La JEP imputa 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 exintegrantes de las FARC

Ensañamiento sistemático y deliberado. Eso fue lo que vivieron en 17 municipios del Cauca durante 23 años. Así se desprende del auto de determinación de hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que imputó 14 crímenes de guerra y lesa humanidad a 10 ex integrantes de la extinta guerrilla de las FARC. La primera decisión de carácter territorial del Caso 05 afecta a nueve hombres y una mujer de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, que hacían parte del antiguo Bloque Occidental, que operaba en Cauca y Valle del Cauca, en el occidente colombiano.

Entre los delitos hay asesinatos, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Además, por primera vez, la JEP les imputa reclutamiento forzado que, de acuerdo con la investigación, fue uno de los patrones que utilizaron en la región para “obtener o mantener el control territorial y social de la zona”. Abundan casos de menores ejecutados por ser considerados supuestos informantes, como el de una niña indígena de la comunidad Nasa, que tenía 14 años. El asesinato de la menor fue reconocido por los comparecientes durante la investigación.

El reclutamiento de niños y niñas se presentó de forma intensa desde la década de los años noventa, pero más adelante, tuvo un aumento significativo desde el año 2011. “Para el año 2010, las FARC-EP habían acentuado la práctica del reclutamiento o alistamiento de niños y niñas, los casos en su mayoría no fueron denunciados por el temor de las víctimas y sus familias a sufrir retaliaciones”, indica el auto, que se centra en afectaciones territoriales en esta región del país. Entre las estrategias de reclutamiento o alistamiento se incluían el “enamoramiento de las mujeres jóvenes” de las comunidades; o engaños y ofrecimientos económicos.

Los consejos comunitarios que se declararon víctimas en este caso, destacaron que buena parte de las afectaciones recayeron en las mujeres de las comunidades, “entre otras razones, debido a que el reclutamiento o alistamiento de niños y niñas llevaba a la pérdida de sus hijos, fuese por muerte o por desaparición, o por los largos tiempos en que estos ya no volvían a las comunidades”.

La amplia gama de crímenes cometidos por estas dos columnas de las ex FARC incluyen ataques a la población civil, instalación de minas antipersonales, asesinatos y desapariciones de líderes de comunidades étnicas y campesinas. Todos los hechos fueron planificados, organizados y dirigidos por los integrantes de las comandancias de las dos estructuras investigadas, argumenta la JEP.

Se trata de “crímenes que violaron gravemente las normas del Derecho Internacional Humanitario aplicables en conflictos armados” y que “no respetaron los principios de distinción”, explicó el magistrado Raúl Sánchez Sánchez, durante la presentación del auto. Que la JEP haya imputado a las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad significa “que no puede haber ningún tipo de perdón o amnistía, ni ningún tipo de pena que prescriba. Tienen que enfrentase sí o sí las consecuencias de estos actos”, agregó.

Los hechos investigados por la JEP abarcan hechos entre el primero de enero de 1993 y diciembre 2016, poco más de dos décadas. De acuerdo con la justicia transicional, después de la octava conferencia de las FARC, en 1993, se recrudeció la violencia en esa región. A partir de ese momento se identifican varios patrones de su actuación en la zona.

Uno de ellos fueron los ataques para expulsar a las autoridades locales, que dejaron cientos de muertos y afectaron a escuelas, sitios sagrados y la naturaleza. Con estos buscaban “obtener o consolidar el control territorial y social” y se caracterizaron por el lanzamiento indiscriminado de armas no convencionales llamadas ‘tatucos’ que perjudicaron a la población civil. Otro patrón fueron las muertes y la desaparición de indígenas para hacer control territorial. “Los comparecientes reconocieron la existencia de una política de la extinta guerrilla de asesinar a personas de la población civil de ser informantes, colaboradores o enemigos contrarios a esa organización” se lee en el Auto.

La persecución de los indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como el desplazamiento forzado de las comunidades y el reclutamiento de menores, fueron otra de las estrategias. “Muchos jóvenes de los pueblos étnicos fueron asesinados en consejos de guerra sin consideración a su edad y mucho menos a su origen”, se lee en el documento. “En conclusión el éxito del plan de comando Conjunto de Occidente exigía el sometimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos para los fines de la organización y eso desconoce su autodeterminación”.

Los imputados

Según Sánchez, los hallazgos de esta justicia, creada tras los acuerdos de paz, superan con creces los de la justicia ordinaria. “Llama la atención que los comparecientes que estuvieron privados de la libertad por delitos menores como la rebelión o el porte ilegal de armas han reconocido delitos más graves como la toma de municipios, reclutamiento de menores, minas antipersona, asesinatos, por los cuales no fueron investigados por la justicia ordinaria”. Para este caso, explicó el presidente de la JEP, Roberto Vidal, se hizo un trabajo interjurisdiccional con el tribunal de ética afrocolombiano y con la jurisdicción especial indígena, así como una contrastación judicial.

Los imputados como máximos responsables por planificar, ordenar, facilitar y cometer estos crímenes son: Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, quienes hicieron parte de la comandancia de la columna móvil Gabriel Galvis; así como Reinel Natalio García Mujica, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz, quienes formaron parte de la comandancia de la columna móvil Jacobo Arenas.

De García Mujica la JEP investiga si volvió a alzarse y delinquió una vez más después del primero de diciembre de 2016. De comprobarse, el excomandante de la columna Jacobo Arenas será excluido de la justicia transicional.

El Auto de la JEP ya ha generado críticas de grupos feministas. Varias organizaciones como Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Corporación Colectiva Justicia Mujer y Corporación 8 de Marzo, dicen que la decisión no incluyó la violencia sexual, violencia basada en género y otras violencias motivadas en la orientación sexual, identidad y expresión de género de las víctimas. “La JEP posterga una vez más la investigación con enfoque de género en la determinación de hechos y conductas dentro del caso 05″, indicaron. Durante la rueda de prensa, el magistrado Sánchez dijo que decidieron abordar estas temáticas en un “Auto especial que se emitirá próximamente”.

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