El exfiscal Néstor Humberto Martínez acusa al canciller Álvaro Leyva de haber buscado que las FARC conservaran sus bienes

El ex fiscal general Néstor Humberto Martínez ha acusado este miércoles al canciller, Álvaro Leyva, de haber promovido un esquema para que los miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conservaran sus bienes ilícitos tras el acuerdo de paz de 2016. “Su propuesta habría podido dar lugar al mayor lavado de activos en la historia de la humanidad, por lo cual la rechacé de plano”, afirma Martínez en una carta que ha difundido Caracol Radio. Leyva había exigido hace unos días que fueran a la cárcel los responsables de una supuesta maniobra para llevar al exlíder guerrillero Jesús Santrich a volver a delinquir tras el acuerdos y así perder los beneficios de la justicia transicional. Su pedido señalaba al exfiscal como uno de los implicados.

Martínez, por su parte, comenta en su carta que Leyva le entregó en 2016 un documento que planteaba que un representante de las FARC presidiera una sociedad fiduciara del Estado encargada de administrar los bienes de la guerrilla. El presunto proyecto establecía que solo el 30% de los recursos fueran utilizados para compensar y reparar a las víctimas del grupo y que el restante 70% se destinase a “proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados”. Martínez remarca que el fundamento que habría esgrimido Leyva era que en el “derecho de la guerra” los victimarios tienen derecho a un porcentaje del patrimonio acumulado. “Por las dimensión de estas necedades, es posible pensar que no fueron de su autoría. No obstante, tengo debidamente documentado este episodio”, dice el exfiscal en su misiva.

El detonante de las acusaciones fue un mensaje que el canciller publicó hace unos días en Twitter. En él, Leyva hacía referencia a una trampa que Martínez presuntamente le tendió a Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, para que volviera a delinquir tras los acuerdos de paz. “A la cárcel los delincuentes de cuello blanco enemigos de la paz que desde la anterior Fiscalía urdieron la trama”, remarcó el canciller. La semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que presentará denuncias sobre las actuaciones de la entidad acusatoria, sin dar nombres ni detalles. Leyva considera que no es suficiente: “Bien magistrados de la JEP pero faltaron los nombres. Pondré en conocimiento del Consejo de Seguridad [de las Naciones Unidas] el entrampamiento que denuncian”.

La Comisión de la Verdad acusó el año pasado al exfiscal de diseñar una operación, junto a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de que Santrich se involucrara en un negocio ilegal: exportar diez toneladas de cocaína al país norteamericano. Por ello, efectivamente, fue capturado en abril de 2018. Según el informe, la maniobra fue el “punto de quiebre” para que una facción de las FARC retomara las armas y se produjera una creciente inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de lo pactado.

Santrich fue liberado en mayo de 2019 y Martínez renunció a su cargo. El líder guerrillero pasó a la clandestinidad y en agosto apareció junto a otro líder de las FARC, Iván Márquez, en un video que denunciaba la traición a los acuerdos de paz. Ambos anunciaban, además, la creación de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC con las que actualmente negocia el Gobierno de Gustavo Petro. Santrich murió el 17 de mayo de 2021 en un enfrentamiento.

Martínez acusa a Leyva, antiguo asesor jurídico de las FARC, de haber tenido “una amistad entrañable” con el exlíder guerrillero. Por ello, le pide en la carta de este miércoles que no se involucre en el proceso: “Le solicito declararse impedido en relación con todos los asuntos que su Ministerio quiera emprender en relación con el caso Santrich y con la Fiscalía y el fiscal de entonces”.

La Cancillería ha preferido no pronunciarse sobre este tema, tras ser consultada por este periódico.

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