La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC para administrar la justicia transicional de los delitos cometidos durante el conflicto armado, abrió el que es considerado hasta ahora el mayor proceso por las violaciones de derechos humanos que se presentaron en el país antes del primero de diciembre de 2016, año de la firma del acuerdo. El macrocaso denominado crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FACR-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano incluye 169.400 hechos como homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados y violencia sexual, entre otros, que todavía permanecen en la impunidad.

“Este es uno de los casos de mayor cobertura en el sentido que se extiende a todos los crímenes no amnistiables de las FARC, en una lógica más de actor armado que de delito individualizado”, explicó el presidente del organismo, el magistrado Eduardo Cifuentes. Hasta ahora, los integrantes de esta guerrilla habían afrontado la apertura de procesos por delitos específicos como el secuestro y las acciones en algunas zonas concretas del país, principalmente, de la región Pacífico.

Las investigaciones buscan reparar los derechos de las víctimas, ofreciendo verdad, justicia, reparación y no repetición. “Las víctimas hemos estado siempre en búsqueda de la verdad completa. Esa verdad es importantísima para poder sanar las heridas y el corazón. Es importante que no se vuelva a repetir este conflicto para poder construir un país en paz”, expresó Ángela María Ballesteros, una madre víctima del conflicto armado en el municipio de Roncesvalles (Tolima). La mujer, de 77 años, perdió a su hija, Ángela Yesenia Briñez, quien era personera de la localidad y fue asesinada el 11 de julio de 2002.

La Jurisdicción Especial para la Paz identificó tres patrones principales de crímenes, siguiendo las mismas lógicas o motivos, en el análisis sobre la forma de actuar de la antigua guerrilla. El primero de ellos, relacionado con delitos cometidos para ejercer control social o territorial. “Estos crímenes los llevaron a cabo contra personas desconocidas por los guerrilleros por ser foráneas a la región, así como contra campesinos de las zonas para regular su comportamiento y castigarla en casos de desobediencia, para vaciar el territorio de autoridades estatales y liderazgos políticos contrarios a su ideología y propósitos; todo esto con el fin dominar territorios considerados estratégicos militar y económicamente. El pico de estos hechos fue entre el 2002 y el 2007, en medio de la confrontación con paramilitares y con el Ejército nacional”, señala el tribunal de justicia transicional.

También se detectaron crímenes cometidos en medio de las hostilidades y la confrontación con otros actores como el ejército o grupos paramilitares, incluido el uso de métodos de guerra prohibidos en tomas guerrilleras a poblaciones civiles. Para ello, advierte la JEP, la guerrilla aumentó y diversificó su arsenal incluyendo armas no convencionales y de uso indiscriminado.

El tercer patrón está asociado a crímenes cometidos por redes urbanas en el que se advierte que “si bien las FARC-EP fueron una guerrilla campesina originaria de zonas de la expansión agrícola, a partir de su rápido crecimiento en la década de los noventa también incursionó en áreas urbanas, donde perpetró homicidios de civiles bajo modalidad de sicariato, atentados a personas y bienes civiles con explosivos”.

En este último están incluidas las víctimas del atentado contra el club El Nogal en Bogotá, uno de los más exclusivos de la capital colombiana, el cual dejó 32 personas muertas y 198 heridos en el año 2003. “Sentimos que finalmente nos tuvieron en cuenta. Hemos estado presentando pruebas desde 2018. Un crimen del tamaño del atentado a El Nogal, que ha sido el atentado urbano de mayor impacto a Bogotá y que puso en jaque a la capital, por parte de las FARC, tenía que ser tomado en consideración por parte de la JEP. El 80% de las víctimas eran empleados”, afirmó Bertha Lucía Fríes, líder del grupo de víctimas de ese ataque.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, una persona pudo haber sido víctima de varios de los cerca de 170.000 delitos atribuidos a la antigua guerrilla. Entre ellos, se incluye a 54.000 víctimas de desplazamiento forzado y 50.100 víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra como el uso de artefactos explosivos y hechos tipificados como terrorismo. Adicionalmente, 48.000 víctimas de homicidio, 15.000 víctimas de desaparición forzada y 2.300 víctimas de violencia sexual.

