Amenazado de muerte el presidente del Congreso, Roy Barreras, por sus críticas a la ley de sometimiento a la justicia

La postura del presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, rechazando la posibilidad de que los de narcotraficantes acudan a la justicia transicional en lugar de a la ordinaria le está costando amenazas de muerte contra su familia. Así lo denunció en su cuenta de Twitter, donde publicó una imagen despidiendo a su hijo menor en el aeropuerto internacional de Bogotá. “En el aeropuerto despidiendo al último de mis hijos (14 años) que sale fuera del país igual que todos sus hermanos por razones de seguridad. Ahora puedo informar ya con mis hijos más seguros que toda mi familia está fuera del país y que pierden el tiempo con las amenazas de muerte”, escribió.

El senador, uno de los escuderos de Gustavo Petro desde la campaña presidencial, respaldó a la Fiscalía General de la Nación cuando ésta se negó a levantar varias órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo y Los Pachenca. El Gobierno pidió ese gesto como forma de avanzar en su política de la paz total, una ambiciosa negociación con todos los grupos armados ilegales para poner fin a las confrontaciones armadas. “Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en la justicia transicional. Los narcos y sus organizaciones deben ir a la Justicia Ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero eso exige una Ley que debe presentarse en extras”, sostuvo Barreras. Esa ley no existe todavía, por lo que el Congreso es fundamental para definir qué ocurrirá con los narcotraficantes en la paz total.

En sus mensajes de este viernes en redes sociales, el senador denunció intereses de intermediarios en el acercamiento entre el Gobierno y las organizaciones criminales, aunque no reveló identidades. “La ley de sometimiento que presente el gobierno puede ser generosa y ofrecer beneficios a cambio de desarticular bandas y lograr la paz para todos pero la Ley no se negocia con intermediarios de mala fe que además ofrecen lo que no pueden y hasta le hacen conejo a los propios narcos”, afirmó.

En una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, el pasado lunes, también se discutieron las denuncias de que algunos abogados estarían empleando maniobras ilícitas para que personas solicitadas en extradición por narcotráfico sean incluidas en las listas de gestores de paz de organizaciones al margen de la ley, para así lograr la libertad y eventualmente más beneficios judiciales. “El Presidente Petro respalda las acciones de la Fiscalía para esclarecer este asunto”, indicó el fiscal al término del encuentro.

Según Barreras, la Fiscalía ya imputó cargos a uno de los autores materiales de las amenazas en su contra. “Ahora me siento más tranquilo para poder fijar mi posición frente a los narcos de este país: no irán a la JEP. Deben ir a la justicia ordinaria”, insistió. Ni el Gobierno ni el organismo de investigación han hecho un pronunciamiento oficial sobre las denuncias del congresista.

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