La JEP recomienda sancionar con ocho años al exsecretariado de las FARC por secuestros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha entregado una de las resoluciones más esperadas del país por uno de los delitos más crueles que cometió la extinta guerrilla de las FARC, el secuestro. La institución, que fue creada por los acuerdos de paz, recomendó que a los miembros del antiguo secretariado de las FARC les den la medida máxima de ocho años de “sanciones propias”, como se conoce a las medidas de restricción no carcelaria de libertad que da la justicia transicional.

Se trata de dos tipos de sanciones, según ha explicado el magistrado Roberto Vidal, presidente la JEP. “Un componente son las restricciones de derechos que no es encerrar a las personas en establecimientos carcelarios, pero que sí tiene restricción de derechos tales como una vigilancia permanente”. Ese mecanismo, según aseguró fue diseñado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y será la Misión de Verificación de la ONU, la que vigile que los exguerrilleros la cumplan. “También prevé la Ley que esas personas deben estar concentradas en los sitios donde cumplirán las sanciones y que tendrán limitaciones de posibilidad de movimiento que el Tribunal de Paz deberá precisar”, agregó. El segundo componente de las sanciones son las labores que contribuyan a la reparación de las víctimas.

Los involucrados en este caso por crímenes de guerra y lesa humanidad son los exjefes de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverry, ‘Timochenko’, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda. La JEP propone que a seis de ellos les den la máxima sanción que permite la norma, de ocho años, y de cinco años para Granda que no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía, y como tal no tenía responsabilidad de mando.

En junio pasado, durante una intenso cara a cara con las víctimas de secuestro, los exdirigentes de esa guerrilla admitieron el delito. Estuvieron allí civiles y también militares y policías que permanecieron en cautiverio por diez y hasta 13 años, así como familiares que aún buscan a sus secuestrados. “En mi calidad de último comandante vengo a asumir uno de los más abominables crímenes que cometió nuestra organización, yendo en contravía de los valores que inspiraron nuestra causa”, dijo en ese momento Rodrigo Londoño.

La investigación, de acuerdo con la JEP, logró esclarecer 21.000 de estos crímenes cometidos por las antiguas FARC. “Fue una investigación masiva con pocos precedentes de la labor judicial del país, en un tiempo muy corto. Y, en términos judiciales se trata de una investigación extraordinaria que tiene como punto de partida la justicia ordinaria y el trabajo de la Fiscalía, pero va más allá en el esclarecimiento de crímenes de los que no se había logrado conseguir verdad o información”, agregó Vidal.

La magistrada Julieta Lemaitre recordó este viernes que los siete exdirigentes de esa guerrilla admitieron de forma colectiva e individual ser coautores de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y homicidios, así como la responsabilidad de mando de cada uno, según su trayectoria, por los crímenes de guerra de torturas, tratos crueles y otros tratos inhumanos, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado realizados contra los secuestrados.

Deberán buscar a los desaparecidos

La JEP recomendó también que los exdirigentes de las FARC reparen a las víctimas haciendo desminado humanitario y limpiando zonas de restos de explosivos de guerra; buscando personas dadas por desaparecidas, que fueron peticiones de las víctimas. También, que hagan una restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. Esos proyectos surgieron de una mezcla de propuestas de los victimarios y evaluadas por las organizaciones que representan a las personas que sufrieron secuestro y también de 285 proyectos de reparación presentados por las víctimas.

Una de las más importantes será la búsqueda de los secuestrados asesinados en cautiverio, cuyos restos siguen desaparecidos. En junio, durante la audiencia, el sargento César Lasso, que estuvo secuestrado entre 1998 y 2012, increpó a los exdirigentes del secretariado: “¿Qué pasó con el cabo (Fernando) Peña y tantos que tienen sus hijos desaparecidos?”.

El secuestro en Colombia fue una política de las FARC que venía desde sus máximos comandantes y ocurrió de manera generalizada en casi todos los departamentos del país, según determinó la JEP, que halló tres patrones criminales. El primero fue con el objetivo de forzar un intercambio por guerrilleros presos o canje; para financiar su accionar y para hacer control territorial.

Con esta decisión, afirma Lemaitre le “pasan la posta” al Tribunal de Paz que podrá volver a escuchar a las víctimas para tomar una determinación. En paralelo, la Sala de Reconocimiento seguirá investigando por bloques, así como otros casos diferentes a secuestro en los que han participado exguerrilleros de las FARC. Para ello han escuchado a cerca de 500 excombatientes de diferentes rangos.

Para el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, si bien siempre quedan deudas con las víctimas y quedan muchas “respuestas pendientes”, la investigación tiene un peso muy importante porque llevó a las FARC a reconocer “desde sus mandos de nivel más bajo al más alto la comisión de graves crímenes, algo que parecía muy lejano cuando estaban en el desarrollo de los Acuerdos de paz”. La decisión final sobre las sanciones será tomada por el Tribunal de paz en los próximos seis meses.

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