Participación masiva de víctimas, el gran reto

Tras la apertura de la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamará a rendir versión colectiva sobre los hechos a exguerrilleros de todos los frentes, y a versión individual a los comandantes de la antigua guerrilla, quienes ya han comparecido ante el tribunal por algunos de los delitos cometidos. “Los llamados a rendir versión deberán aportar verdad plena, detallada y exhaustiva sobre estos graves crímenes”, señaló la magistrada Belkis Florentina Izquierdo en la lectura del comunicado oficial sobre el caso.

Las versiones ante la JEP iniciarán cuando se resuelva uno de los más grandes retos que haya afrontado la justicia transicional en Colombia: la implementación de alternativas que permitan la participación masiva de las víctimas. Esta investigación agrupa 306 informes entregados por la sociedad civil en todo el país que no habían sido abordados en los primeros procesos abiertos, así como los informes de la Fiscalía sobre crímenes cometidos por las FARC durante el conflicto armado.

“Sin duda es el caso de mayor cobertura que hasta el presente ha decidido priorizar la Sala de Reconocimiento”, reconoció el presidente de la JEP. Para ello, se contempla emplear la figura de representación común como Organizaciones de Derechos Humanos, como se ha hecho en anteriores oportunidades, según explicó la magistrada Julieta Lemaitre, quien lidera las investigaciones sobre toma de rehenes y otras violaciones graves de la libertad.

Otro de los desafíos es el temor que todavía sienten algunas de las víctimas. “Aún persisten temores como: si hablo qué me pasa, no quiero revivir lo sucedido o el temor a represalias por parte de distintos actores. Ojalá sea posible preparar a las víctimas para que podamos acercarnos a estas salas y contar lo que nos pasó, que escuchen la tragedia que se vivió en este atentado y en las demás acciones que cometieron las FARC, en algunos casos, con participación de terceros”, precisó Bertha Lucía Fríes.

También la magistrada Marcela Giraldo reconoció el tamaño que se trata de un reto a nivel de país. “Este caso abarca la territorialidad de Colombia, distinto a otros en los que hemos estado concentrados en zonas específicas. Una de las prioridades que tenemos es atender el clamor de víctimas de varias zonas del país a las que hasta ahora no hemos podido llegar dada nuestra capacidad institucional, logística, técnica y humana”, señaló.

La Jurisdicción Especial para la Paz será la encargada de determinar cómo serán reparadas las víctimas y de investigar, juzgar y sancionar a los comparecientes. Para ello, se empleará la metodología de investigación macrocriminal, enfocando los esfuerzos en la agrupación de crímenes por patrones de hechos y en la identificación de los máximos responsables.

Los otros macrocasos

El macrocaso por los delitos no amnistiables cometidos por las FARC es el primero que se inicia desde 2019. Su apertura se adelantó, según la JEP, en respuesta a la orden de tutela emitida por la Sección de Apelación del Tribunal de Paz en el marco de la solicitud de las víctimas del atentado al club El Nogal.

Desde su creación tras la firma del acuerdo de paz, el organismo ha abierto otras siete investigaciones relacionadas con algunos de los hechos más graves del conflicto armado. Los casos que ya se investigan son la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos también como los “falsos positivos”; la victimización de miembros de la Unión Patriótica y el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

También se adelantan procesos por la situación territorial de los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca en el Pacífico colombiano, y de la región del Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó, territorios que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y que han sido epicentro de disputas entre grupos armados por su ubicación estratégica entre los océanos Atlántico y Pacífico para el tráfico de drogas y armas.

Adicionalmente, se tiene prevista la apertura de otros tres macrocasos: los graves crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado, los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos, y la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima en el marco del conflicto en Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz está conformada por 38 magistrados en tres salas de justicia y el Tribunal para la Paz. Se enfoca en los delitos más graves y representativos del conflicto armado. En particular, conoce de aquellos cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, estos últimos con participación voluntaria.

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