La justicia transicional ordena al Gobierno reconocer que los niños reclutados no son “máquinas de guerra”

Nunca más los niños deberán ser llamados “máquinas de guerra”. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano que nació de los acuerdos entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC en 2016, hizo público este jueves un auto en el que ordena al Gobierno de Gustavo Petro que, en un plazo máximo de 15 días, haga un pronunciamiento público que reconozca como víctimas del conflicto armado a los menores de 18 años reclutados para la guerra. Adicionalmente, la JEP ordena al Gobierno incorporar en su doctrina militar nuevas acciones para que se reconozca esa calidad de víctima en las filas de la fuerza pública, y se acaben los “discursos justificativos” del pasado. En este punto, la JEP señala en particular a unas declaraciones que, consideran los magistrados, hicieron mucho daño: las del Ministro de Defensa, Diego Molano, cuando un grupo de menores fue asesinado en un ataque contra las disidencias de las FARC en 2021.

Para entender la orden hay que devolverse hasta marzo de ese año, cuando era presidente Iván Duque. En ese entonces hubo un bombardeo, por parte del Ejército Nacional a un campamento de las disidencias de las FARC, lideradas para la época por Gentil Duarte. Sin embargo, poco después del ataque se conoció que entre los muertos estaban una docena de menores de edad. Los medios llamaron inmediatamente al ministro Molano, que justificó el ataque a pesar de que hubiera niños en el campamento. “Aquí lo que tenemos son máquinas de guerra”, respondió entonces en declaraciones a la radio. “Dejan de ser víctimas cuando cometen delitos. Desafortunadamente se convierten en criminales”, añadió ante otro medio. También afirmó que el entrenamiento en la guerrilla transforma a los menores en “jóvenes combatientes y peligrosos”.

La JEP explica que ministro Molano –que antes había sido director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar– fue en contra de lo que dice la legislación nacional, que ya ha reconocido en varias ocasiones que los niños y niñas que han sido reclutados por los grupos armados son víctimas de la guerra, no criminales. Un ejemplo es la ley de víctimas aprobada en 2011, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y otro es una sentencia de la Corte Constitucional, del 2005, que explícitamente dice: “es obligación del Estado promover el interés superior, la protección especial y los derechos fundamentales de estos menores, en su condición de víctimas particularmente vulnerables del conflicto armado”.

Sin embargo, el tribunal especial de paz reconoce que una cosa es la ley y otra cosa es cambiar los discursos que han justificado combates de guerra. “El lenguaje político y el lenguaje público son importantes para garantizar un medio simbólico libre de violencia”, dice el tribunal. “Los actores institucionales no pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje para referirse a los habitantes del territorio nacional. Deben cuidar de no estigmatizar a los opositores políticos y de no revictimizar con sus palabras a las víctimas de delitos muy graves, como es el del reclutamiento ilícito. Pero, además, las autoridades del Estado deben reconocer el efecto performativo del lenguaje. Se hacen cosas con las palabras”, añade el auto de la JEP.

Lo que hicieron las palabras, de acuerdo al tribunal, no fue solo estigmatizar y revictimizar a quienes fueron menores reclutados, sino también desincentivar a quienes participan en el macrocaso 07 que adelanta la JEP, el que examina cómo fue el reclutamiento forzado en el conflicto armado hasta el 2016. De acuerdo a la JEP, solo entre 1996 y 2016, más de 18 mil menores fueron reclutados por las FARC. En el auto de este jueves, la JEP menciona que más de 500 menores han sido reclutados entre septiembre del 2016 y agosto del 2022 por distintos grupos armados. Los niños siguen siendo víctimas de nuevas dinámicas de reclutamiento forzado, por lo que es importante que el Estado reconozca su calidad de víctimas en los combates, considera el tribunal.

La JEP reconoce que el nuevo ministro de Defensa designado por el presidente Petro, Iván Velázquez, ha tenido una actitud contraria a la de Diego Molano. En agosto del año pasado Velázquez dijo que ninguna acción militar debe poner en peligro a la población civil, o a los menores, para evitar repetir “actos muy dolorosos del pasado”. No los mencionó pero, además del caso Molano, Guillermo Botero, el primer ministro de Defensa del Gobierno Duque, renunció ante la inminente aprobación de una moción de censura después de que se supo que ocho menores de edad habían muerto en otro bombardeo contra disidentes de las FARC.

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