Un exmagistrado del Constitucional asume la presidencia de la justicia transicional en Colombia

Eduardo Cifuentes (Popayán, 1954), un experimentado jurista que hace décadas tuvo su bautizo de fuego como magistrado de la primera Corte Constitucional de Colombia, presidirá durante los próximos dos años la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. El también exdefensor del Pueblo releva a partir de este miércoles a Patricia Linares, la primera presidenta del tribunal que establece penas alternativas a la cárcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.

Abogado de la universidad de Los Andes de Bogotá –donde también fue decano de Derecho–, con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, el nuevo portavoz de la justicia transicional adquirió notoriedad como togado del inédito tribunal constitucional surgido de la nueva carta política de 1991, que llegó a presidir. Después de cumplir su periodo de ocho años, estuvo al frente de la Defensoría el Pueblo, encargada de promover los derechos humanos, donde creó el sistema de alertas tempranas que advierte de los riesgos que afrontan las comunidades. Hace tres años, una comisión independiente de expertos internacionales lo escogió como uno de los jueces de la naciente Jurisdicción Especial para la Paz, en la sección de Apelación, otro hito en su dilatada trayectoria.

“Eduardo Cifuentes es uno de los mejores juristas que tiene el país, un abogado que conoce muy bien las instituciones jurídicas fundamentales, es realmente una persona versada en el universo jurídico, que es algo que no es usual”, destaca Catalina Botero, decana de Derecho de Los Andes que trabajó a su lado como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional. “Su estilo es el de una persona sobria, conciliadora, rigurosa, éticamente incuestionable”, subraya.

“Es el sabio de la tribu en la JEP”, apunta el abogado Santiago Pardo, estudioso y divulgador de la historia constitucional. “Es uno de los magistrados con más experiencia judicial, bastante robusta en la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales. Su paso por la Corte lo define como un juez sabio y ponderado”, valora Pardo, coautor junto a la periodista Ana Cristina Restrepo de El Hereje, un libro sobre el fallecido Carlos Gaviria, otro de los magistrados de esa primera y recordada Corte encargada de abrir el camino constitucional. Además, destaca, el defensor del Pueblo como encargado de denunciar las violaciones de derechos humanos está en constante tensión con los poderes públicos, de manera que Cifuentes “sabe navegar en esas disputas”.

La JEP debe trabajar en medio de la polarización que ha caracterizado a Colombia. Cifuentes asume en un momento delicado para la justicia transicional, envuelta en constantes tensiones y puntos de fricción con el Ejecutivo de Iván Duque. A pesar de haber sido elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los acuerdos de paz, al mandatario le corresponde implementar un pacto que siempre ha contado con un sólido respaldo de la comunidad internacional. El tribunal de paz avanza a pesar de formidables obstáculos, a los que se ha sumado la pandemia, en un país que se propone reparar a más de ocho millones de víctimas de una guerra que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

La jurisdicción, junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas, conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, surgido de los acuerdos. El tribunal administra justicia restaurativa por medio de macrocasos –se han abierto siete hasta el momento– que requieren el análisis de voluminosa información. Los exguerrilleros han reconocido recientemente su participación en otros crímenes emblemáticos, como el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, que podrían derivar en la apertura de otros grandes procesos. En los próximos meses se esperan las primeras condenas en dos de los más graves y representativos, los relacionados con los mal llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales de civiles por integrantes de la fuerza pública para hacerlos pasar como bajas en combate– y los secuestros perpetrados por las FARC.

“Es una justicia que exige verdad completa y aceptación de responsabilidad. Si esto no se logra, respecto al conflicto que ha desgarrado a Colombia en los últimos 50 años, nuestro destino colectivo e individual será incierto e indigno”, declaró Cifuentes este miércoles durante su posesión. En su discurso convocó a un movimiento “ético y espiritual” por la paz. Como vicepresidenta asumió Alexandra Sandoval, una víctima de la toma del Palacio de Justicia en 1985, donde murió su padre, el también juez Emilio Sandoval. La magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto ha dedicado su carrera a la protección de los derechos humanos y ha sido coordinadora de la comisión de género en la JEP.

El acuerdo de paz en general, y la JEP en particular, han sido blanco de incesantes ataques por parte del expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque, y del partido de Gobierno. “Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana”, dijo el mes pasado el exmandatario en su primera declaración luego de que la justicia ordenara su libertad tras de más de dos meses de arresto domiciliario por un caso de manipulación de testigos. Duque ya se había propuesto en 2019 modificar la JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos, con una serie de objeciones que se estrellaron con una estruendosa derrota en el Congreso. “Resulta curioso que cuando la JEP comienza a descubrir verdad, comienza a descubrir fosas, comienza a hacer efectivos los derechos de las víctimas, sectores políticos busquen derogar la JEP. Es el temor a la verdad”, le dijo Cifuentes a un grupo de periodistas al finalizar el evento de posesión.

En otro reciente ejemplo de las tensiones con las que debe lidiar la jurisdicción, el presidente Duque exigió a los magistrados “sanciones ejemplarizantes” la semana pasada durante un encuentro internacional de justicia transicional en el que criticó al tribunal. El mandatario ya ha sido cuestionado por no respetar la independencia de poderes en su defensa irrestricta del expresidente Uribe. “La justicia está sujeta únicamente al imperio de la ley, y no al presidente de turno, a quien respetamos y de quien igualmente reclamamos respeto”, le respondió Cifuentes en sus primeras declaraciones.