La deuda de Colombia con las más de 100.000 familias que buscan a sus desaparecidos

Entre marzo y septiembre de 1982, 13 jóvenes fueron desaparecidos en Bogotá. La mayoría eran estudiantes de universidades públicas y todos ejercían algún tipo de liderazgo. Sus familias se unieron y conformaron el Colectivo 82, en uno de los primeros casos de desapariciones colectivas y el más emblemático en la historia de la desaparición forzada en Colombia. Después de ellos, miles más fueron desaparecidos. Durante el conflicto armado, contado hasta 2016, fueron más de 100.000. Este 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Teresa Sanjuán, una las voces que ha mantenido viva la búsqueda de los desaparecidos en el país, habla de la impunidad que ha amparado este delito, cometido también por el Estado.

Dos hermanos de Teresa ―Alfredo y Humberto― fueron desaparecidos el 8 de marzo de 1982. La investigación que emprendió su familia en solitario permitió apuntar como responsables a miembros del F2, una temida unidad policial de inteligencia, a la que se le relaciona con casos de desaparición forzada y “limpieza social”. A la extinta y violenta comisión se le señala de haber tenido vínculos con narcos y paramilitares. Teresa ayudó a denunciarlos. Ha dedicado la mitad de su vida a buscar a sus dos hermanos mientras lucha para que haya justicia. Con su hermana, Yolanda, fue parte de la creación de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la primera organización en el país en reclamar por las personas desaparecidas de manera forzada.

Con la consigna “hasta encontrarlos”, el colectivo, integrado sobre todo por mujeres, ha transitado un camino difícil, pero ha visto el fruto de su esfuerzo. El caso de los estudiantes fue declarado crimen de lesa humanidad en junio pasado, en parte gracias a su persistencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos , CIDH, estableció que el Estado colombiano es responsable del secuestro y la desaparición de los jóvenes. Pero las familias, dicen, siguen esperando la verdad. Después de 40 años denuncian que no han encontrado justicia. “Justicia es conocer la verdad. ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están?”, dice Teresa, que se quiebra cuando recuerda a sus hermanos. “No se lo deseo a nadie. Lloro mucho, hace poco pensaba en que le iba a proponerle a toda la familia que hiciéramos ya el duelo y no sentáramos a llorar”. Sus papás murieron esperando a sus hijos. Recuerda que su mamá se paraba en la ventana del tercer piso de su casa con la esperanza de ver a sus hermanos asomarse por alguna esquina. Murió sin volverlos a ver.

El colectivo, que está integrado por mamás, hermanas e hijas, reclama al Estado que esclarezca los hechos, que les digan dónde están los cuerpos. “Aunque sean solos sus dedos”, dice Teresa. Colombia, que suma más desaparecidos que los que dejaron todas las dictaduras del Cono Sur, no aceptó, bajo el gobierno de Iván Duque, la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas creado para recibir y examinar casos de desaparición individuales e interestatales. “Esperamos que con el nuevo Gobierno, al que vemos más humano, se piense más en nosotros, que podamos buscar la verdad de nuestros desaparecidos entre todos”, dice Teresa.

Sus hermanos fueron los artistas detrás de la icónica pintada del Che en la plaza principal de la Universidad Nacional. Ambos estudiaban allí. “Alfredito”, como lo nombra su hermana, era estudiante de Arquitectura de la Nacional y de Ingeniería de la Universidad Distrital. Humberto era estudiante de Antropología y era el menor, tenía 20 años cuando desapareció. “Yo me los imagino montados en el andamio pintando la imagen del Che. Me parece que les quedó hermosa”, dice. La pintura ha sido borrada y repintada decena de veces, pero sus autores originales son los hermanos Sanjuán, que eran líderes del movimiento estudiantil cuando los desaparecieron. “Nadie nunca nos ha dado una respuesta. Al principio íbamos a las brigadas, a medicina legal, que en esa época era un anfiteatro, a los hospitales. Es una tragedia que nunca termina. ‘Aparecen vivos o muertos, no se preocupen’, nos decían, pero llevamos 40 años y ni vivos ni muertos”.

Teresa y las otras familias del Colectivo 82 han acompañado a otras víctimas que vinieron después del caso de los estudiantes: campesinos, indígenas y líderes sociales. La mayoría de desaparecidos en Colombia son hombres y la mayoría de personas buscadoras son mujeres. Luz Marina Monzón, directora de Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, recuerda que las primeras desapariciones se atribuyen a los organismos de seguridad del Estado, que hacían objeto de sus labores de inteligencia a personas que consideraban simpatizantes de la guerrilla. Más adelante, apoyados en los paramilitares, las víctimas fueron los campesinos y líderes sociales. “Son personas que desaparecen para hacer un control social, para silenciar al que piensa distinto”, explica Monzón. La entidad que dirige tiene competencia para trabajar en la búsqueda de las personas del año 2016 hacia atrás. La firma de la paz con las FARC permitió la creación de esta unidad, que hace parte del Sistema Integral para la Paz, junto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los casos más antiguos, como los del Colectivo 82, son los más complejos de investigar. El tiempo es un factor fundamental para avanzar. “Buscar a uno de los del 82 es complejo porque han pasado 40 años de ocultamiento y no solo de su paradero, sino de la información que nos permita saber qué pasó con ellos, cuál fue el destino final de estas personas, quiénes intervinieron en ese tránsito, y eso significa buscar en archivos, lugares, muchos que ya no existen” , reconoce Monzón. “Somos el país con mayor número de desaparecidos, el lugar donde más prolongadamente se ha desaparecido gente sistemáticamente. Desde 1948 hasta hoy. Es brutal porque en lugar de aterrorizar se ha llevado a la normalización. La sociedad colombiana se quedó con que: “Sí, acá a la gente la desaparecen”, se acostumbró y por eso no hay una reacción masiva de rechazo.”, dice.

Monzón compara a Colombia con Argentina, Chile, Uruguay o México para decir que acá, a diferencia de esos países, no ha habido un consenso social para rechazar la desaparición forzada. “¿Por qué acá no? Porque acá siempre la han puesto en duda. Esperamos que por primera vez haya un gobierno que ubique a los desaparecidos en la agenda prioritaria. Que sus más altas autoridades, desde el presidente para abajo, se comprometan con la búsqueda de los desaparecidos y respalde la tarea de no repetición”.

Este martes, organizaciones de familias estarán en el Congreso firmando un pacto nacional con el que esperan que el país asuma su compromiso con las víctimas. Lo urgente, dice Monzón, es que Colombia reconozca la competencia de la convención internacional contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, el primer tratado que plantea una serie de obligaciones para los Estados, y que fue desconocido por Iván Duque.

“El delito de desaparición forzada es permanente y pluriofensivo: a la persona que desaparecen la desaparecen todos los días, mientras no se establezca que pasó con ella”, dice Monzón. Desde 2018, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ella dirige, ha entregado los restos de 155 desaparecidos a sus familiares, y ha encontrado a ocho personas vivas que han podido volver a sus casas. Todavía hay 90.088 personas desaparecidas en Colombia.

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