo ordenado por Petro, matiza su posición al retuitear mensajes que insisten en que existe una diferencia sustancial entre la operación actual y la de hace cuatro años. En una publicación de su cuenta de X, resposteó un mensaje en el que ahora “se atacó a un grupo de combatientes en pie de lucha”, mientras que en 2021 el operativo se realizó “sobre un campamento donde los menores dormían”. Su postura, antes centrada en la responsabilidad del Estado sin matices, ahora introduce distinciones.

Pero los dilemas políticos también existen en la derecha, sobre toda aquella que defendió a los ministros de Duque cuando hubo bombardeos en los que fallecieron menores. Si bien pueden señalar el doble racero del petrismo, exministros como Botero defienden el accionar del actual ministro de Defensa. “La fuerza pública en este caso y en el anterior y en todos los otros casos ha actuado con toda la contundencia y con toda la precaución”, dijo Botero a Noticias Caracol, un vuelco político cuando un representante icónico de gobierno de Duque defiende el accionar del ministro militar del petrismo.

Una de las que están en esa situación es la precandidata presidencial y senadora Maria Fernanda Cabal, del partido uribista Centro Democrático. “Lo que acaban de hacer ustedes en el Guaviare en el bombardeo ¿no fue un crimen de guerra? Siempre hay un trino”, dijo, señalando una hipocresía de Petro, al recordar un mensaje del entonces senador, en 2019, llamando un crimen de guerra al bombardeo en el gobierno Duque en el que murieron menores. Pero más allá de eso, no se ha ido contra el ministro de Defensa. Ella misma, entonces del partido oficialista, compartía mensajes que parecían exculpar los bombardeos en los que mueren menores.

El Centro Democrático, el partido liderado por el opositor al Gobierno, Álvaro Uribe Vélez, ha anunciado este miércoles que no apoyará la moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez. Un representante a la Cámara de esa colectividad, José Jaime Uscátegui, aseguró que era incoherente que “después de tres años de impunidad total, en los que le hemos pedido a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa que actúe, y ahora que lo hacen vamos a caerles encima como si fueran los malos del paseo”.

En el debate actual, la izquierda y derecha se encuentran en el incómodo momento en el que comparten versiones muy cercanas del mismo argumento: los dos alegan que, si se frenan los bombardeos por miedo a que haya menores, eso en realidad incentiva el reclutamiento de niños. En ese contexto, los extremos políticos terminan justificando acciones militares similares a las que antes reprochaban, bajo la premisa de que cualquier contención operativa podría fortalecer a las disidencias. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias insisten en que esa lógica normaliza la muerte de menores y desconoce las obligaciones del Estado de proteger a los menores, aún en medio de la guerra.