La justicia transicional en Colombia tiene un nuevo presidente

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema especial que desde 2017 es el encargado de juzgar a los máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC y del Estado por los grandes delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia, ha elegido hoy a su tercer presidente: el abogado y académico Roberto Carlos Vidal (Bogotá, 54 años).

A diferencia de sus dos antecesores, Eduardo Cifuentes y Patricia Linares, que tenían una larga trayectoria profesional en entidad es públicas como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, el perfil de Vidal es mucho más académico. Antes de la JEP, Vidal más de 20 años como docente y consultor en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y desplazamiento forzado. Tiene un doctorado en derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá, la institución de la que fue profesor desde 1997 hasta el 2017. También fue investigador en la Fundación Ideas para la Paz en Colombia, y de Brooklings Institution en Estados Unidos, por periodos más cortos.

La votación fue reñida en la mañana del martes entre los 38 magistrados que hacen parte de la JEP: antes de lograr elegir al ganador, hubo tres empates en las votaciones. Aunque Vidal contaba con el visto bueno de Cifuentes, casi la mitad de los magistrados se inclinaba por otro jurista, Camilo Suárez, quien fue funcionario durante 24 años en la Jurisdicción Penal Militar y magistrado de esa institución durante ocho años. Antes de la votación, varias organizaciones de víctimas —como el Movice, cercana al senador petrista Iván Cepeda—se oponían a que este tribunal de paz fuera dirigido por alguien que, consideraban, podría tener una mirada más cercana a los militares.

“Peligran los principios de competencia, independencia e imparcialidad que deben caracterizar a la administración de justicia”, decía otro de los colectivos de víctimas. La JEP investiga miles de crímenes de Estado. En 2021, el tribunal dijo que estimaba unos 6.402 casos de falsos positivos solo entre 2002 y 2008, como se llama a las ejecuciones extrajudiciales que cometieron miembros de la fuerza pública.

Finalmente Vidal, que es reconocido por facilitar el acceso de las organizaciones de víctimas a la JEP, ganó con 20 votos a favor, contra 17 a favor de Suárez, y 1 en blanco. “Soy un convencido de la centralidad de las víctimas y su participación en los procesos judiciales”, dijo Vidal al ganar la elección. “La Justicia Restaurativa debe desarrollarse y profundizarse en la Jurisdicción para que la labor judicial pueda dar respuestas a las múltiples demandas de las víctimas”. Además de Vidal, los jueces también eligieron a la magistrada Belkis Izquierdo como vicepresidenta de la JEP. Izquierdo, reconocida jurista del pueblo indígena Arhuaco, ha estado a cargo de investigar los crímenes de guerra en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, tres municipios costeros del departamento de Nariño al suroeste del país.

Vidal será el primer presidente que tiene la JEP que cuenta con el respaldo de un gobierno progresista. Los dos anteriores, Linares y Cifuentes, tuvieron que defender al tribunal de paz de los intentos de reforma que intentaron hacer el expresidente Iván Duque y su partido Centro Democrático, la derecha uribista. Lograron aún así avanzar en lo que se llaman los ‘Macrocasos’: investigaciones de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, como el secuestro, los falsos positivos, o el genocidio contra el partido político de izquierda Unión Patriótica. Este año la JEP comenzó a hacer audiencias públicas, en el caso de secuestro y falsos positivos, en las que los ciudadanos escuchan a militares y exguerrilleros admitir sus crímenes ante las víctimas.

Pero la JEP no ha llegado aún a la fase de condenar a los máximos responsables de la guerra. La institución se divide en dos grandes partes, las Salas de Justicia y el Tribunal Especial para la Paz. Las Salas, encargadas de las primeras etapas de los procesos, son las que están investigando los macrocasos, además de definir los indultos a quienes tienen delitos amnistiables y la situación jurídica de los máximos responsables del conflicto que ya tenían procesos judiciales abiertos.

En contraste, el Tribunal Especial para la Paz, donde Vidal es magistrado, aún no ha comenzado el proceso de imponer sanciones a quienes reconocen sus delitos y a quienes no lo hacen, pues solo lo puede hacer cuando los casos hayan avanzado. Por eso el reto del nuevo presidente de la JEP, además de permitir que sigan avanzando las investigaciones de las Salas, será comenzar a activar el Tribunal que tendrá la última palabra sobre el destino de los máximos responsables de medio siglo de guerra.

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