Katherine Miranda: “En este país hay que tomarse muy en serio las amenazas”

Katherine Miranda (Bogotá, 37 años) se ha cuestionado si vale la pena hacer política a cambio de poner en riesgo su seguridad. “Soy mamá de una niña de 8 años”, dice la congresista de la Alianza Verde. La última semana recibió una amenaza a su teléfono que la llevó a denunciar de una vez ante la Fiscalía. “Ojalá la maten y termine en una maleta descuartizada”, decía una parte del mensaje, que recordaba el brutal feminicidio de Valentina Trespalacios. Miranda lo entendió así y lo ve como una muestra de la revictimización que sufren las mujeres en un país “sumido” en la violencia machista. “No se trata solo de violencia política, se trata también de violencia de género. Me cuestiono mucho si vale la pena, en un país tan violento, estar en un escenario que prácticamente es masculino”.

La Fiscalía y la Policía tratan de investigar quién está detrás de los mensajes, pero la misma congresista reconoce que en Colombia es difícil rastrear las amenazas cuando han sido a través de un teléfono. “Una tarjeta SIM la compran en la calle, envían la amenaza y la destruyen. No hay una trazabilidad real sobre ese número. Una sola persona puede tener las líneas que quiera sin registrar un nombre ni una identificación”, explica la congresista.

“En este país las amenazas hay que tomarlas muy en serio. Me preocupa mi seguridad, pero sobre todo la intranquilidad que esto le genera a mi familia. Es absolutamente doloroso querer eliminar a otra persona solo porque piensa diferente”, dice Katherine Miranda, que aclara que su caso no es el único. Varios de sus colegas en el Congreso también han sido hostigados. En febrero, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro denunció que fue víctima de una amenaza de muerte que recibió en su teléfono, y el senador Iván Cepeda, del mismo partido, denunció que el Clan del Golfo había declarado en un panfleto objetivo militar a defensores de derechos humanos y al menos a cinco congresistas. “Nos llegan amenazas por todo lado, es una tristeza, pero el odio crece, lo enfrentaremos con respeto y sin miedo”, decía la senadora Pizarro a inicios de este mes.

El 8 de marzo, cuenta Miranda, recibió el último mensaje a su teléfono. Esta vez no le deseaban la muerte, pero la llenaban de insultos. La congresista se había equivocado, según explicó, en un dato que publicó sobre su declaración de renta y eso le costó ser acosada. Una vez más, la contactaron a su número personal de WhatsApp. “Ladrona. Rata. Hampona. Basura. Asquerosa rata”, le escribieron, entre otros insultos, según un pantallazo del chat que compartió en Twitter.

El presidente del Senado, Roy Barreras, que también ha denunciado amenazas, pidió cárcel para quienes estén detrás de los mensajes intimidantes a la congresista: “La unidad de delitos informáticos debe identificar la fuente y llegar al criminal lleno de odio. No todo el mundo merece el ‘perdón social’. Hay unos irredimibles que el Estado debe apresar”. Miranda fue la representante a la Cámara más votada de Bogotá en las legislativas de 2022 y este año fue designada para coordinar las discusiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso.

64 víctimas de violencia política

Un informe sobre violencia político-electoral de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dice que entre el 29 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, hubo 64 víctimas. 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron atentados y 43 fueron amenazadas. “En comparación con la violencia electoral sufrida en años anteriores, el número de víctimas de la violencia política permanece en una víctima cada dos días″, señala el informe de Pares, que recuerda algunos casos. El atentado contra la congresista Aida Quilcué en el Cauca. El asesinato del periodista y denunciante de corrupción Wilder Alfredo Córdoba, en Nariño. Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, en Suárez, Cauca.

“La violencia electoral sigue siendo una amenaza para las garantías de participación política y más en el Gobierno de Gustavo Petro, que tiene como bandera la política de paz total”, dice la organización, que considera “altamente probable” que la violencia se incremente a medida que se acerquen los comicios. El 29 de octubre serán las elecciones para gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales.

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