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El empleo temporal sigue desplomándose: cae por primera vez por debajo del 12%

Desde que se aprobó la reforma laboral se ha rebajado en más de la mitad, lo que ha beneficiado principalmente a las mujeres

Un empleado de la construcción en Valencia, en junio de 2024.
Un empleado de la construcción en Valencia, en junio de 2024.Ana Escobar (EFE)
Gorka R. Pérez

La lucha contra la temporalidad abusiva ha capitalizado las distintas remodelaciones que ha afrontado el mercado de trabajo en los últimos años. La reforma laboral de 2021 se enfocó, principalmente, en terminar con la elevada rotación que se producía de manera continua en determinados momentos del año, para lo que acotó significativamente los supuestos en los que los temporales tenían cabida. Tres años después, especialmente desde que se desplegó la nueva tipología de contratos en abril de 2022, el número de trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada se ha ido rebajando, hasta situarse en febrero por primera vez por debajo del 12%. Casi toda la temporalidad se debe al sector público, en el que, según el INE (la Seguridad Social no desagrega este dato), el 28% de los asalariados son temporales, más del doble que en las empresas privadas.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Seguridad Social, esta proporción se ha reducido en algo más de la mitad respecto de la que se registró en el mismo mes de 2022 (26,3%). “Estamos terminando con el fenómeno pernicioso de la rotación”, ha celebrado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. “Es la transformación de mayor envergadura que ha atravesado nuestro mercado de trabajo en los últimos años. Gracias a la reforma laboral se está creando más empleo que nunca y es un empleo estable“, ha añadido Pérez Rey, durante la presentación de los datos de paro registrado del mes de febrero, en el que se crearon 100.000 nuevos puestos de trabajo y el paro se rebajó en 6.000 personas.

El recorte en la tasa de temporalidad ha capitalizado también la intervención del secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez. "No por repetirlo mes tras mes, uno se cansa de maravillarse de este cambio, que supone la corrección de un problema estructural de nuestro mercado de trabajo", ha indicado Suárez. Los datos de su departamento demuestran que en febrero, el total de afiliados a la Seguridad Social con un contrato temporal fue del 11,9%, por primera vez por debajo de la barrera del 12%, a gran distancia del promedio recogido entre los años 2017 y 2021 ―antes de que se aprobase en nuevo marco normativo laboral―, cuando se situaba en niveles superiores al 30%.

El número dos del ministerio también ha indicado que dentro de esta media, son las mujeres las que representan una proporción mayor, con un 14% de contratos temporales, por algo menos del 10% en el caso de los hombres. Sin embargo, Suárez ha destacado que en el caso de las trabajadoras, su representatividad dentro de este colectivo hace tres años era del 30%. “La contratación temporal ha caído más entre las mujeres, lo que tiene otro plano muy positivo que es el crecimiento de afiliadas con relaciones laborales indefinidas se ha situado en el 4,4%, siendo superior en un punto al de los hombres”, ha señalado.

La tendencia también demuestra que las afiliadas con contratos temporales ―las mujeres, los inmigrantes y los más jóvenes han copado históricamente este tipo de contratos― se han reducido un 4,2% en el último año, mientras que las mujeres con contrato indefinido se han incrementado prácticamente en la misma proporción.

A toda esta estabilización ha contribuido que, con la nueva normativa, cuatro de cada diez contratos que se firman cada mes son de carácter indefinido. El pasado mes de febrero no fue una excepción: de los 1.098.491, 481.683, el 43,85%, fueron de esta consideración.

Estabilización

Una de las vías para rebajar la contratación temporal dirigida a canalizar aquellos empleos tradicionalmente ligados a momentos puntuales del año, han sido los fijos discontinuos. Una figura laboral controvertida, puesto que pese a que la reforma laboral los dotó de una coraza laboral superior a lo que poseían anteriormente ―obligando a sus empleadores a llamarlos en fechas posteriores a su momento de actividad, o ampliando la indemnización a percibir en caso de cese, entre otras modificaciones―, sigue representando un modelo de relación laboral no continuada durante el año, pese a que en las estadísticas oficiales se engloban en la categoría de indefinidos.

Estos contratos crecieron significativamente a partir de 2022, pero se han ido estabilizando desde entonces. “El colectivo de fijos discontinuos en febrero de este año ha sido de 805.000, frente a los 819.000 de hace un año, o los 821.00 de 2023. Lo que representa una pérdida de peso respecto del total y una estabilización”, ha matizado Suárez, que ha enfatizado las consecuencias de este fenómeno. “No solo cambia la fotografía ahora, sino que lo hace para siempre, porque esto va a suponer la consolidación de un tipo de empleo distinto, y que tiene más capacidad de hacer frente a los reveses económicos que se producen cíclicamente”, ha defendido.

“En España, antes de la reforma laboral no había espacio para contratación fija, o la fija discontinua, y, por tanto, las contrataciones que se llevaban a cabo se daban en un marco de precariedad que hoy no existe”, se ha sumado Pérez Rey.

En su exposición, el secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado que hace un año, el volumen total de afiliados con un contrato indefinido a tiempo completo no llegaba a los 9,5 millones, y que hoy, esa cifra se sitúa en los 9.830.000, lo que da como resultado 335.000 trabajadores más con estas condiciones. “Algo que evidencia que el empleo que se está creando ―en los dos últimos años ha sido de millón de puestos en cada ejercicio― es de calidad, y en actividades de alto valor añadido”.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez
Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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