La JEP propone sancionar a los responsables de los falsos positivos con proyectos de reparación

Después de cuatro años de investigación de las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares en Norte de Santander, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha entregado la resolución de conclusiones del caso y siete propuestas para que los miembros del Ejército que asesinaron a civiles inocentes en esa zona tengan una sanción. Las llamadas sanciones propias del sistema de justicia transicional son medidas restaurativas y de reparación, así como restricciones de libertades. Este sería el primer caso en el que se impongan.

“Es una sesión histórica, porque es la primera resolución de conclusiones de un caso”, dijo el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes y quien habló directamente al presidente Gustavo Petro para que sea una realidad la restauración a las víctimas. “Debe apoyar las reparaciones masivas y administrativas. Esto en el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz. La paz total comienza con esta resolución de conclusiones”, dijo.

Los 11 imputados por falsos positivos en esta región son elegibles para que les impongan sanciones propias, dijo la magistrada Catalina Díaz. Este documento que se presentó hoy es el insumo para que el Tribunal de paz luego dicte la sentencia e imponga las sanciones. En este caso los condenados son los exmilitares, entre ellos un general, que reconocieron su responsabilidad y tuvieron una audiencia con las víctimas en las que ofrecieron perdón por haber asesinado a sus familiares y por presentarlos falsamente como si fueran delincuentes o guerrilleros muertos en combate. “Aportaron verdad completa, detallada y exclusiva”, dijo la magistrada Lily Rueda, quien explicó que las sanciones serán verificadas por las Naciones Unidas y que pueden extenderse hasta por 8 años.

En este caso cobija al general Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30; los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel retirado Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la Brigada Móvil 15; y el teniente coronel Juan Carlos Chaparro Chaparro, exjefe de operaciones y excomandante encargado del Batallón Francisco de Paula Santander. Del mismo grupo hacen parte los antiguos oficiales de inteligencia, Daladier Rivera Jácome y Rafael Antonio Urbano Muñoz; el sargento Sandro Mauricio Pérez Contreras, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de esas dos estructuras militares.

Coronado reconoció que supo de los hechos desde 2007 y a pesar de eso no los detuvo. “Acepto toda la responsabilidad imputada bajo la calificación de comisión por omisión. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”, dijo. Lo hizo en una etapa temprana del proceso, por lo que las sanciones propuestas no son las más duras que puede imponer la JEP, que reserva la cárcel para quienes no aceptan la responsabilidad y son vencidos en un juicio.

En el caso de Norte de Santander hubo dos modalidades de esos crímenes. En la primera asesinaron a campesinos de la región del Catatumbo; en la segunda reclutaron a jóvenes de otras zonas del país, como Soacha, los llevaron engañados a la zona y los asesinaron. Los aportes de los investigados también permitieron esclarecer que se crearon organizaciones criminales “que se enquistaron al interior de las respectivas unidades militares, y el esclarecimiento sobre los conceptos de “guerra jurídica” y “solidaridad de cuerpo”, que contribuyeron a encubrir los crímenes”, agregó la magistrada Díaz.

Las propuestas de sanciones

Las 7 propuestas de sanción a estos miembros del Ejército se hicieron con propuestas de las víctimas y algunas de los imputados y, de acuerdo con la JEP, fue en el diálogo con las víctimas donde surgieron las propuestas más reparadoras y restauradoras. Ninguna de ella establece limitaciones a su locomoción o residencia, y obedecen a una lógica más restaurativa y reparadora que castigadora, como la más usual en el derecho penal.

Trabajarán en construcción de un salón de la memoria de víctimas de falsos positivos. La primera es la construcción de un salón de exposición en el Museo nacional de la memoria de Colombia que estará dedicado exclusivamente a estos crímenes. De acuerdo con sus perfiles, los militares que cometieron los crímenes tendrán que trabajar como albañiles en la “conclusión de la obra negra, gris o blanca de la edificación que alojará el Museo”. Durante el ejercicio de diálogo, las víctimas pidieron que se hagan exhibiciones y eventos de “concientización sobre el valor los derechos humanos” y que en ese espacio también se expongan los trabajos artísticos que ellas han hecho. Los militares tendrán que participar en recorridos guiados de la exposición y en charlas donde “expliquen los patrones macro criminales, los móviles, los modus operandi, el perfil de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad, según previo acuerdo sobre los horarios y las condiciones de seguridad”.

También trabajarán en el parque memorial de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que quedará en Bogotá. La Sala de Reconocimiento propone que los militares se encarguen de la adecuación de los terrenos, construcción, adecuación física, mantenimiento y limpieza del parque memorial, así como en la construcción del monumento y, a través de sus conocimientos profesionales y perfil ocupacional, en el diseño y gestiones para la realización de este. La ubicación del parque será concertada directamente con las víctimas.

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Además, participarán en la elaboración placas de memoria en los parques o lugares donde detuvieron a las víctimas para posteriormente asesinarlas. Tendrán que estar ubicadas en los parques principales de Soacha, Aguachica y Ocaña, así como en el parque Centenario de Bucaramanga, donde se vio por última vez a las víctimas. Los militares tendrán que gestionar la realización de las placas, cuyo texto será aprobado por la víctimas, construirlas, instalarlas y hacerles mantenimiento y limpieza.

También estarán en la construcción de dos espacios físicos para las víctimas de hechos relacionados con falsos positivos. “Se trata de un espacio físico en Ocaña y otro en Bogotá en donde las víctimas puedan congregarse y fortalecer sus procesos organizativos”, dijo la magistrada Díaz. Este sería un espacio para todas las víctimas de los falsos positivos y no solo para las de Catatumbo.

Deberán participar en proyectos de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre para jóvenes en contextos de vulnerabilidad social y económica. Esta idea surgió “a partir de una propuesta original de varios comparecientes y atendiendo a las consideraciones de las víctimas sobre cómo la vulnerabilidad económica y social de los jóvenes contribuyó a que fueran engañados con propuestas de trabajo por reclutadores, para ser luego asesinados por el Ejército y pasados como positivos operacionales”. La sala propone que los militares construyan la infraestructura y se encarguen del mantenimiento de polideportivos.

Otra de las propuestas es la realización del documental “Las verdades del Catatumbo”, un proyecto propuesto por varios de los militares. Ellos tendrían que conseguir los recursos para hacerlo y aportar los relatos de los hechos y el reconocimiento de su responsabilidad. El documental tendría que incluir las modificaciones que pidan las víctimas que participarán en todo el proceso.

Finalmente, los militares tendrán que hacer unas cátedras para fortalecer la no repetición. Esa fue una propuesta presentada por cinco coroneles, analizada por las víctimas y aprobada por la JEP. En ella, con la participación de las víctimas, los militares tendrán que dar charlas en las escuelas de formación de soldados, suboficiales y oficiales, y en los cursos de ascenso militar, con el propósito de que los alumnos conozcan de primera mano los hechos esclarecidos en el caso y cómo fueron posibles.

“Además, la Sala incluyó como una medida de reparación especial propuesta por los comparecientes, la contribución económica que ofrecieron voluntariamente varios de ellos a las víctimas, después de escucharlas en el proceso restaurativo sobre las deudas que muchas de ellas aún tienen con cementerios privados donde reposan los restos de sus hijos”, señaló la magistrada.

Tras cuatro años, en este subcaso la competencia pasa al Tribunal para la Paz, que tendrá que hacer una evaluación de esas propuestas de sanciones y dictar la que podría ser la primera sentencia de esta justicia transicional.

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