Un general retirado y otros 17 exmilitares reconocen haber asesinado civiles en Colombia

Un general retirado y otros 17 exmilitares admitieron su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidos como falsos positivos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad por su participación en el asesinato de 296 personas en los departamentos de Casanare, en el oriente de Colombia, así como en los vecinos Boyacá, Meta y Arauca, región fronteriza con Venezuela.

En julio pasado, el sistema de justicia transicional, encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, había imputado a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles por haber participado en el asesinato de personas que hacían pasar como guerrilleros o delincuentes muertos en combates. Los imputados tenían hasta el 8 de noviembre para admitir o rechazar su responsabilidad.

Uno de los altos oficiales que aceptó su participación en los crímenes es el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, que fue el comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007. Torres reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz su máxima responsabilidad en los casos de falsos positivos como “autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas”. Lo mismo aceptaron el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, quien fue comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula de Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007. También lo reconocieron otros suboficiales.

La Sala de Reconocimiento de la JEP comprobó que estos militares trabajaban como una organización criminal que planeaba, ejecutaba y encubría el asesinato de personas inocentes para presentarlas como “bajas en combate”, lo que les valía reconocimientos, premios e incluso contaba para los ascensos en el escalafón militar. “Entre los crímenes documentados hay víctimas asesinadas en situación de total indefensión”, dijo en julio el magistrado de la JEP, Óscar Parra.

En este caso se evidenció que los responsables no solo cometían los asesinatos y les ponían armas y falsos uniformes, sino que tenían un “kit de legalización” para que las muertes quedaran contabilizadas como resultados en combates. También, que entre las víctimas hubo nueve mujeres, una de ellas en embarazo, dos que eran trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. Se trata de un caso emblemático en el que, por primera vez, la JEP imputó un crimen de lesa humanidad por razones de género y el crimen de guerra de utilización de niños porque los militares usaron a menores de edad como reclutadores o como señuelo para engañar a las víctimas.

La JEP ha dimensionado la magnitud de los “falsos positivos” y ha aportado una cifra escalofriante: militares y agentes del Estado asesinaron a al menos 6.402 personas para presentarlos como bajas en combate entre 2002 y 2008. La admisión de responsabilidad de estos altos oficiales supone una ratificación de los hechos que han negado sistemáticamente algunos sectores de la derecha.

Estos crímenes, que en su mayoría ocurrieron entre 2002 y 2008, también aparecen documentados en el Informe final de la Comisión de la Verdad que el expresidente Álvaro Uribe ha criticado. Según las cartillas alternativas sobre la memoria que difunde el uribismo, los falsos positivos no fueron una política de Estado. “En las Fuerzas Armadas circula la versión privada, que no sostienen en público, según la cual muchos falsos positivos se dieron sobre personas que estaban en grupos ilegales”, escribe al poner en duda la inocencia de las personas asesinadas.

Ante la JEP se han sometido 3.482 miembros de la fuerza pública, entre ellos soldados y generales, incluido el exjefe del Ejército, Mario Montoya. Comparecen ante esta justicia que les otorga beneficios jurídicos como libertad condicionada si dan información que contribuya a esclarecer los delitos.

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