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Rodrigo Londoño pide tratamiento político para Iván Márquez y las disidencias de las FARC

El último comandante de la guerrilla considera que debe ser la historia la que juzgue sus desavenencias con la paz

Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, último jefe de las FARC, camina fuera de la Casa de Nariño en una de las marchas a favor de las reformas de Gustavo Petro, el 14 de febrero.
Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, último jefe de las FARC, camina fuera de la Casa de Nariño en una de las marchas a favor de las reformas de Gustavo Petro, el 14 de febrero.Fernando Vergara (AP)
Juan Diego Quesada

Una de las grandes dudas de la política de la paz total radica en si los grupos de guerrilleros que desertaron o nunca se acogieron al anterior proceso de paz con las FARC, en 2016, deben ser considerados organizaciones criminales cuya única salida es someterse a la ley o merecen ahora un tratamiento político, como el que recibe el ELN. En el interior de Gobierno todavía se discute cuál es la mejor vía. En defensa de las disidencias ha salido este jueves Rodrigo Londoño, el último jefe de las FARC, a quien estos grupos incluso intentaron asesinar.

Londoño cree que el momento por el que pasa Colombia merece grandeza y generosidad. “El retorno de (Iván )Márquez y otros a las armas no debe ser óbice para dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones armadas compuestas por exintegrantes de las extintas FARC-EP. Que sea la historia quien les juzgue por sus desavenencias con la paz, pues la ciudadanía colombiana ha mandatado a este Gobierno allanar los caminos para clausurar definitivamente la violencia”, escribe Londoño en una carta que ha hecho pública.

La carta se centra en Márquez, que ingresó a las FARC en 1982 de la mano de Londoño. En su momento, los dos se acogieron al proceso de paz y estuvieron en La Habana negociando con el Gobierno de Santos. Márquez, después de firmado el acuerdo y cuando se empezaba a implementar, perseguido por un fiscal que quería imputarle por narcotráfico, se sintió engañado y regresó a empuñar las armas en la clandestinidad. “Márquez es un hombre de convicciones políticas, que motivado por distintas circunstancias abandonó el proceso de paz. Su desafortunada e irracional decisión no solo fue un golpe a la implementación del acuerdo, sino que fue la llama que prendió la violencia que comenzaba a mermarse. Eso contribuyó a la continuación de los padecimientos generados por la guerra y que solo afecta a las gentes más humildes del país”, dice Londoño al respecto.

Desde que continuaron con su guerra en la clandestinidad, esos grupos disidentes han sido considerados organizaciones criminales por la opinión pública. Se han dedicado al tráfico de drogas y a la extorsión en los territorios que controlan. Sus motivaciones políticas, piensan muchos, han quedado atrás, enterradas. Se dividen en grupos locales articulados alrededor de la Segunda Marquetalia, la liderada por Márquez, y el Estado Mayor, cuya cabeza es Iván Mordisco. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le decía hace unos días a este periódico que estaba por definir si las dos grandes disidencias entrarían como grupos subversivos o no, o si solo sería para uno de los dos. “Eso está pendiente”, añadió el ministro.

Después de anunciar en fin de año que había alcanzado un cese al fuego bilateral por seis meses con cinco organizaciones distintas, el presidente Gustavo Petro firmó el mismo número de decretos para fijar las condiciones de cada una de esas treguas. Aunque los decretos tienen similitudes, lo que más ha llamado la atención son sus diferencias. Mientras que para el ELN y el Estado Mayor Central habla de “proceso de paz”, para la Segunda Marquetalia, se refiere a “facilitar la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”. Es decir que, en principio, no se le concede ningún carácter político.

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Y es justamente sobre eso a lo que se refiere en su carta Londoño, que en sus años en la guerrilla se le conocía como Timochenko. Quiere que Márquez, a diferencia de lo que todo apunta, entre en un proceso de paz y se les reconozca un carácter político a sus combatientes. Esa fórmula tiene mayores ventajas que la del sometimiento, que prevé cárcel de entre cinco y ocho años para los que se entreguen voluntariamente y el quedarse entre el 3 y el 6% de los bienes que alguien haya acumulado en la clandestinidad.

Márquez, de acuerdo a quienes conocen su situación, se encuentra recuperándose de unas graves heridas, desde que en julio del año pasado sufriera un ataque en territorio venezolano. Se cuenta que sus atacantes le colocaron explosivos en uno de los cigarrillos habanos que suele fumar y la detonación le arrancó tres dedos de una mano y una parte del rostro. Su antiguo amigo Londoño, pese a que cree que tomó decisiones muy desafortundas en la vida, desea que la sociedad colombiana le de a Márquez una segunda oportunidad para reinsertarse.

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Sobre la firma

Juan Diego Quesada
Es el corresponsal de Colombia, Venezuela y la región andina. Fue miembro fundador de EL PAÍS América en 2013, en la sede de México. Después pasó por la sección de Internacional, donde fue enviado especial a Irak, Filipinas y los Balcanes. Más tarde escribió reportajes en Madrid, ciudad desde la que cubrió la pandemia de covid-19.

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