El tribunal de paz en Colombia denuncia penalmente a funcionarios del exfiscal Néstor Humberto Martínez

Un tribunal para las víctimas de la guerra, que se creó con el acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, hoy se declara víctima también. Pero no de las armas sino de varios funcionarios de la Fiscalía que, entre 2018 y 2019, le habrían ocultado información al tribunal para tomar una importante decisión judicial sobre el destino del exguerrillero conocido como Jesús Santrich. El magistrado Roberto Carlos Vidal anunció hoy, en rueda de prensa, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso denuncia penal contra funcionarios de la Fiscalía por los delitos de fraude a resolución judicial y ocultamiento de elemento material probatorio. “La JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos”, dijo Vidal, presidente de la JEP.

La denuncia es un nuevo capítulo en un drama político que arrancó en 2018 y que involucra al poderoso abogado Néstor Humberto Martínez. En 2018 el entonces fiscal general, un escéptico del acuerdo con las FARC, lideró la captura a Jesús Santrich diciendo que este último quería exportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos—lo que implicaba que había roto su compromiso no repetición después de firmar el acuerdo de paz. La DEA pedía en extradición a Santrich pero antes la JEP debía retirarle la garantía de no extradición que estaba definida en el acerudo.

El tribunal de paz le pidió a la Fiscalía revisar las pruebas contra Santrich para tomar una decisión informada. La Fiscalía de entonces, argumenta la denuncia de hoy, ocultó la información que la JEP necesitaba, o la envió incompleta. Sin las pruebas contundentes, el tribunal pidió la liberación de Santrich —y este, denunciando un entrampamiento de la DEA con la Fiscalía en su contra, abandonó el acuerdo y se unió a la creación de las disidencias de las FARC llamadas la Segunda Marquetalia. Murió en 2021.

“La Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la Jurisdicción toda la información —que fue requerida en varias oportunidades—, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte”, dice hoy un comunicado del tribunal de paz. “Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”, añade.

En la denuncia penal se repiten varias acusaciones que la JEP ha hecho, informalmente, en el pasado: que la Fiscalía se abstenía de enviarles la información solicitada, o que la enviaba incompleta, mientras que a los medios de comunicación el fiscal Martínez les decía que tenía muchas más pruebas que las que compartía. “La respuesta recurrente de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación fue la negación”, dice la denuncia.

La demanda penal se va, en nombre propio, contra la entonces directora de de asuntos internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera, que trabajaba para Martínez y era la persona encargada de enviar información a la JEP. Pero la demanda aclara que “es muy probable que su actuar haya sido inducido, co-realizado o auxiliado conscientemente por otras personas a quienes también debe extenderse la investigación”. Exige que la Fiscalía actual investigue a todos los funcionarios que ocultaron información a la JEP.

El magistrado Vidal, sin embargo, fue cuidadoso en la rueda de prensa al aclarar que acá denunciaban la actitud de la Fiscalía hacia la JEP, y no hacían un juicio sobre si hubo o no un entrampamiento de la Fiscalía y la DEA contra Jesús Santrich, una posición que tanto el presidente Petro como varios de sus aliados han defendido. Cuando una periodista le preguntó a Vidal si la JEP hubiera tomado la misma decisión de liberar a Santrich en 2019 si hubiera tenido todas las pruebas que tenía la Fiscalía, el magistrado respondió que “no podría afirmar cuál habría sido el rumbo de la decisión”, pero que sí podía afirmar que con restricción de información se tomó una decisión con información parcial.

El caso penal contra funcionarios de la Fiscalía en la época de Néstor Humberto Martínez puede demorarse varios años, pero es importante políticamente para quienes consideran que la Fiscalía trabajaba contra los firmantes del acuerdo de paz y contra las instituciones que ese acuerdo creó, como la JEP. La Comisión de la Verdad, el año pasado, acusó al exfiscal Martínez de diseñar en esa época una operación, junto a la DEA, con el objetivo de que Santrich se involucrara en un negocio ilegal de drogas. Según el informe, esa maniobra de la Fiscalía fue el “punto de quiebre” para que una facción de las FARC retomara las armas y se produjera una creciente inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de lo pactado.

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