La JEP asciende en la cadena de mando y va por los máximos responsables del Ejército en el caso de los ‘falsos positivos’

Después de cinco años de investigación sobre los llamados falsos positivos, muertes de civiles presentadas falsamente como bajas en combate, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se concentrará en ascender en la cadena de mando militar. Esta nueva fase se dirigirá a determinar las máximas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, algo que las víctimas exigen y han resumido en la famosa frase “¿Quién dio la orden?”.

El magistrado de la JEP, Óscar Parra ha explicado que con esa metodología, “no se atribuirá responsabilidades a altos mandos militares, basándose única y exclusivamente en su jerarquía o posición de mando”, sino que determinarán si esos altos mandos “tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes”, o “si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macro criminalidad y si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo”.

La nueva fase trae, además, la posibilidad de que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos sean llamados como testigos en la investigación de los falsos positivos. “La JEP llamará como testigos a aquellos agentes no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno nacional y que hubieran podido tener acceso a información sobre la comisión de los crímenes y sobre las medidas institucionales tomadas para prevenirlos”, agregó Parra. Para la época en la que se presentaron la mayoría de las ejecuciones de civiles, Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa y Álvaro Uribe, el presidente.

La investigación nacional de los falsos positivos, sin embargo, se circunscribirá solamente a los años 2005 y 2008. Esto ha generado críticas de representantes de víctimas. Entre esos años, explica la JEP, se presentó el pico más alto de crímenes registrados; se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización y, con posterioridad al 2005, se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados.

Uno de los militares de mayor rango investigados es el general Mario Montoya que fue comandante de la Séptima División entre 2004 y 2005 y en 2006 llegó a ser comandante del Ejército Nacional. Su nombre ha sido mencionado en 24 versiones rendidas por comparecientes que están vinculados al caso 03. Uno de ellas se conoció públicamente en Dabeiba (Antioquia). “No éramos casos aislados. Esta práctica se vuelve sistemática con la llegada del general (Mario) Montoya a la Séptima División. Este general efectuaba programas radiales donde nos decía: Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotancados de sangre”, relató el sargento Fidel Ochoa.

Montoya ya estaba siendo investigado como comandante de la Cuarta Brigada (entre 2000 y 2003) en el subcaso de Antioquia y será llamado nuevamente en la fase de investigación nacional. “Esta región acumula una cuarta parte de los falsos positivos de todo el país. Entre 2002 y 2008 en Antioquia son más de 1.500 hechos”, agregó la magistrada Catalina Díaz.

Hasta el momento el número de víctimas se cifra en 6.402 civiles asesinados. El país ha observado audiencias de reconocimiento en las que comandantes de batallones y unidades, así como suboficiales han admitido que asesinaron a civiles que estigmatizaron como guerrilleros, a habitantes de calle y personas desempleadas que reclutaban con falsas promesas de trabajo y que lo hacían a cambio de viajes y descansos.

En total, la JEP ha imputado a 59 máximos responsables y tres partícipes no determinantes. El 90 por ciento de estos han reconocido haber cometido o participado en la comisión de esos crímenes. Desde la creación de la Jurisdicción, tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, hasta el momento, 3.582 militares se han sometido a la JEP. A cambio de entregar información y verdad, estos militares pueden someterse a sanciones que no necesariamente los envían a prisión.

La prioridad en la investigación sobre los falsos positivos ha estado concentrada en las regiones de Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Meta, Huila y el cementerio de Las Mercedes en Dabeiba. Por eso, la decisión de la JEP de no abrir nuevos subcasos territoriales, anunciada este lunes, ha sido criticada por algunos abogados de las víctimas como una ventana a la impunidad.

“Esta es una decisión preocupante porque desde el 2018 que se sometió Montoya Uribe siempre nos dijeron que se iban a abrir más investigaciones territoriales. Ahora nos dicen que no. Entonces uno se pregunta qué pasará con Cauca, Eje Cafetero, Chocó”, dijo el abogado Germán Romero a La W Radio. El representante de víctimas dijo que el reconocimiento de los casos priorizados no llega ni al 25 por ciento del universo de los casos. “Lo que nos dicen de investigar a los máximos responsables que suena muy bien pero nos deja por debajo una serie de impunidades y el cierre final de un montón de casos de ejecuciones que fueron detenidos en la justicia ordinaria y que en la JEP ahora tampoco van a tener trascendencia”.

Parra explicó que la decisión se adopta después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes y que en las regiones no priorizadas usarán casos ilustrativos. El argumento de la jurisdicción es que trabajan contra el tiempo: el acuerdo de paz y la Constitución política les dio un mandato de 10 años y ya llevan la mitad.

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