La paz total contra el acuerdo de paz

Sorpresivamente el presidente Gustavo Petro, exdefensor del acuerdo de paz, resultó crítico del que acabó con un conflicto de 50 años, porque ahora le parece que quedó incompleto, que no incluyó temas como el conocimiento y que fue un error no hablar del modelo económico. No lo había dicho nunca, por lo menos en público.

La sorpresa es mayor si tenemos en cuenta que sus principales colaboradores en el Gobierno fueron protagonistas de la administración Santos, y en tal virtud hacedores del acuerdo con las FARC. Los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, partícipes de la guardia pretoriana que sirven de escuderos del presidente de la República. El ministro del Interior, Alfonso Prada. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. El embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera. Y desde luego el exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien hizo parte de la campaña presidencial de Petro en la segunda vuelta.

Reformar el acuerdo de paz con las FARC es buscarle las cinco patas al gato; sirve más bien para crear una “parábola” ―es decir: narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad o una enseñanza. ¿Cuál es esa verdad? La que se deriva de coincidir con el ELN en que se examinará el modelo económico: “Ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del acuerdo nacional, a mí me parece que tenemos que mirarlo”, dijo el presidente en Medellín. Criticar en Antioquia la paz del Gobierno de Santos es una venia al Centro Democrático―.

El columnista Thierry Ways, a propósito del vainazo de Petro, advirtió: “Como si las FARC hubieran sido el interlocutor y el escenario apropiado para discutir esos asuntos”. De haberse incluido ese tema del modelo económico en la agenda ―digo yo―, no habría sido posible el perfeccionamiento del acuerdo de paz. Sigamos con la parábola: la única manera de revisar el modelo económico que propone el ELN es con una asamblea nacional constituyente que se someta con rigurosidad a su paso por el Congreso Nacional. No es viable ni posible que una revisión del modelo se pueda perfeccionar en una conversación entre los delegados del Gobierno y la representación del grupo guerrillero en La Habana.

Tampoco se entiende por qué, si al presidente le gusta tanto la constitución del 91, en esa carta quedó plasmado el modelo económico: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos, ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”. ¿Es eso lo que se desea modificar? Cualquiera que sea su modalidad de reforma tiene que, obligatoriamente, pasar por el Congreso, bien mediante acto legislativo, bien por asamblea constituyente.

Ayer se abrió la puerta para salvar la implementación del acuerdo de paz en una reunión del presidente Petro con el expresidente Santos y para echarle tierra ―ojalá― a la parábola de la reforma al proceso de La Habana. Hacemos votos por la terminación del enfrentamiento entre la paz total y el acuerdo de paz.

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