La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a militares por 303 ejecuciones extrajudiciales

Como una organización criminal que planeaba, ejecutaba y encubría el asesinato de personas inocentes para presentarlas como “bajas en combate” por agentes del Estado. Así funcionaba la alianza entre miembros de la brigada XVI del Ejército, del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y terceros civiles que participó en el asesinato de 303 personas víctimas de los llamados “falsos positivos” en Casanare, en el oriente de Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, el exdirector seccional del extinto DAS en ese departamento y dos civiles presuntamente implicados en delitos de esta naturaleza cometidos entre 2005 y 2008.

Las víctimas, entre ellas, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad eran equipadas con armas, municiones y falsas prendas para hacerlas pasar como supuestos guerrilleros o delincuentes muertos en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Los involucrados le daban el nombre de “kit de legalización”. “Entre los crímenes documentados hay víctimas asesinadas en situación de total indefensión.

Los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes. También se seleccionaban perfiles específicos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en búsqueda de oportunidades”, explicó la JEP.“Bajo estas circunstancias, no medió resistencia de las víctimas que eran llevadas al lugar de su ejecución. La Sala también encontró prácticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos”, agregó el magistrado Óscar Parra.

La mayoría de asesinados fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, también aparecen nueve mujeres, una de ellas en embarazo, dos que eran trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. “No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea. Hubo formas específicas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los crímenes”, precisó Parra, relator del caso. Por primera vez, la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género, así como el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes por involucrar a menores de 18 años como reclutadores o encargados de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.

Así operaba la alianza en Casanare

“En la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare”, indica la Jurisdicción Especial para la Paz. Los falsos resultados se incrementaron bajo la comandancia del mayor general en retiro Henry William Torres, uno de los imputados.

Dicha organización funcionaba en forma de red con suborganizaciones y un sistema de roles basado en la especialidad de los militares. “Para lograrlo, se valieron de la estructura, funciones, recursos y dependencias de la unidad militar y, en el caso de Casanare, también del extinto DAS que usó como instrumentos a los grupos especiales”, señala el comunicado de la JEP. “Los miembros del extinto DAS participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos. En varios casos incluso asesinaron a las víctimas”, agrega el documento. Supuestos extorsionistas, por ejemplo, fueron presentados como bajas en combates. El DAS, un organismo estatal que estuvo encargado de la Inteligencia y Contrainteligencia en Colombia, fue suprimido en 2011.

El encubrimiento de los asesinatos contemplaba una serie de estrategias identificadas por el tribunal: los documentos operacionales eran elaborados posterior a los hechos e incluían información que les daba un manto de legalidad, las víctimas eran reportadas como no identificadas para obstaculizar la judicialización, los cadáveres eran trasladados por los militares sin presencia de la policía judicial, y las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Era el llamado “kit de legalización”.

Según la JEP, hubo dos políticas que llevaron a la configuración de este patrón criminal. Una de ellas fue “la voluntad de aniquilar a la población estigmatizada o a personas desmovilizadas y en proceso de reinserción por supuesta vinculación a grupos insurgentes o a la criminalidad”. La segunda consistió en un sistema de presiones e incentivos. “Entre otros, los efectivos de la Brigada XVI recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior o el traslado al Batallón Colombia N°3 en el Sinaí y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso”. También se presentaron amenazas a quienes se negaban a participar en estos delitos.

Además, se pudo detectar que más de 140 millones de pesos (unos 32.000 dólares), provenientes de recursos públicos, sirvieron para financiar las acciones criminales. Estos recursos, originalmente orientados a la lucha antiextorsión y antisecuestro del Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal), “fueron destinados para financiar a los reclutadores, darles dinero para su desplazamiento y comprar armas para implantar a las víctimas”.

El asesinato de las 303 personas ocurrió en 218 eventos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), en el oriente del país. Estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época de los hechos, a finales de la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez y la mitad de su segundo mandato.

“A causa de la desaparición y muerte de sus seres queridos, las víctimas se enfrentaron a daños morales, psicológicos y físicos. Sufrieron de depresión, ansiedad, alucinaciones con sus familiares e incluso intenciones suicidas”, dijo la magistrada Belkis Izquierdo. Los crímenes también ocasionaron la ruptura de núcleos familiares y el desplazamiento de todos o de algunos de sus integrantes. La estigmatización, revictimización y amenazas son otras de las consecuencias invisibles de los “falsos positivos”.

Lo que viene

Además del mayor general retirado Henry William Torres Escalante, también fueron imputados dos coroneles (Wilson Camargo Tamayo, y Cipriano Peña Chivatá), tres tenientes coronel (Germán Alberto León Durán, Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez), y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales, el exdirector seccional del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar, y dos terceros civiles reclutadores. De los investigados, el capitán Miguel Andrés Sierra García y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz continúan activos.

Esta es la tercera imputación de los territorios priorizados dentro de la investigación que adelanta la JEP por los falsos positivos. Con este proceso se busca el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado que habrían presentado a más de 6.400 colombianos como supuestos guerrilleros dados de baja en combate.

Luego de ser notificados, los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazar la imputación. Una vez vencido el plazo, la Jurisdicción Especial para la Paz decidirá si fija fecha para realizar una audiencia pública de reconocimiento de estos crímenes, como ya ha sucedido con los casos de Norte de Santander y la costa Caribe. Si los comparecientes niegan su participación en los delitos, la Unidad de Investigación de la JEP asumirá el juicio. Podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.

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